La entrada de decenas de miles de migrantes desde Marruecos ha convertido a Ceuta en el epicentro de una crisis humanitaria, diplomática y política. Mientras miles de personas permanecen todavía en la ciudad, PSOE y PP se enfrentan por la gestión del Gobierno y Vox encuentra un escenario favorable para endurecer su discurso contra la inmigración.

Tres semanas después de la llegada masiva de migrantes a Ceuta, España continúa intentando contener las consecuencias de una crisis que ya ha desbordado ampliamente el ámbito fronterizo y se ha convertido en uno de los principales asuntos de la política nacional.

El Gobierno español calcula que alrededor de 80.000 personas entraron en Ceuta desde Marruecos durante los días 30 y 31 de julio, en un episodio sin precedentes por su magnitud. Reuters sitúa en aproximadamente 72.000 los migrantes que intentaron atravesar la frontera durante la jornada principal de la avalancha.

Aunque decenas de miles regresaron posteriormente a Marruecos, miles permanecen todavía en territorio ceutí, muchos de ellos en instalaciones improvisadas, espacios públicos o campamentos informales.

La crisis también dejó un elevado costo humano. Al menos 82 personas murieron en el lado español, principalmente ahogadas durante los intentos de alcanzar Ceuta por mar, mientras Marruecos ha informado de otras víctimas en su territorio.

Una ciudad sometida a una presión extraordinaria

La magnitud de la llegada ha llevado al límite los recursos de una ciudad de apenas unos 85.000 habitantes.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, del Partido Popular, llegó a calcular que entre 8.000 y 11.000 migrantes permanecían en la ciudad días después de la crisis, aunque las cifras del Gobierno central eran considerablemente inferiores.

La situación afecta servicios sanitarios, asistencia social, seguridad, alojamiento y justicia. La identificación y protección de aproximadamente 1.400 menores se ha convertido además en uno de los desafíos más complejos para las autoridades.

Ceuta partía además de una situación económica particularmente vulnerable. Aproximadamente el 37% de su población se encuentra en riesgo de pobreza y el desempleo juvenil ronda el 47,5%, por lo que organizaciones sociales temen que la crisis profundice las tensiones existentes.

El Gobierno prepara ahora un plan económico extraordinario para recuperar el turismo, el comercio y las actividades afectadas por los acontecimientos de las últimas semanas.

Feijóo aumenta la presión sobre Sánchez

La crisis se ha convertido también en una nueva batalla entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo.

El PP acusa al Ejecutivo de falta de transparencia y de reaccionar tarde ante la magnitud de los acontecimientos. Los populares incluso acudieron al Tribunal Supremo para intentar obligar a varios ministros a comparecer de manera urgente ante el Senado durante agosto.

El Supremo rechazó este sábado obligar inmediatamente a los ministros de Interior, Exteriores y Defensa a comparecer, aunque el procedimiento continuará mientras el Gobierno presenta sus argumentos.

Feijóo también ha pedido que el Gobierno autorice una visita del rey Felipe VI a Ceuta, asegurando que su presencia podría contribuir a mostrar respaldo institucional a la ciudad.

El PSOE respondió acusando al PP de utilizar políticamente la crisis y de alimentar información exagerada o falsa sobre lo ocurrido.

La presión sobre Sánchez, sin embargo, también comienza a aparecer dentro de su propio partido.

El vicepresidente de la Asamblea de Ceuta y dirigente socialista Melchor León ha criticado abiertamente la actuación del Gobierno central y sostiene que la ciudad ha sido abandonada durante la emergencia.

Vox encuentra un terreno político favorable

La inmigración se ha colocado repentinamente entre las principales preocupaciones del debate político español.

Ese escenario favorece especialmente a Vox, que lleva años convirtiendo el control migratorio, las deportaciones y la denominada “prioridad nacional” en algunos de los pilares de su discurso.

El partido se encuentra alrededor del 17% de intención de voto en algunas encuestas recientes y ocupa la tercera posición política nacional. Analistas citados por El País advierten que cuando la inmigración pasa a percibirse como una amenaza prioritaria, los partidos que defienden posiciones más restrictivas suelen obtener beneficios electorales.

El problema para el Partido Popular es estratégico.

Si adopta posiciones cada vez más duras para evitar perder electores hacia Vox, corre el riesgo de reforzar precisamente el marco político impulsado por la formación de Santiago Abascal. Si se distancia demasiado, puede dejarle a Vox el monopolio del electorado que exige mayores controles fronterizos.

La crisis de Ceuta está trasladando así el debate español hacia un terreno particularmente favorable para la derecha radical.

Marruecos vuelve al centro del conflicto

A la batalla política interna se suma nuevamente la complicada relación entre España y Marruecos.

Rabat ha solicitado a Madrid el retorno de los migrantes supervivientes y también la repatriación de los cuerpos de ciudadanos marroquíes fallecidos durante los intentos de entrada.

El Gobierno marroquí ha cuestionado además la información recibida desde España sobre el número de víctimas.

La actitud de Marruecos durante los acontecimientos del 30 y 31 de julio ha provocado también interrogantes en España. En cambio, cuando aparecieron nuevas convocatorias para intentar atravesar la frontera el 15 de agosto, las fuerzas marroquíes desplegaron drones, helicópteros, unidades antidisturbios y otros medios que impidieron una nueva entrada masiva.

Esa diferencia de comportamiento ha alimentado nuevamente la sospecha de que Rabat utiliza periódicamente el control migratorio como instrumento de presión diplomática sobre Madrid, una acusación que Marruecos rechaza.

Ceuta deja de ser únicamente un problema fronterizo

Tres semanas después de la avalancha, la crisis ya no puede reducirse a lo ocurrido en una frontera española situada en el norte de África.

Hay decenas de fallecidos, miles de migrantes pendientes de una solución, menores que deben recibir protección individualizada, una ciudad sometida a una enorme presión social y un nuevo conflicto diplomático con Marruecos.

Pero también hay una consecuencia política cada vez más evidente.

Ceuta ha colocado nuevamente la inmigración en el centro del debate español y está obligando a PSOE y PP a discutir en un terreno donde Vox se siente especialmente cómodo.

La gestión de lo ocurrido puede convertirse así en uno de los asuntos que definan la política española durante los próximos meses.