El presidente Abelardo de la Espriella reactivó órdenes suspendidas durante el Gobierno de Gustavo Petro y declaró iniciado el desmonte de la política de “paz total”. Tres de los reclamados están detenidos y dos permanecen prófugos.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó ejecutar la extradición a Estados Unidos de cinco dirigentes de organizaciones armadas que participaron como representantes o negociadores en los procesos de diálogo promovidos por el Gobierno de Gustavo Petro.

Las extradiciones habían sido autorizadas durante 2025, pero su ejecución quedó suspendida porque los cinco reclamados participaban en mesas de negociación, acercamientos territoriales o procesos de sometimiento impulsados dentro de la política de “paz total”.

Después de revisar individualmente los expedientes, el nuevo Gobierno concluyó que no existían aportes verificables ni resultados suficientes para mantener las suspensiones.

“He ordenado hacer efectiva la entrega en extradición a los Estados Unidos de América de cinco ciudadanos”, anunció De la Espriella, quien acusó a los afectados de utilizar los procesos de diálogo para evadir sus obligaciones ante la justicia.

La decisión representa una de las rupturas más claras entre el nuevo Ejecutivo y la política de seguridad aplicada durante la Presidencia de Gustavo Petro.

Tres detenidos y dos prófugos

Las autoridades colombianas mantienen bajo custodia a tres de los cinco hombres incluidos en la decisión:

• Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”.
• Willington Henao Gutiérrez, alias “Mocho Olmedo”.
• Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias “Muñeca”.

Sus entregas podrán avanzar una vez concluidos los procedimientos administrativos y judiciales correspondientes.

Los otros dos reclamados, Gabriel Yepes Mejía, alias “HH”, y Fredy Castillo Carrillo, conocido como “Pinocho”, permanecen prófugos.

El Gobierno ordenó a las Fuerzas Armadas y a los organismos de seguridad localizarlos como una prioridad. Aunque el presidente firmó sus extradiciones, estas no podrán ejecutarse hasta que ambos sean capturados.

Estados Unidos los reclama, según cada expediente, por delitos relacionados con narcotráfico, concierto para delinquir, lavado de activos, tráfico de armas y narcoterrorismo.

“Araña”, negociador de una disidencia de las FARC

Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”, es señalado como uno de los dirigentes de Comandos de la Frontera, estructura con presencia principalmente en Putumayo y en la frontera con Ecuador.

La organización formó parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, una de las disidencias surgidas después del acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016.

Rojas participó como representante en los diálogos con el Gobierno de Petro, pero simultáneamente era buscado por Estados Unidos e Interpol.

La investigación estadounidense sostiene que entre 2017 y 2025 dirigió una red que protegía cultivos de coca, laboratorios y rutas para transportar cargamentos hacia Centroamérica, México y Estados Unidos.

Uno de los hechos incluidos en el expediente se relaciona con la incautación de aproximadamente 1.500 kilogramos de cocaína en dos embarcaciones interceptadas por la Armada mexicana en marzo de 2024.

Rojas fue capturado en Bogotá en febrero de 2025 cuando participaba en actividades relacionadas con el proceso de negociación. Su condición de representante había impedido hasta ahora que fuera enviado a Estados Unidos.

“Mocho Olmedo” y el Frente 33

Willington Henao Gutiérrez, alias “Mocho Olmedo”, es considerado uno de los principales dirigentes del Frente 33 de las disidencias de las FARC, activo en Norte de Santander y la región del Catatumbo.

Henao participó como delegado en las conversaciones desarrolladas durante la Administración de Petro. Estados Unidos lo reclama por presuntos delitos de narcotráfico y lavado de dinero.

La extradición ya había recibido autorización, pero quedó condicionada a su colaboración con el proceso de paz. El nuevo Gobierno sostiene que no existen resultados suficientes que justifiquen mantener esa protección.

El Catatumbo es una de las regiones con mayor concentración de cultivos de coca en Colombia y escenario de disputas entre el ELN, las disidencias de las FARC y otras estructuras criminales por el control de las rutas hacia Venezuela y el Caribe.

“Muñeca” y las Autodefensas de la Sierra Nevada

Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias “Muñeca”, es identificado como dirigente de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocidas como Los Pachencas.

Esta organización opera principalmente en los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar y es señalada de participar en narcotráfico, extorsiones, secuestros y homicidios selectivos.

