Rubén Rocha Moya intentó retomar el cargo después de tres meses de ausencia, pero volvió a solicitar licencia ante el rechazo de la presidenta mexicana y las críticas dentro del oficialismo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó como “imprudente” e “inapropiado” el intento del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de regresar al cargo mientras enfrenta una investigación en México y acusaciones de narcotráfico presentadas por fiscales estadounidenses.

Rocha Moya, de 77 años y miembro del gobernante partido Morena, anunció el viernes que retomaba sus funciones después de permanecer tres meses apartado. Aseguró que regresaba con la conciencia tranquila y la frente en alto.

Su retorno duró apenas unas horas. La reacción de Sheinbaum y las críticas surgidas desde diferentes sectores políticos lo llevaron a dar marcha atrás y solicitar nuevamente una licencia.

La mandataria aseguró que desconocía la intención del gobernador de regresar y afirmó que no había conversado con él. También cuestionó públicamente las razones que lo llevaron a intentar recuperar el control del Gobierno estatal en medio de una investigación todavía abierta.

“Fue imprudente y no fue apropiado”, señaló Sheinbaum durante su conferencia de prensa diaria. La presidenta agregó que no tenía intención de comunicarse con Rocha Moya.

Acusaciones desde Estados Unidos

Fiscales estadounidenses acusaron en abril al gobernador de conspirar con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos a cambio de sobornos y respaldo político.

Rocha Moya se convirtió así en el primer gobernador mexicano en funciones acusado de narcotráfico por la justicia estadounidense. El mandatario estatal rechaza los señalamientos y sostiene que forman parte de una persecución política.

El Gobierno mexicano, por su parte, se ha negado a aceptar una solicitud estadounidense de extradición al considerar que las autoridades de ese país no han presentado pruebas suficientes. Sin embargo, Sheinbaum respaldó la apertura de una investigación dentro de México para determinar si existen elementos que sustenten las acusaciones.

La postura coloca a la presidenta en una situación políticamente delicada. Rocha Moya pertenece a Morena y ha sido un aliado del oficialismo, pero permitirle regresar al poder mientras está bajo investigación podría afectar el discurso gubernamental contra la corrupción y la complicidad política con el crimen organizado.

Sinaloa deberá nombrar un gobernador interino

El Congreso de Sinaloa deberá designar esta semana a una persona que ocupe de manera interina la gobernación. La decisión será especialmente sensible debido a la crisis de seguridad que atraviesa el estado y a la influencia histórica del narcotráfico en la región.

El caso también podría generar nuevas tensiones entre México y Estados Unidos. La administración de Sheinbaum ha defendido la soberanía mexicana frente a las presiones estadounidenses, pero al mismo tiempo necesita demostrar que las denuncias contra funcionarios públicos serán investigadas de manera independiente.

La presidenta parece buscar un equilibrio: rechazar una extradición basada únicamente en acusaciones extranjeras, pero impedir que Rocha Moya utilice su posición para recuperar influencia política o interferir en las investigaciones.

La breve tentativa del gobernador para volver al cargo aumentó las dudas sobre el futuro de su carrera política. Aunque no existe una sentencia en su contra y las acusaciones deben probarse ante los tribunales, su permanencia al frente de Sinaloa resulta cada vez más difícil de sostener.

El episodio representa además una prueba para Morena. El partido deberá decidir si mantiene su respaldo a uno de sus dirigentes históricos o se distancia de él para evitar que el escándalo afecte al Gobierno federal.