El presidente acordó con los líderes de ambas cámaras acelerar cinco proyectos sobre jornada laboral, seguridad pública, importaciones, minerales críticos y centros de datos. Las votaciones podrían darle importantes triunfos políticos en plena campaña por la reelección.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, alcanzó un acuerdo con los principales líderes del Congreso para acelerar la discusión de cinco proyectos considerados prioritarios por su Gobierno antes de las elecciones presidenciales de octubre.

El pacto fue cerrado durante un almuerzo celebrado a puerta cerrada en el Palacio de la Alvorada, residencia oficial del mandatario en Brasilia, con la participación del presidente del Senado, Davi Alcolumbre, y del presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta.

Los tres acordaron concentrar las votaciones entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre, aprovechando la última semana en la que buena parte de los legisladores regresará a Brasilia antes de dedicarse completamente a la campaña electoral.

La agenda incluye el fin de la jornada laboral conocida como “6×1”, una reforma de la seguridad pública, la eliminación del impuesto sobre compras internacionales de bajo valor, una política nacional para minerales críticos y un régimen fiscal destinado a atraer centros de datos.

El acuerdo no garantiza que todas las iniciativas sean aprobadas. Su principal efecto es asegurar que los proyectos ingresen en la agenda parlamentaria, reciban relatores y sean sometidos a discusión durante una ventana legislativa muy reducida.

Una tregua entre Lula y los líderes del Congreso

La reunión representa una importante distensión después de meses de dificultades entre el Ejecutivo y el Congreso.

El Gobierno de Lula no posee una mayoría propia y depende de negociaciones con partidos de centro que controlan buena parte de la Cámara de Diputados y del Senado.

Davi Alcolumbre pertenece a Unión Brasil, mientras Hugo Motta forma parte de Republicanos. Ninguno integra el Partido de los Trabajadores, pero ambos poseen la capacidad institucional de determinar qué proyectos avanzan y cuáles permanecen bloqueados.

Lula reconoció que la campaña está a punto de reducir al mínimo la actividad parlamentaria y explicó que convocó a los dos dirigentes para establecer qué asuntos debían ser votados antes de las elecciones.

“Votar estas cosas es una prioridad para Brasil y para el pueblo”, afirmó el mandatario después del encuentro.

Alcolumbre describió la conversación como un diálogo institucional sobre asuntos de interés nacional y prometió acelerar la designación de los responsables de estudiar las principales reformas.

El fin de la jornada laboral “6×1”

Una de las propuestas con mayor impacto político es la reforma para terminar con la llamada escala “6×1”, que permite trabajar durante seis días consecutivos a cambio de uno de descanso.

La iniciativa propone establecer una semana laboral de cinco días y reducir la duración máxima a 40 horas semanales, sin disminuir los salarios.

La propuesta ya fue aprobada por la Cámara de Diputados en mayo, con 461 votos favorables y solamente 19 en contra, pero permanecía bloqueada en el Senado.

Alcolumbre se comprometió a designar un relator y permitir que el proyecto avance en la Comisión de Constitución y Justicia. El senador Omar Aziz, perteneciente a una fuerza de centro, fue escogido para dirigir el análisis.

La reducción de la jornada es una de las principales banderas electorales de Lula y cuenta con un respaldo popular significativo. Un sondeo de Datafolha señaló que aproximadamente el 71 % de los brasileños apoya terminar con la escala “6×1”.

El Gobierno presenta la reforma como una mejora de las condiciones laborales y de la calidad de vida. Representantes empresariales advierten, en cambio, que podría aumentar los costos, especialmente para comercios, restaurantes, servicios y pequeñas empresas.

Su aprobación permitiría a Lula presentarse ante los trabajadores con una de las reformas sociales más visibles de su actual mandato.

Una reforma para centralizar la seguridad

El segundo proyecto prioritario es una reforma constitucional destinada a ampliar las competencias del Gobierno federal en materia de seguridad pública.

Brasil mantiene actualmente un sistema en el que los estados controlan sus policías civiles y militares, mientras las autoridades federales poseen atribuciones más limitadas.

La propuesta busca mejorar la coordinación entre el Gobierno central, los estados y los municipios, fortalecer los mecanismos nacionales contra el crimen organizado y establecer estándares comunes para las fuerzas policiales.

La seguridad se convirtió en uno de los principales asuntos de la campaña presidencial. El aumento de la influencia de organizaciones criminales y milicias en diferentes regiones ha fortalecido las demandas de una respuesta nacional.

Lula prometió crear un Ministerio de Seguridad si el Senado aprueba la reforma. La nueva institución tendría presupuesto propio y asumiría la coordinación federal de las políticas contra el crimen organizado.

La iniciativa intenta responder a uno de los puntos tradicionalmente más fuertes del bolsonarismo: el discurso de orden y combate frontal contra la delincuencia.

La eliminación de la “tasa de las blusas”

El Congreso también discutirá una medida provisional que elimina el impuesto federal del 20 % sobre las compras internacionales inferiores a 50 dólares.

