Giorgia Meloni y Mette Frederiksen reclaman más expulsiones y centros de retorno en terceros países. La propuesta muestra hasta qué punto políticas migratorias que hace pocos años eran marginales están entrando en el centro de la agenda europea.

Europa continúa endureciendo su política migratoria. Italia y Dinamarca han reforzado este lunes su alianza para reclamar una estrategia más restrictiva frente a la inmigración irregular, incluyendo un aumento de las deportaciones y la utilización de centros de retorno situados fuera de las fronteras de la Unión Europea.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su homóloga danesa, Mette Frederiksen, defendieron conjuntamente la necesidad de reducir la inmigración irregular y facilitar la expulsión de aquellas personas que no tengan derecho legal a permanecer en territorio europeo.

La coincidencia resulta políticamente significativa. Meloni procede de la derecha nacional-conservadora italiana, mientras Frederiksen dirige un Gobierno socialdemócrata. Pese a encontrarse en espacios ideológicos diferentes, ambas han terminado convergiendo en una de las políticas migratorias más restrictivas de Europa.

Centros de retorno fuera de Europa

El elemento más controvertido de la propuesta consiste en trasladar a determinados migrantes sujetos a deportación hacia centros establecidos en terceros países.

La idea ya dejó de ser únicamente una propuesta política. El Parlamento Europeo aprobó en marzo un reglamento que permite establecer los denominados centros de retorno fuera de la Unión Europea cuando exista un acuerdo con el país receptor y se respete el principio de no devolución.

La normativa recibió 389 votos favorables, 206 en contra y 32 abstenciones, reflejando el desplazamiento de la política migratoria europea hacia posiciones considerablemente más restrictivas.

Italia ha sido uno de los países que más ha impulsado este modelo.

El Gobierno de Meloni construyó instalaciones en Albania con la intención de trasladar allí a migrantes interceptados en determinadas circunstancias, aunque el proyecto ha enfrentado obstáculos judiciales, operativos y financieros que han limitado hasta ahora su funcionamiento.

Dinamarca también había defendido anteriormente la posibilidad de gestionar solicitantes de asilo fuera del continente y llegó a estudiar acuerdos con Ruanda. Aquella iniciativa no logró consolidarse, pero varias ideas que entonces parecían excepcionales forman ahora parte del debate central de la Unión Europea.

La crisis de Ceuta vuelve a acelerar el debate

El posicionamiento de Italia y Dinamarca ocurre después de la reciente crisis migratoria registrada en Ceuta, que ha reactivado la discusión sobre las fronteras exteriores de Europa y la distribución de responsabilidades entre los Estados miembros.

Roma y Copenhague han utilizado esa crisis para insistir en que Europa necesita mecanismos capaces de disuadir nuevas entradas irregulares y ejecutar con mayor rapidez las órdenes de expulsión.

España, por el contrario, ha criticado la respuesta de varios gobiernos europeos y ha reclamado mayor solidaridad dentro de la Unión, considerando que la frontera española en Ceuta constituye también una frontera exterior europea.

Las diferencias han provocado incluso tensiones entre Madrid y Roma, con controles fronterizos temporales adoptados por ambos países durante los últimos días.

El giro migratorio europeo ya supera a la derecha

Uno de los aspectos políticamente más relevantes es que el endurecimiento migratorio ya no pertenece exclusivamente a los partidos conservadores o de derecha.

Dinamarca se ha convertido en uno de los principales ejemplos europeos de una socialdemocracia que combina políticas económicas progresistas con controles migratorios particularmente estrictos.

La colaboración entre Frederiksen y Meloni evidencia esta transformación.

El debate europeo empieza así a desplazarse desde la pregunta sobre si deben existir centros de retorno en terceros países hacia otra mucho más práctica: cómo deben funcionar y bajo qué condiciones jurídicas pueden utilizarse.

Ese cambio coincide paradójicamente con una reducción de las entradas irregulares en Europa. Datos citados por El País indican que Frontex registró durante los primeros cuatro meses de 2026 aproximadamente un 40% menos de intentos de entrada irregular que durante el mismo periodo del año anterior.

Esto indica que el endurecimiento de la política migratoria europea no responde únicamente a un incremento del flujo migratorio, sino también a una transformación política y electoral mucho más profunda alrededor del tema.

Derechos humanos, el principal cuestionamiento

Organizaciones humanitarias y sectores de izquierda, verdes y socialdemócratas europeos han cuestionado los centros extraterritoriales por considerar que pueden dificultar la supervisión de las condiciones de detención y aumentar el riesgo de vulneraciones de derechos fundamentales.

El reglamento europeo establece que cualquier tercer país involucrado deberá respetar los derechos humanos y el principio de no devolución. También prohíbe internar en estos centros a menores no acompañados.

Sus defensores argumentan que un sistema migratorio necesita mecanismos efectivos para ejecutar las decisiones de retorno cuando una persona no obtiene autorización para permanecer en Europa.

Sus detractores consideran que trasladar ese proceso fuera de las fronteras europeas puede convertir la externalización migratoria en una forma de reducir las garantías jurídicas y la supervisión pública.

Europa redefine sus fronteras políticas

La alianza entre Meloni y Frederiksen muestra que Europa está atravesando una transformación que supera ampliamente el caso italiano o danés.

Políticas consideradas hace cinco años demasiado radicales para buena parte de los gobiernos europeos están siendo incorporadas progresivamente a la legislación comunitaria.

El verdadero debate ya no gira únicamente alrededor de cuántas personas llegan irregularmente a Europa.

También se discute quién debe hacerse responsable de ellas, dónde deben procesarse las expulsiones y cuánto de esa responsabilidad puede trasladarse a países situados fuera de la Unión.

Italia y Dinamarca quieren acelerar ese cambio.

Y su posición demuestra que el endurecimiento migratorio se está convirtiendo en uno de los pocos terrenos donde gobiernos europeos ideológicamente muy distintos comienzan a encontrar puntos de coincidencia.