La respuesta al devastador terremoto de magnitud 7,4 se ha convertido en la primera gran prueba del recién instalado Gobierno colombiano. A las críticas por la demora en aceptar rescatistas extranjeros se suma ahora el cuestionamiento por el creciente protagonismo de Ana Lucía Pineda, esposa del presidente, en funciones que tradicionalmente corresponden a organismos técnicos del Estado.

El terremoto que golpeó el occidente de Colombia el pasado 10 de agosto continúa dejando consecuencias políticas además de humanas y económicas. Con al menos 289 fallecidos, más de 3.900 heridos y 143 personas todavía desaparecidas, la gestión de la emergencia ha colocado al presidente Abelardo de la Espriella bajo un escrutinio creciente apenas días después de asumir el poder.

Las críticas ya no se concentran únicamente en la decisión inicial de limitar la llegada de equipos internacionales de rescate. Durante los últimos días han aparecido nuevos cuestionamientos relacionados con la coordinación gubernamental, la utilización política de la ayuda, la presencia de comunidades que aseguran haber recibido asistencia tardía y, especialmente, el papel adquirido por la primera dama Ana Lucía Pineda.

El rechazo inicial a rescatistas sigue persiguiendo al Gobierno

El primer gran cuestionamiento surgió en las horas posteriores al terremoto, cuando Colombia decidió aceptar determinados insumos y apoyo logístico extranjero, pero no solicitar inicialmente el despliegue generalizado de equipos internacionales de búsqueda y rescate.

La decisión resultó especialmente controvertida porque las primeras 72 horas después de un terremoto son consideradas críticas para encontrar personas con vida bajo los escombros.

Más de 54 horas habían transcurrido cuando la administración terminó anunciando que aceptaría algunos grupos internacionales adicionales.

La polémica, sin embargo, tiene un elemento importante.

La recomendación inicial de no solicitar equipos extranjeros procedió de Javier Pava, entonces director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y funcionario proveniente del Gobierno de Gustavo Petro. Pava sostuvo que Colombia contaba con 23 equipos especializados USAR y que la prioridad debía ser solicitar tecnología, hospitales de campaña y suministros que el país realmente necesitaba.

Eso no ha impedido que la oposición responsabilice políticamente a De la Espriella, argumentando que el presidente tenía la última responsabilidad sobre la respuesta nacional.

Además, la discusión se complicó cuando surgieron versiones sobre diferencias políticas en torno a qué países podían participar. Medios internacionales han señalado que las decisiones tomadas durante las primeras horas dieron una imagen de preferencias hacia países políticamente cercanos al nuevo Ejecutivo, mientras el Gobierno insiste en que los criterios fueron exclusivamente técnicos.

La primera dama entra al centro de la polémica

El nuevo frente de críticas afecta directamente a Ana Lucía Pineda.

De la Espriella ha colocado públicamente a su esposa al frente de una parte importante de la coordinación de las donaciones privadas destinadas a las víctimas.

La propia Presidencia reconoce que las ayudas humanitarias se han tramitado “a través de la oficina de la Primera Dama” y que la campaña denominada Colombia, un solo corazón ha gestionado más de 1.500 toneladas de alimentos y suministros, además de agua, plantas eléctricas, combustible, medicamentos, equipos de comunicación y asistencia para los albergues.

Precisamente el tamaño de esa operación es lo que ha abierto el debate.

¿Por qué una persona que no es funcionaria dirige ayuda pública?

Los críticos cuestionan que una persona sin un cargo constitucional ni responsabilidad administrativa formal termine convirtiéndose en una de las figuras centrales de la respuesta a una emergencia nacional.

La Constitución y la jurisprudencia colombianas no convierten automáticamente a la esposa del presidente en funcionaria pública.

Expertos consultados por El País han advertido que las primeras damas pueden desarrollar actividades sociales o de beneficencia, pero no asumir competencias legalmente asignadas a ministros o entidades del Estado.

El propio Gobierno ha contribuido a aumentar esa percepción.

Durante una declaración oficial, De la Espriella cedió el podio a Pineda para que explicara las operaciones humanitarias y posteriormente afirmó que la ayuda había sido realizada a través de la oficina de la primera dama.

Dos días después volvió a destacar públicamente que su esposa había manejado “todo el tema de ayudas humanitarias” en las zonas afectadas.

Temor a un “Gobierno paralelo”

El cuestionamiento más fuerte consiste en que las actividades de Pineda podrían estar desplazando o restando visibilidad a instituciones creadas precisamente para administrar las políticas sociales.

Entre ellas se encuentra el Departamento de Prosperidad Social, además de la propia Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y las autoridades territoriales.

