El histórico lema que pedía “poner fin a la dictadura de partido único” fue considerado por los jueces como una amenaza contra el sistema político chino. Los activistas Lee Cheuk-yan y Chow Hang-tung podrían recibir penas de hasta diez años de prisión.

El Tribunal Superior de Hong Kong declaró este viernes culpables de incitación a la subversión a dos de los principales activistas vinculados con las tradicionales vigilias en memoria de las víctimas de la represión de Tiananmén de 1989, en una nueva sentencia que profundiza las dudas sobre el futuro de las libertades políticas en el territorio.

Los condenados son Lee Cheuk-yan, de 69 años, y Chow Hang-tung, de 41, antiguos dirigentes de la Alianza de Hong Kong en Apoyo de los Movimientos Patrióticos y Democráticos de China, organización que durante décadas convocó cada 4 de junio concentraciones multitudinarias para recordar a quienes murieron durante la intervención militar china contra las protestas prodemocráticas de Pekín.

El punto central del proceso no fue únicamente la organización de las vigilias. Los jueces centraron su decisión en una de las consignas históricas utilizadas por la organización: “poner fin a la dictadura de partido único”.

Según el tribunal, la utilización reiterada de esa consigna pretendía generar rechazo hacia el Partido Comunista Chino y socavar uno de los fundamentos del sistema político establecido por la Constitución de China.

La defensa argumentó que los activistas habían desarrollado sus actividades de manera pacífica y que consideraban estar protegidos por las libertades de expresión y participación política tradicionalmente reconocidas en Hong Kong. Los jueces rechazaron ese argumento.

De símbolo de libertad a actividad prohibida

Durante décadas, Hong Kong ocupó una posición excepcional dentro de China.

Mientras cualquier conmemoración pública sobre Tiananmén estaba fuertemente restringida en el territorio continental, decenas de miles de personas podían reunirse cada año en el parque Victoria de Hong Kong con velas para recordar los acontecimientos del 4 de junio de 1989.

Las vigilias llegaron a convertirse en uno de los símbolos más visibles de las libertades políticas que diferenciaban a Hong Kong del resto de China.

Ese escenario cambió después de las grandes protestas prodemocráticas de 2019 y, especialmente, con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional en 2020, impulsada por Pekín.

Desde entonces, las conmemoraciones de Tiananmén dejaron de celebrarse públicamente, numerosas organizaciones prodemocráticas se disolvieron y buena parte de sus principales dirigentes terminaron encarcelados, procesados o exiliados.

La propia Alianza de Hong Kong desapareció formalmente en 2021 bajo una creciente presión de las autoridades.

Hasta diez años de prisión

Lee y Chow permanecen detenidos desde 2021 y habían rechazado declararse culpables.

Un tercer antiguo presidente de la organización, Albert Ho, de 74 años, se declaró previamente culpable del mismo delito.

Las penas contra Lee y Chow todavía no han sido anunciadas. Bajo la legislación de seguridad nacional podrían enfrentar hasta diez años de prisión. Las audiencias para determinar las circunstancias que podrían influir en sus condenas están previstas para finales de agosto.

Diplomáticos de Estados Unidos y de la Unión Europea siguieron personalmente parte del proceso judicial.

Organizaciones internacionales de derechos humanos y varios gobiernos occidentales han cuestionado el uso de la legislación de seguridad nacional contra activistas políticos, argumentando que está reduciendo progresivamente el espacio para la libertad de expresión y la oposición política.

Las autoridades de Hong Kong y Pekín rechazan estas acusaciones y defienden que la legislación es necesaria para garantizar la seguridad nacional y evitar movimientos que pretendan desafiar el orden constitucional chino.

La batalla por la memoria de Tiananmén

La importancia del fallo va más allá del destino de los dos activistas.

Tiananmén continúa siendo uno de los episodios políticos más sensibles para el Gobierno chino. La información sobre las protestas de 1989 y su represión permanece sometida a una estricta censura en China continental.

Hong Kong había representado durante décadas una excepción.

La sentencia de este viernes muestra hasta qué punto esa diferencia se ha reducido: una organización que durante años pudo exigir públicamente reformas democráticas y recordar a las víctimas de Tiananmén terminó siendo considerada por los tribunales como una organización cuyo discurso buscaba socavar los fundamentos políticos del Estado chino.

Para los críticos de Pekín, el caso representa otro paso en la desaparición de las libertades políticas que alguna vez distinguieron a Hong Kong. Para las autoridades chinas, supone la aplicación de una ley destinada a impedir que la oposición política se transforme en una amenaza contra el sistema del país.