Una jueza federal de Nueva York anuló la política de la Administración de Donald Trump que impedía otorgar visas de inmigrante a ciudadanos de 75 países. El tribunal concluyó que el secretario de Estado, Marco Rubio, excedió las facultades que le concede la ley.

La política migratoria de Donald Trump sufrió un nuevo revés judicial después de que una jueza federal estadounidense declarara ilegal la suspensión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, una medida que estaba vigente desde enero.

La jueza de distrito Jeannette Vargas, con sede en Manhattan, determinó que la política impulsada por el Departamento de Estado era contraria a la legislación federal y excedía la autoridad del secretario de Estado, Marco Rubio.

La orden afectaba a solicitantes procedentes de países de América Latina, África, Asia, Oriente Medio, el Caribe y los Balcanes. Entre ellos figuraban Brasil, Colombia, Uruguay, Afganistán, Irán, Rusia, Somalia, Pakistán, Bangladesh, Bosnia y Albania.

El Gobierno los consideraba un riesgo de convertirse en “carga pública”

La Administración Trump justificó la suspensión alegando que los ciudadanos de esos países presentaban un mayor riesgo de depender de programas de asistencia pública una vez establecidos en Estados Unidos.

El Departamento de Estado había indicado a sus funcionarios consulares que detuvieran el procesamiento de visas de inmigrante de esas nacionalidades bajo reglas más estrictas destinadas a determinar si un solicitante podía convertirse en una denominada “carga pública” para el Estado estadounidense.

Según el Gobierno, más del 30% de los hogares de inmigrantes procedentes de los países incluidos en la medida recibían alguna forma de asistencia pública.

Pero la jueza Vargas concluyó que el Departamento de Estado no podía convertir la nacionalidad del solicitante en una prohibición automática.

La jueza dice que Rubio excedió su autoridad

El punto central del fallo está en quién tiene autoridad para decidir si una persona reúne las condiciones para recibir una visa.

La legislación estadounidense otorga a los funcionarios consulares la facultad de analizar individualmente cada solicitud según una serie de criterios establecidos por el Congreso.

Vargas determinó que Marco Rubio no podía sustituir ese análisis individual por una prohibición general aplicada a ciudadanos de países completos.

La jueza calificó la política como “manifiestamente ilegal” y sostuvo que prohibir visas exclusivamente por la nacionalidad del solicitante contradice el sistema establecido por la ley migratoria estadounidense.

Familias separadas llevaron el caso a los tribunales

La demanda fue presentada por organizaciones defensoras de inmigrantes, entre ellas Catholic Legal Immigration Network y African Communities Together, junto con personas directamente afectadas por la medida.

Entre los demandantes había ciudadanos estadounidenses que patrocinaban las solicitudes de familiares extranjeros y personas que intentaban trasladarse legalmente al país mediante visas laborales.

AP señala que seis de los demandantes tenían familiares cuyas visas habían sido rechazadas bajo la política ahora anulada.

Las organizaciones celebraron la decisión como una victoria para la reunificación familiar y el Estado de derecho.

Otro límite judicial a la ofensiva migratoria de Trump

El fallo representa un nuevo choque entre los tribunales federales y la agresiva política migratoria impulsada por Trump durante su segundo mandato.

La Casa Blanca ha defendido el endurecimiento de las reglas migratorias como una herramienta para reforzar la seguridad y evitar que nuevos inmigrantes dependan económicamente del Gobierno.

Sin embargo, distintas medidas han terminado ante los tribunales por cuestionamientos sobre los límites de las facultades del Ejecutivo.

En junio, otro juez federal ya había invalidado una política que dificultaba diferentes trámites migratorios, incluidos permisos de trabajo, solicitudes de residencia y algunos procedimientos relacionados con ciudadanía y asilo.

El Departamento de Estado defendió este sábado sus políticas de revisión y control de solicitantes, aunque indicó que no comentaría específicamente sobre un litigio pendiente.

La decisión de Nueva York no pone fin al enfrentamiento político y judicial sobre inmigración, pero sí elimina, por ahora, una de las restricciones más amplias impuestas por la Administración Trump: la imposibilidad de obtener una visa de inmigrante simplemente por proceder de uno de 75 países incluidos en una lista gubernamental.