El exdirector de la UNGRD Javier Pava ha calificado este modelo como un regreso a una concepción asistencialista de las emergencias, donde la ayuda depende de la beneficencia privada en lugar de ser administrada como una responsabilidad del Estado.

Otros expertos consideran problemático que la política social pueda quedar asociada a la esposa del mandatario simplemente por su relación con el presidente.

La crítica no significa que las donaciones gestionadas por Pineda no estén llegando a los damnificados. La propia Presidencia ha informado de toneladas de suministros distribuidos y existe evidencia de una amplia movilización del sector privado.

El debate gira más bien alrededor de quién debe administrar, supervisar y rendir cuentas sobre una operación humanitaria de semejante magnitud.

Ahora surge una preocupación todavía mayor: la reconstrucción

La controversia podría aumentar.

Medios colombianos han informado que Pineda se perfila como una posible figura de coordinación durante la reconstrucción de las zonas devastadas.

Hasta el momento no existe una confirmación oficial de que vaya a convertirse formalmente en gerente de la reconstrucción, pero la información ha sido suficiente para generar nuevas críticas.

La preocupación es sencilla: recolectar donaciones privadas es una cosa; administrar una reconstrucción que potencialmente movilizará miles de millones de dólares en recursos públicos es otra completamente diferente.

Una operación de esa dimensión requiere procesos de contratación, planificación urbana, ingeniería, vivienda, infraestructura, auditorías y mecanismos estrictos de control financiero.

Por eso, quienes cuestionan el creciente protagonismo de la primera dama advierten que esas decisiones deberían permanecer bajo organismos técnicos sometidos a controles administrativos y políticos.

Personalismo en medio de una tragedia

También ha comenzado a cuestionarse el estilo con el que De la Espriella está manejando públicamente la emergencia.

El presidente ha recorrido constantemente las zonas afectadas, encabezado puestos de mando y convertido la crisis en el principal tema de sus primeras jornadas de Gobierno.

Eso le ha permitido mostrar presencia presidencial en los territorios, pero algunos analistas advierten sobre un exceso de personalismo en una emergencia que debería depender principalmente de las instituciones.

El mismo debate rodea a Pineda.

Cada entrega de ayuda, recorrido y operación humanitaria ha adquirido una considerable presencia en sus redes sociales, reforzando su imagen pública en momentos en que apenas comienza la administración de su esposo.

Para sus defensores esto simplemente permite movilizar solidaridad.

Para sus críticos existe el riesgo de convertir la tragedia en una plataforma política.

Las regiones más apartadas también reclaman atención

La otra dificultad para el Gobierno proviene del terreno.

Mientras la respuesta en ciudades como Cali y Pereira ha movilizado rápidamente a policías, militares, bomberos, autoridades locales y voluntarios, comunidades rurales y municipios más aislados han denunciado retrasos en la llegada de asistencia. Reuters ha documentado localidades donde los propios habitantes tuvieron que iniciar búsquedas y atender necesidades mientras esperaban apoyo estatal.

También persisten reclamos de familiares de personas atrapadas en estructuras colapsadas, especialmente por la lentitud de algunas operaciones de rescate y la falta de información clara sobre determinadas búsquedas.

No toda la evaluación de la gestión es negativa

El panorama tampoco permite afirmar que la respuesta del Gobierno haya sido un fracaso general.

De la Espriella declaró rápidamente la emergencia, movilizó instituciones nacionales, recorrió las áreas afectadas y anunció mecanismos extraordinarios para financiar la reconstrucción.

Reuters y Associated Press han documentado una importante capacidad de respuesta institucional colombiana y centenares de rescates exitosos durante los primeros días.

Tampoco se ha registrado hasta ahora un rechazo generalizado al presidente por parte de las poblaciones que ha visitado.

El problema político para De la Espriella es diferente.

Cada día que pasa, la discusión está dejando de centrarse exclusivamente en si el Gobierno reaccionó rápido después del terremoto y empieza a concentrarse en cómo está administrando el poder generado por la emergencia.

La selección de ayuda internacional, el enfrentamiento entre funcionarios del antiguo y nuevo Gobierno, el creciente protagonismo de la primera dama y la posibilidad de que una persona sin cargo público intervenga en la reconstrucción han convertido el desastre en una prueba mucho más amplia para la nueva administración.

Y apenas diez días después de asumir la Presidencia, Abelardo de la Espriella enfrenta ya una pregunta que probablemente marcará sus próximos meses de Gobierno: si la reconstrucción de Colombia será dirigida por instituciones técnicas o alrededor de las figuras políticas del presidente y su esposa.