Las autoridades españolas trasladaron a los migrantes que permanecían desde finales de julio en uno de los principales asentamientos improvisados de Ceuta. El operativo se desarrolló sin incidentes y de manera voluntaria, pero el Gobierno de la ciudad advierte que mover a las personas de la playa no resuelve una crisis migratoria que continúa desbordando sus capacidades.

Las autoridades españolas iniciaron este jueves el desalojo y reubicación de cerca de 1.800 migrantes que permanecían en la playa de El Trampolín, en Ceuta, uno de los principales símbolos de la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma desde las entradas masivas registradas a finales de julio.

El operativo comenzó durante la mañana bajo la vigilancia de la Policía Nacional y con participación de la Guardia Civil, servicios públicos y organizaciones humanitarias. Cerca de 1.700 personas abandonaron a pie la playa para trasladarse a instalaciones temporales habilitadas por el Gobierno español. Según la Delegación del Gobierno, el movimiento se realizó de manera voluntaria y sin incidentes importantes.

Las autoridades insisten en que no se trata de una expulsión del territorio español, sino de una reubicación humanitaria destinada a terminar con las precarias condiciones en las que cientos de personas llevaban semanas durmiendo al aire libre.

De la playa a centros temporales

Los migrantes fueron distribuidos principalmente entre dos instalaciones habilitadas por el Gobierno central.

Alrededor de 1.200 personas de origen subsahariano fueron trasladadas al recinto de Loma Margarita, mientras otros grupos, entre ellos aproximadamente 200 migrantes magrebíes, fueron dirigidos hacia la zona conocida como El Embolsamiento, en Loma Colmenar.

Las instalaciones cuentan con catres, aseos, alimentación, agua y servicios básicos de atención psicosocial.

También se ha puesto en marcha un sistema de prerregistro para recoger información de las personas acogidas y facilitar posteriormente la tramitación administrativa de cada caso.

El Gobierno prevé ampliar progresivamente la capacidad disponible. Antes del operativo había anunciado inicialmente unas 1.500 nuevas plazas, aunque la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró que los dispositivos podrían crecer hasta alcanzar unas 4.000 plazas si fuera necesario.

Semanas viviendo a la intemperie

La playa de El Trampolín se había convertido en un asentamiento improvisado después de las entradas migratorias de finales de julio.

Durante semanas, cientos de personas durmieron sobre la arena y en espacios abiertos, expuestas al sol durante el día y a la caída de las temperaturas durante la noche.

Organizaciones que trabajan sobre el terreno habían advertido de un progresivo deterioro de las condiciones sanitarias. Voluntarios atendían heridas, infecciones y otros problemas de salud utilizando recursos limitados, mientras algunas personas presentaban síntomas de agotamiento físico y psicológico.

La situación había aumentado además la presión sobre los servicios públicos de una ciudad con poco más de 80.000 habitantes y un territorio de apenas 18 kilómetros cuadrados.

El Gobierno justificó el traslado precisamente por esas razones humanitarias y por la necesidad de proporcionar unas condiciones mínimas de alojamiento.

Algunos regresaron a buscar sus pertenencias

El operativo no significó que El Trampolín quedara inmediatamente vacío.

Después del traslado, aproximadamente 500 migrantes regresaron temporalmente a la zona, aparentemente para recoger ropa y otras pertenencias que habían dejado en la playa.

Su regreso obligó a suspender durante un tiempo las labores de limpieza que habían comenzado tras la salida de los primeros grupos.

La intención de las autoridades es recuperar progresivamente la normalidad en el lugar y evitar que vuelva a convertirse en un asentamiento permanente.

Pero el problema migratorio de Ceuta está lejos de haber terminado.

“Trasladarlos no es arreglar el problema”

El propio presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, advirtió que el operativo solamente resuelve una parte muy concreta de la crisis.

Para Vivas, trasladar a los migrantes de una playa hacia instalaciones temporales mejora sus condiciones de vida y permite recuperar el espacio público, pero no soluciona la cuestión fundamental de qué ocurrirá con las miles de personas que todavía permanecen en la ciudad.

El Gobierno ceutí reclama al Ejecutivo central más recursos y mayor rapidez en la resolución de los expedientes migratorios.

Las autoridades españolas deben analizar individualmente la situación de quienes han solicitado protección internacional, determinar quiénes pueden permanecer legalmente en España y tramitar los procedimientos de devolución correspondientes en aquellos casos en los que no exista derecho a permanecer en territorio español.

Solo unos días antes del operativo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, calculaba que unas 5.000 personas continuaban en Ceuta, entre ellas 1.898 menores que ya habían sido identificados.

Los menores complican todavía más la crisis

Uno de los asuntos políticamente más sensibles es el futuro de los menores migrantes.

El Gobierno español prepara el traslado hacia la península de alrededor de 500 niñas consideradas especialmente vulnerables, mientras continúa la discusión sobre la protección que deben recibir y sobre las condiciones en las que eventualmente podrían producirse retornos.

La Comisión Europea intervino este jueves en el debate.

Bruselas recordó que España tiene la obligación de proteger especialmente a los menores vulnerables, aunque simultáneamente señaló que existe una expectativa de que los migrantes que no tengan derecho a permanecer en territorio europeo sean devueltos.

La situación ha provocado además un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Popular.

El PP reclama acelerar las devoluciones, mientras el Ejecutivo sostiene que cualquier decisión relacionada con menores debe realizarse respetando las garantías establecidas por la legislación española e internacional.

Ceuta sigue bajo una enorme presión

El desalojo de El Trampolín representa probablemente la imagen más visible de un intento por comenzar a normalizar la situación.

Durante semanas, las fotografías de cientos de personas durmiendo sobre la playa habían reflejado la incapacidad de las instalaciones existentes para absorber en poco tiempo una llegada extraordinaria de migrantes.

Ahora esos campamentos comienzan a desaparecer y las personas son trasladadas a espacios con servicios básicos.

Pero el cambio de escenario no significa el final de la crisis.

España todavía tiene que resolver miles de situaciones administrativas, proporcionar atención a menores y personas vulnerables, mantener la seguridad fronteriza y negociar con Marruecos las devoluciones que legalmente puedan realizarse.

Ese es precisamente el mensaje que intenta transmitir el Gobierno de Ceuta: sacar a 1.800 migrantes de una playa puede solucionar una emergencia humanitaria inmediata, pero no responde todavía a la pregunta mucho más difícil de qué hacer con quienes continúan atrapados en la ciudad esperando conocer su futuro.