Veintidós personas fueron ejecutadas dentro de una iglesia durante el ataque contra Kenscoff. La masacre desató protestas contra la Policía y aumenta las dudas sobre las elecciones previstas para diciembre, las primeras en el país desde 2016.

Al menos 47 personas murieron y más de 50 fueron secuestradas durante un ataque coordinado de grupos armados contra Kenscoff, una localidad montañosa situada en las afueras de Puerto Príncipe.

La ofensiva comenzó durante la noche del domingo y se prolongó hasta la madrugada del lunes. Los atacantes irrumpieron en diferentes sectores de la comunidad, dispararon contra los habitantes, incendiaron viviendas y capturaron a decenas de personas.

Entre los fallecidos se encuentran cinco menores de edad. Otras 22 personas resultaron heridas y más de 2.600 tuvieron que abandonar sus hogares, según los últimos balances de Naciones Unidas y organismos humanitarios.

Uno de los episodios más graves ocurrió en el recinto de una iglesia donde numerosos residentes habían buscado refugio. Los hombres armados entraron en el lugar y ejecutaron a 22 personas.

El ataque representa una de las mayores matanzas y operaciones de secuestro masivo registradas recientemente en Haití. También destruye la percepción de que la situación de seguridad comenzaba a mejorar antes de las elecciones generales previstas para diciembre.

Viviendas incendiadas y familias completas secuestradas

Los integrantes de las pandillas atacaron diferentes zonas de Kenscoff casi simultáneamente, una táctica destinada a dispersar a las limitadas fuerzas policiales.

Al menos 25 viviendas fueron incendiadas y varios vehículos quedaron destruidos. Los sobrevivientes encontraron cadáveres en las calles, cerca de las casas y a poca distancia de una estación policial.

Familias completas se encuentran entre las personas secuestradas. Algunos residentes denunciaron la desaparición de hermanos, padres, hijos y otros parientes durante la ofensiva.

Las autoridades todavía no han ofrecido una lista completa de víctimas y advirtieron que el número de muertos podría aumentar a medida que las fuerzas de seguridad ingresen en sectores que permanecen bajo amenaza.

Uno de los dirigentes criminales amenazó con ejecutar a los rehenes si la Policía mata a integrantes de su organización durante las operaciones de recuperación de Kenscoff.

La magnitud del secuestro convierte a los cautivos en un instrumento de presión contra el Gobierno y complica cualquier ofensiva policial.

Viv Ansanm, detrás de la ofensiva

Las autoridades atribuyen el ataque a integrantes de Viv Ansanm, una alianza que reúne a varias de las principales pandillas haitianas.

El nombre significa “Vivir Juntos” en criollo haitiano. La coalición permitió que organizaciones anteriormente rivales coordinaran ataques contra instituciones públicas, estaciones policiales, cárceles, hospitales y comunidades civiles.

Uno de sus principales portavoces es Jimmy Chérizier, conocido como “Barbecue”, un antiguo agente policial que presenta a la alianza como un movimiento revolucionario enfrentado con las élites políticas y económicas.

Estados Unidos designó a Viv Ansanm como organización terrorista extranjera debido a su participación en asesinatos, secuestros, extorsiones y ataques contra las instituciones haitianas.

La coalición ha intentado proyectarse también como una fuerza política, mientras mantiene amplias zonas bajo su control y desafía abiertamente la autoridad del Estado.

Kenscoff posee una importancia estratégica porque se encuentra en las montañas que dominan varias rutas de acceso a Puerto Príncipe. Su captura permitiría a las pandillas presionar otros sectores relativamente seguros de la capital, entre ellos Pétion-Ville, donde se encuentran embajadas, oficinas internacionales y residencias de funcionarios.

Una comunidad atacada repetidamente

Kenscoff fue considerada durante años una zona relativamente tranquila en comparación con otras partes de la capital.

Esa situación cambió a comienzos de 2025. Desde entonces, la localidad ha sufrido más de una decena de ataques relacionados con asesinatos, secuestros, incendios y violencia sexual.

Las autoridades habían informado que diferentes operaciones policiales lograron reducir la violencia en aproximadamente un 66 %. La nueva matanza demostró, sin embargo, que las organizaciones criminales conservan capacidad para movilizar hombres armados y penetrar en comunidades protegidas.

El alcalde Jean Massillon había solicitado repetidamente refuerzos para la zona, pero los habitantes aseguran que sus advertencias no fueron atendidas.

La ofensiva provocó manifestaciones espontáneas. Residentes bloquearon calles, mostraron los cuerpos de algunas víctimas y exigieron la destitución de los responsables locales de seguridad.

Muchas de las personas asesinadas estaban cerca de una estación policial, lo que aumentó las acusaciones de negligencia o posible complicidad.

La Policía enfrenta cuestionamientos

El director de la Policía Nacional, Vladimir Paraison, confirmó la apertura de una investigación para determinar si existieron fallos operativos, negligencia o colaboración de agentes con las pandillas.

Las autoridades reconocieron que recibieron amenazas antes y después del ataque, pero evitaron revelar detalles sobre las operaciones destinadas a rescatar a los secuestrados.

El Gobierno convocó una reunión de urgencia encabezada por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Patrick Pélissier. En el encuentro participaron la Policía, el Ministerio de Defensa y representantes de la fuerza internacional encargada de apoyar el combate contra las pandillas.

El Ejecutivo prometió recuperar Kenscoff y declaró que la comunidad “no será abandonada”.

