El presidente Abelardo de la Espriella ordenó operativos migratorios en todo el país y prometió expulsar a miles de extranjeros sin permiso de residencia, principalmente venezolanos.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció una ofensiva contra la migración irregular que incluirá redadas, detenciones y deportaciones de extranjeros que no cuenten con autorización para permanecer en el país.

La nueva política estará dirigida principalmente contra migrantes venezolanos. El mandatario, quien asumió el poder hace tres semanas, sostiene que el endurecimiento de los controles permitirá reducir la delincuencia y recuperar la seguridad en varias ciudades colombianas.

De la Espriella afirmó que los primeros operativos se concentrarán en extranjeros vinculados con actividades delictivas. Posteriormente, las autoridades procederán contra otras personas que carezcan de permisos de residencia, aunque no hayan cometido delitos.

Colombia alberga aproximadamente 2,8 millones de venezolanos que abandonaron su país debido a la crisis política, económica y social. Durante el Gobierno de Iván Duque se estableció un programa de protección temporal que permitió regularizar a cerca de 2,3 millones de personas.

Sin embargo, durante los últimos tres años no se concedieron nuevos permisos bajo ese mecanismo. Esto dejó a numerosos migrantes sin una vía clara para normalizar su situación, especialmente a quienes llegaron recientemente o no completaron el proceso anterior.

Organizaciones defensoras de los migrantes cuestionaron la nueva política y advirtieron que vincular migración con delincuencia puede provocar discriminación y ataques contra la comunidad venezolana. También sostienen que las estadísticas disponibles no demuestran que los extranjeros cometan delitos en una proporción mayor que la población colombiana.

La aplicación de las redadas también genera dudas debido a que Migración Colombia todavía no cuenta con un nuevo director nombrado por el Gobierno. Las organizaciones humanitarias reclaman garantías para evitar detenciones arbitrarias, separaciones familiares y deportaciones sin el debido proceso.

El anuncio representa un giro profundo en la política migratoria colombiana y acerca al país a las estrategias más restrictivas adoptadas recientemente por otros gobiernos de América.