Castillo fue detenido en Pereira en junio de 2024. La Corte Suprema colombiana posteriormente avaló su extradición, pero el Gobierno de Petro suspendió la entrega debido a los acercamientos que mantenía con la organización.

El nuevo Ejecutivo considera que esos contactos no produjeron avances suficientes para conservar el beneficio.

“HH” permanece prófugo

Gabriel Yepes Mejía, alias “HH”, es señalado como comandante de Comuneros del Sur, una estructura que se separó del Ejército de Liberación Nacional y opera principalmente en el departamento de Nariño.

El grupo participó en un proceso territorial de negociación separado de la dirección nacional del ELN. Durante los acercamientos se anunciaron iniciativas de sustitución de cultivos ilícitos y algunas entregas de material explosivo, pero no se alcanzó un acuerdo definitivo.

Una corte del estado de Texas reclama a Yepes por narcotráfico y concierto para delinquir. La investigación estadounidense lo relaciona con un cargamento de aproximadamente dos toneladas de cocaína que habría llegado a territorio estadounidense.

La Corte Suprema autorizó su extradición en abril de 2025, pero el Gobierno de Petro suspendió la entrega un mes después debido a su participación en el diálogo territorial.

Yepes deberá ser capturado antes de que Colombia pueda entregarlo a las autoridades estadounidenses.

“Pinocho”, máximo dirigente de Los Pachencas

Fredy Castillo Carrillo, alias “Pinocho” o “El Ganadero”, es señalado como otro de los principales dirigentes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y hermano de “Muñeca”.

Su trayectoria estaría vinculada con antiguos grupos paramilitares que operaron en la Sierra Nevada de Santa Marta, entre ellos estructuras relacionadas con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia.

Castillo ya había sido requerido anteriormente por Estados Unidos. Fue capturado en España en 2022, extraditado por narcotráfico y posteriormente regresó a Colombia después de cumplir una condena.

Actualmente permanece prófugo y su entrega solamente podrá materializarse cuando sea localizado.

El desmonte de la “paz total”

La política de “paz total” fue una de las principales apuestas de Gustavo Petro. Su objetivo era negociar simultáneamente con el ELN, las disidencias de las FARC, organizaciones paramilitares y bandas criminales.

El Gobierno anterior defendía la suspensión de determinadas órdenes de captura y extradiciones como una herramienta necesaria para permitir que los dirigentes armados participaran en las conversaciones.

Sin embargo, varios procesos quedaron estancados, se fragmentaron o fueron suspendidos por nuevos episodios de violencia. Las negociaciones con el ELN no alcanzaron un acuerdo, mientras diferentes disidencias ampliaron su presencia territorial.

De la Espriella sostiene que algunos grupos utilizaron los diálogos para fortalecerse, mantener sus negocios ilegales y retrasar sus procesos judiciales.

El mandatario afirmó que las cinco extradiciones representan el inicio del desmonte de lo que denomina una “falsa paz” y anunció una política centrada en la seguridad, la legalidad y la autoridad del Estado.

La decisión fortalece la cooperación judicial con Estados Unidos, pero también envía un mensaje a los grupos que todavía mantienen algún tipo de contacto con el Gobierno: la participación en futuras conversaciones no garantizará automáticamente la suspensión de órdenes de captura o extradición.

Un cambio con consecuencias para futuras negociaciones

El endurecimiento puede aumentar la presión sobre las organizaciones armadas y limitar el uso político de los procesos de diálogo. Sin embargo, también podría dificultar futuras negociaciones si los dirigentes criminales consideran que no existen garantías para participar.

La extradición ha sido históricamente una de las principales herramientas del Estado colombiano contra el narcotráfico. También ha funcionado como incentivo dentro de procesos de sometimiento, mediante la posibilidad de suspenderla a cambio de desmovilización, entrega de bienes, información o reparación a las víctimas.

El Gobierno de De la Espriella deberá definir si mantendrá algún mecanismo similar o si priorizará las entregas inmediatas a Estados Unidos.

Por ahora, tres de las extradiciones pueden avanzar porque los reclamados están detenidos. Las otras dos dependen de la captura de “HH” y “Pinocho”, por lo que la decisión presidencial constituye una autorización legal, pero no garantiza que su traslado pueda realizarse próximamente.