El gravamen es conocido popularmente como la “tasa de las blusas” porque afecta principalmente a quienes compran ropa y otros productos de bajo costo en plataformas internacionales.

La medida fue una de las decisiones económicas más impopulares del Gobierno. Lula suspendió provisionalmente el impuesto, pero el Congreso debe ratificar la eliminación antes de que la medida expire a mediados de septiembre.

Si los legisladores no actúan, el gravamen volverá a aplicarse pocas semanas antes de las elecciones, con un posible costo electoral para el presidente.

La Cámara deberá instalar el primero de septiembre una comisión mixta que estudiará la propuesta. Posteriormente, tanto los diputados como los senadores tendrán que aprobarla.

Hugo Motta defendió la eliminación del impuesto y afirmó que beneficiará no solo a quienes compran en plataformas digitales, sino también a empresas brasileñas que utilizan esos servicios para comercializar sus productos.

Minerales críticos y tierras raras

Otro proyecto incluido en el acuerdo establece una política nacional para los minerales críticos y estratégicos.

Brasil posee importantes reservas de litio, níquel, grafito, cobre y tierras raras, materiales esenciales para fabricar baterías, vehículos eléctricos, semiconductores, turbinas eólicas y sistemas militares.

La creciente competencia entre Estados Unidos y China aumentó el valor geopolítico de estos recursos. Lula advirtió que empresas extranjeras ya están adquiriendo derechos sobre materiales que Brasil todavía no ha regulado adecuadamente.

El Gobierno pretende establecer reglas para la explotación, procesamiento y comercialización de los minerales, evitando que el país se limite a exportar materias primas sin desarrollar una industria tecnológica propia.

El proyecto también podría definir incentivos para atraer inversiones y crear cadenas de producción dentro de Brasil.

“Esa riqueza es de Brasil y tenemos que garantizar que se transforme en algo que haga soñar al pueblo brasileño”, declaró Lula.

Incentivos para centros de datos

La quinta iniciativa crea el Régimen Especial de Tributación para Servicios de Centros de Datos, conocido como Redata.

El proyecto ofrece incentivos fiscales para la construcción y operación de grandes instalaciones destinadas al procesamiento y almacenamiento de información.

El Gobierno considera que Brasil puede convertirse en uno de los principales centros tecnológicos de América Latina gracias al tamaño de su mercado, su producción de energía renovable y la expansión de la inteligencia artificial.

Lula estima que el nuevo régimen podría atraer inversiones por aproximadamente 500.000 millones de reales.

No obstante, los centros de datos necesitan enormes cantidades de electricidad y agua, por lo que el proyecto también abre debates sobre su impacto ambiental y la distribución de los beneficios económicos.

Un calendario extremadamente reducido

El Congreso concentrará las discusiones entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre. Después de esa fecha, senadores y diputados regresarán a sus estados para intensificar sus campañas.

Las elecciones presidenciales y legislativas se celebrarán en octubre. Lula busca un nuevo mandato, mientras el senador Flávio Bolsonaro intenta llevar nuevamente al poder al movimiento político encabezado por su padre, Jair Bolsonaro.

Algunos aliados del Gobierno temen que sectores próximos al bolsonarismo intenten retrasar las votaciones para impedir que Lula obtenga triunfos legislativos durante la campaña.

Las reformas constitucionales, como las relacionadas con la jornada laboral y la seguridad pública, requieren mayorías calificadas y dos votaciones en cada cámara. Por esa razón, podrían avanzar en sus primeras etapas sin quedar completamente aprobadas antes de los comicios.

Los proyectos ordinarios y la medida provisional sobre las compras internacionales poseen mayores posibilidades de concluir su tramitación dentro del plazo.

Una agenda con marcado contenido electoral

Las cinco iniciativas combinan demandas sociales inmediatas con asuntos estratégicos de largo plazo.

El fin de la escala “6×1” conecta directamente con los trabajadores. La eliminación del impuesto sobre compras pequeñas beneficia a consumidores. La reforma de seguridad intenta responder al temor provocado por el crimen organizado. Los proyectos sobre minerales y centros de datos presentan a Brasil como una potencia económica y tecnológica emergente.

Lula busca convertir esa combinación en una demostración de capacidad política después de meses de enfrentamientos y bloqueos en el Congreso.

El acuerdo con Alcolumbre y Motta también permite al mandatario proyectar una imagen de moderación y diálogo con fuerzas situadas fuera de su coalición.

Sin embargo, los presidentes de ambas cámaras evitaron comprometerse con el contenido definitivo de cada proyecto. Su promesa consiste en permitir la discusión y acelerar los procedimientos, no necesariamente en garantizar todos los votos solicitados por el Ejecutivo.

El verdadero alcance del pacto se conocerá durante la semana de votaciones. Si Lula consigue aprobar varias de las iniciativas, llegará fortalecido a la etapa final de la campaña. Si los proyectos se estancan, el acuerdo podría quedar reducido a una tregua temporal sin resultados legislativos concretos.