El Senado de Estados Unidos aprobó con una amplia mayoría bipartidista una extensión presupuestaria destinada a mantener funcionando al Gobierno federal después del 30 de septiembre. La medida reduce considerablemente el riesgo de un cierre antes de las elecciones legislativas de noviembre, aunque todavía deberá regresar a la Cámara de Representantes debido a las diferencias entre las versiones aprobadas por ambas cámaras.

Washington consiguió este sábado 8 de agosto dar un paso importante para evitar una nueva paralización del Gobierno federal.

El Senado aprobó por 90 votos contra 6 una resolución temporal que mantendría financiadas a las agencias federales hasta el 11 de diciembre, trasladando la gran disputa presupuestaria para después de las elecciones legislativas de noviembre.

El resultado representa una poco habitual demostración de cooperación entre republicanos y demócratas en un Congreso profundamente dividido, pero no significa todavía que el peligro haya desaparecido completamente.

La legislación aprobada por el Senado es diferente a la que la Cámara de Representantes respaldó el pasado 21 de julio, por lo que ambas cámaras tendrán que ponerse de acuerdo antes de que el proyecto pueda llegar al escritorio del presidente Donald Trump.

El reloj sigue corriendo hacia el 30 de septiembre

El actual año fiscal estadounidense termina el 30 de septiembre.

Si antes de la medianoche de esa fecha el Congreso no aprueba las leyes de gasto correspondientes o una extensión temporal, las agencias federales que carezcan de financiación deben comenzar a suspender parte de sus operaciones.

Eso puede provocar el envío temporal a casa de cientos de miles de empleados federales, retrasos administrativos y la interrupción parcial de numerosos servicios públicos.

La resolución aprobada por el Senado pretende evitar precisamente ese escenario, conservando en términos generales los actuales niveles de gasto hasta diciembre.

Pero existe un problema: la Cámara de Representantes aprobó una extensión solamente hasta el 4 de diciembre, mientras el Senado quiere prolongarla una semana más, hasta el día 11.

La Cámara había aprobado su proyecto por 220 votos contra 205, con seis demócratas uniéndose a la mayoría republicana.

Por tanto, alguna de las cámaras tendrá que aceptar cambios antes de que exista una versión definitiva.

Las elecciones de noviembre están detrás del calendario

La elección de diciembre como nueva fecha límite tiene una explicación política evidente.

Estados Unidos celebrará sus elecciones legislativas de medio mandato en noviembre, cuando estará en juego el control de la Cámara de Representantes y parte del Senado.

Ninguno de los dos partidos tiene demasiado interés en llegar a esas elecciones con una paralización del Gobierno federal dominando la campaña.

Un cierre podría afectar a trabajadores públicos, contratistas, programas de asistencia y diferentes actividades gubernamentales, además de proporcionar a republicanos y demócratas una nueva batalla sobre quién es responsable de la crisis.

La resolución temporal desplaza esa confrontación para después de que los estadounidenses hayan votado.

Pero también crea una situación potencialmente explosiva: el Congreso que negocie el presupuesto en diciembre conocerá ya los resultados electorales, aunque los legisladores elegidos en noviembre todavía no habrán asumido sus cargos.

Eso podría convertir el último mes del actual Congreso en una intensa negociación política.

El Senado introdujo límites al Gobierno de Trump

Las diferencias entre ambas cámaras no se limitan a una semana de financiación adicional.

El Senado incorporó disposiciones destinadas a restringir temporalmente algunas decisiones presupuestarias de la Administración Trump.

Una de ellas impediría durante la vigencia de la resolución que la Oficina de Administración y Presupuesto avance con una controvertida propuesta para otorgar mayor influencia a funcionarios políticos sobre la distribución de determinadas subvenciones federales.

La medida se ha convertido en una disputa institucional sobre una cuestión fundamental del sistema estadounidense: quién controla realmente el dinero aprobado por el Congreso.

Los legisladores sostienen que la Constitución concede al Congreso el denominado poder de la bolsa, es decir, la autoridad para determinar cómo se utilizan los recursos públicos.

La Casa Blanca, por su parte, ha intentado aumentar la capacidad del Ejecutivo para revisar o redirigir determinados programas y subvenciones.

El proyecto del Senado también establece restricciones adicionales sobre la posibilidad de trasladar recursos hacia determinadas operaciones fronterizas e incluye protecciones para programas relacionados con vivienda y asistencia alimentaria.

Una votación que muestra hasta dónde llega el acuerdo bipartidista

El resultado de 90 contra 6 es políticamente significativo.

No supone que republicanos y demócratas hayan solucionado sus diferencias presupuestarias.

Significa que una amplia mayoría considera preferible postergar esa batalla antes que correr nuevamente el riesgo de paralizar al Gobierno.

La presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, la republicana Susan Collins, y la principal demócrata del comité, Patty Murray, desempeñaron un papel central en las negociaciones.

La fórmula encontrada conserva esencialmente el gasto existente durante algunas semanas y deja las decisiones más complejas para diciembre.

En otras palabras, Washington no resolvió todavía su presupuesto: compró tiempo.

La Cámara de Representantes tiene ahora la siguiente decisión

El proyecto no puede convertirse en ley en su forma actual mientras las dos cámaras hayan aprobado textos diferentes.

La Cámara deberá aceptar la versión del Senado, modificarla nuevamente o negociar una fórmula conjunta.

Eso introduce todavía cierto grado de incertidumbre.

Los representantes se encuentran en su receso de verano y deben regresar a Washington antes de que expire la financiación gubernamental.

El margen político existe, pero también existe un calendario limitado.

Si la Cámara modifica nuevamente el proyecto, el texto tendría que regresar al Senado antes de poder enviarse a la Casa Blanca.

La amplia votación de este sábado, sin embargo, indica que existe una considerable voluntad política para evitar que el desacuerdo termine en una nueva crisis gubernamental.

Un problema recurrente de Washington

Las amenazas de cierre se han convertido en una característica frecuente de la política estadounidense.

El problema surge porque el Congreso debe aprobar periódicamente las partidas destinadas al funcionamiento del Gobierno y los legisladores utilizan esas fechas límite como instrumento de negociación sobre gasto, inmigración, programas sociales y políticas presidenciales.

Cuando no existe acuerdo, el Gobierno puede quedarse legalmente sin autorización para continuar financiando determinadas operaciones.

Estados Unidos vivió precisamente durante 2025 y comienzos de 2026 intensos enfrentamientos presupuestarios que terminaron afectando parcialmente el funcionamiento federal.

La votación de este sábado muestra que existe poca disposición entre los líderes de ambos partidos a repetir ese escenario justo antes de unas elecciones nacionales.

El verdadero enfrentamiento solamente se aplaza

Si la resolución finalmente es aprobada, Estados Unidos tendrá garantizada la mayor parte del funcionamiento del Gobierno durante las elecciones de noviembre.

Pero las diferencias fiscales seguirán intactas.

Republicanos y demócratas tendrán que discutir en diciembre cuánto gastar, qué programas financiar y qué capacidad tendrá la Administración Trump para modificar el destino de determinados recursos aprobados por el Legislativo.

El resultado electoral podría además transformar completamente esa negociación.

Si alguno de los partidos obtiene el control de una cámara actualmente dominada por su adversario, los legisladores salientes tendrán apenas unas semanas para negociar antes de que el nuevo Congreso tome posesión en enero.

Por eso, la votación del Senado no representa el final de la batalla presupuestaria.

Representa algo más limitado, pero políticamente importante: Estados Unidos parece encaminado a evitar que esa batalla cierre el Gobierno precisamente cuando el país se dirige a las urnas.