Washington sanciona a tres funcionarios y nueve entidades vinculadas al Gobierno cubano y advierte a bancos y empresas extranjeras que también podrían quedar expuestos a medidas estadounidenses si continúan haciendo negocios con ellas.

Estados Unidos abrió este jueves un nuevo capítulo en su ofensiva económica y política contra el Gobierno cubano al imponer sanciones contra tres funcionarios y nueve entidades estatales relacionadas con sectores como la minería, la metalurgia, el comercio exterior y la construcción.

La medida forma parte de la estrategia de la Administración de Donald Trump para aumentar la presión sobre La Habana y limitar las fuentes de financiación del Estado cubano, en momentos en que la isla atraviesa una profunda crisis económica, energética y social.

Entre las entidades sancionadas aparece el propio Ministerio de la Construcción de Cuba, junto con empresas consideradas relevantes para la actividad minera y metalúrgica del país.

La lista incluye a la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, Metalcuba, el Grupo Empresarial Geominero Salinero —Geominsal— y Acinox Comercial.

También fueron incluidas Coratur, Transimport, Consumimport y Acorec, una agencia encargada de proporcionar personal cubano a determinadas compañías extranjeras que operan en la isla.

Marco Rubio coloca al ICAP en el centro de las acusaciones

Washington también sancionó a tres altos dirigentes del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, conocido como ICAP.

Entre ellos figura su presidente, Fernando González Llort, quien integró la denominada Red Avispa y fue condenado por espionaje en Estados Unidos antes de regresar posteriormente a Cuba.

Las otras dos personas sancionadas son la vicepresidenta primera del organismo, Noemí Rabaza Fernández, y la directora para Norteamérica, Leima Martínez Freire.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, acusó al ICAP de funcionar como parte de una estructura destinada a establecer y desarrollar redes de influencia dentro de Estados Unidos utilizando, según Washington, intercambios culturales y educativos como cobertura.

Rubio sostuvo además que el Gobierno cubano trató de aprovechar las actividades relacionadas con el centenario del nacimiento de Fidel Castro para reforzar los contactos entre simpatizantes extranjeros y funcionarios de La Habana.

Las acusaciones han elevado el componente político de las sanciones. Esta vez Washington no se limita a señalar empresas por generar recursos para el Estado cubano, sino que presenta parte de su ofensiva como una respuesta frente a lo que considera actividades de influencia y penetración política en territorio estadounidense.

La advertencia alcanza a empresas extranjeras

Uno de los aspectos más importantes de las nuevas medidas está fuera de Cuba.

Estados Unidos advirtió que personas, bancos o empresas que continúen proporcionando servicios o apoyo a las entidades sancionadas podrían quedar expuestos a medidas estadounidenses.

Rubio pidió específicamente a instituciones financieras extranjeras y compañías que mantengan fondos o relaciones comerciales con las organizaciones señaladas que adopten medidas para interrumpir ese apoyo.

Ese mecanismo puede multiplicar el impacto de las sanciones.

Una empresa internacional no necesita operar directamente en Estados Unidos para considerar riesgoso mantener relaciones comerciales con Cuba. El acceso al sistema financiero estadounidense, las transacciones en dólares y las relaciones con bancos internacionales pueden ser suficientemente importantes como para que compañías extranjeras decidan abandonar operaciones en la isla antes que enfrentarse a posibles sanciones.

Cuba ya ha comenzado a sentir ese efecto.

A finales de julio, el Gobierno cubano reconoció que siete cadenas hoteleras internacionales habían abandonado el país y que esas compañías administraban cerca del 46 % de las habitaciones hoteleras de la isla. La Habana atribuyó esas salidas, entre otros factores, a las presiones y amenazas de sanciones procedentes de Estados Unidos.

Una campaña que se acelera

Las medidas anunciadas este jueves no son un episodio aislado.

El pasado 24 de julio, Washington ya había sancionado a otras nueve entidades cubanas y dos funcionarios en una acción dirigida especialmente contra estructuras relacionadas con energía, comercio y empresas vinculadas al conglomerado estatal-militar GAESA.

La ofensiva actual se apoya además en una orden ejecutiva firmada por Trump en mayo que amplió las herramientas disponibles para sancionar a funcionarios del Gobierno cubano, miembros de sus cuerpos de seguridad y organizaciones consideradas vinculadas al aparato estatal.

A principios de agosto, Rubio aseguró que Cuba no tendría una “válvula de escape” durante el resto del mandato de Trump y dejó claro que Washington pretende mantener la presión hasta conseguir transformaciones políticas y económicas significativas en la isla.

El mensaje representa una diferencia importante respecto a etapas anteriores de la relación bilateral.

La política estadounidense ya no parece orientada simplemente a aislar económicamente determinadas instituciones cubanas. La estrategia busca elevar progresivamente el costo de hacer negocios con el Estado cubano y extender ese riesgo hacia compañías, bancos e inversionistas de terceros países.

Cuba denuncia una estrategia para provocar un colapso

La Habana interpreta exactamente de forma contraria las medidas estadounidenses.

El canciller cubano Bruno Rodríguez acusó recientemente a Washington de intentar reducir deliberadamente los ingresos externos del país y dificultar la capacidad del Estado para suministrar bienes y servicios básicos.

Según Rodríguez, la estrategia estadounidense pretende aumentar el descontento entre la población y crear las condiciones para un estallido social que termine provocando un cambio político.

Washington, por el contrario, sostiene que su objetivo es reducir los recursos disponibles para lo que describe como un aparato represivo y aumentar la presión para que se produzcan cambios políticos y económicos.

Las dos posiciones difícilmente podrían estar más alejadas.

Una Cuba cada vez más aislada económicamente

Las nuevas sanciones llegan además en uno de los momentos económicos más delicados que ha enfrentado Cuba en décadas.

Problemas energéticos, dificultades para importar combustible, falta de divisas, deterioro de infraestructuras, caída del turismo y migración masiva han debilitado considerablemente la economía.

Las sanciones contra sectores como minería, metalurgia, transporte y comercio exterior pueden aumentar todavía más las dificultades del Gobierno para obtener ingresos y mantener relaciones con compañías internacionales.

Pero el efecto político final es mucho más difícil de anticipar.

Washington apuesta a que una presión económica creciente obligará al Gobierno cubano a realizar cambios profundos.

La Habana sostiene que esa misma estrategia castiga principalmente a la población y utiliza las dificultades económicas como instrumento para intentar provocar un cambio de régimen.

Lo que parece cada vez más claro es que la Administración Trump ha descartado cualquier regreso próximo a una política de acercamiento.

Con cada nueva ronda de sanciones, Estados Unidos está construyendo un sistema en el que no solo Cuba queda bajo presión: también aumenta el costo para cualquier empresa extranjera que decida continuar haciendo negocios con el Estado cubano.

Y esa puede terminar siendo la herramienta más poderosa de toda la estrategia estadounidense.