Sin embargo, los habitantes cuestionan promesas similares realizadas después de ataques anteriores. La falta de información sobre los rehenes y la respuesta tardía de la Policía profundizaron la desconfianza.

Las pandillas controlan aproximadamente el 70 % de Puerto Príncipe, según estimaciones citadas por organismos internacionales. Otras evaluaciones sitúan su influencia en niveles todavía mayores cuando se incluyen las rutas de entrada y salida de la capital.

Más de 21.000 muertos desde 2022

La matanza forma parte de un conflicto que ha provocado más de 21.000 muertes desde comienzos de 2022.

Durante los primeros seis meses de 2026 fueron asesinadas aproximadamente 3.050 personas. Más de la mitad murió durante operaciones de seguridad, enfrentamientos o ataques en los que también quedaron atrapados civiles.

Entre las víctimas de las acciones de seguridad se contabilizan al menos 229 civiles sin vínculos conocidos con las pandillas y 18 menores.

La violencia sexual también aumentó. La misión de Naciones Unidas en Haití registró 1.088 víctimas durante lo transcurrido de 2026, principalmente mujeres sometidas a violaciones colectivas.

Los secuestros crecieron un 47 % durante el segundo trimestre del año. Funcionarios públicos, policías fuera de servicio, empresarios, trabajadores y habitantes de zonas agrícolas se encuentran entre los principales objetivos.

Las cifras reales podrían ser superiores porque muchas familias no denuncian los casos por temor a represalias o porque intentan negociar directamente la liberación de sus parientes.

Un país desplazado y con hambre

Alrededor de 1,47 millones de haitianos, equivalentes aproximadamente al 12 % de la población, se encuentran desplazados dentro del país.

Muchos viven en campamentos improvisados, escuelas, iglesias o viviendas de familiares. Algunas de las personas expulsadas de Kenscoff ya habían escapado anteriormente de otros sectores controlados por las pandillas.

La violencia también dificulta el transporte de alimentos, medicamentos y combustible. Unos 5,8 millones de habitantes enfrentan niveles elevados de inseguridad alimentaria.

Solo una parte del sistema sanitario continúa funcionando con normalidad. Hospitales y organizaciones humanitarias han reducido o suspendido operaciones debido a ataques, amenazas y dificultades para trasladar personal.

La combinación de violencia, hambre, desplazamiento y colapso institucional deja a millones de personas sin protección estatal.

Una fuerza internacional todavía incompleta

Haití solicitó en 2022 el despliegue de una misión internacional para reforzar a su Policía.

La respuesta inicial fue una fuerza multinacional encabezada por Kenia, pero el contingente tuvo problemas de financiación, equipamiento y personal. Su tamaño fue insuficiente frente a organizaciones que poseen armas de guerra, control territorial y fuentes constantes de ingresos.

El nuevo plan contempla una Fuerza de Supresión de Pandillas con aproximadamente 5.500 integrantes. Hasta el momento, sin embargo, solamente se ha desplegado una parte de los efectivos previstos.

El Gobierno haitiano y sus socios internacionales esperan completar el contingente durante los próximos meses.

La matanza de Kenscoff representa una prueba inmediata para la nueva fuerza. Su incapacidad para prevenir el ataque o responder rápidamente alimenta las dudas sobre si podrá recuperar el territorio antes de las elecciones.

Las primeras elecciones en una década

El Consejo Electoral Provisional fijó para el 13 de diciembre la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas.

Una eventual segunda vuelta, junto con los comicios locales, se celebraría el 21 de febrero.

Haití no organiza elecciones desde 2016. El último presidente electo, Jovenel Moïse, fue asesinado en su residencia en julio de 2021, después de varios años de protestas, crisis institucional y aplazamientos electorales.

Desde entonces, el país ha sido dirigido por autoridades transitorias sin un mandato popular directo. El Parlamento dejó de funcionar por falta de legisladores electos y diferentes consejos de transición fracasaron en sus intentos de restaurar el orden.

La celebración de los comicios permanece condicionada a que existan condiciones mínimas para realizar una votación libre y segura.

Las autoridades electorales necesitarán registrar candidatos y votantes, abrir centros, trasladar material y permitir campañas en zonas donde actualmente la Policía no puede operar.

Las pandillas podrían impedir la instalación de urnas, bloquear carreteras, intimidar a los votantes o influir directamente en determinadas comunidades.

La masacre demuestra que incluso localidades consideradas más seguras pueden ser atacadas pocas horas después de que los grupos criminales movilicen a sus hombres.

Una elección entre violencia y legitimidad

Las elecciones representan la principal oportunidad para reconstruir instituciones legítimas, pero realizarlas sin seguridad podría producir un resultado cuestionado y profundizar la crisis.

Aplazarlas nuevamente prolongaría un Gobierno de transición sin suficiente respaldo ciudadano. Celebrarlas bajo el control de las pandillas podría convertirlas en una votación parcial, marcada por la intimidación y una baja participación.

La situación obliga al Gobierno y a la comunidad internacional a intentar simultáneamente recuperar territorio, rescatar a los secuestrados, atender a los desplazados y preparar un proceso electoral nacional.

La matanza de Kenscoff no es solamente un nuevo episodio de violencia. Es una advertencia sobre la capacidad de las pandillas para desafiar cualquier intento de restablecer el Estado haitiano.

Si las autoridades no consiguen reducir esa capacidad antes de diciembre, las primeras elecciones en una década podrían volver a ser aplazadas o celebrarse en un país donde millones de ciudadanos todavía no pueden votar con libertad.