La crisis democrática de Nicaragua dio este miércoles un nuevo salto al escenario continental. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó por una amplia mayoría convocar con carácter urgente a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores para analizar la situación del país, después de que Daniel Ortega anunciara que no habrá más elecciones competitivas y su Gobierno impulsara reformas destinadas a garantizar la continuidad del actual régimen.
La resolución obtuvo 29 votos a favor, mientras Brasil votó en contra, México se abstuvo y dos delegaciones estuvieron ausentes. El resultado supone uno de los respaldos regionales más contundentes de los últimos años para elevar el caso nicaragüense al máximo nivel diplomático continental.
La iniciativa había sido promovida originalmente por Estados Unidos y posteriormente recibió el respaldo de numerosos países americanos. La OEA había programado para este 19 de agosto la discusión formal del proyecto denominado “Convocatoria de una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para considerar la situación en Nicaragua”.
Del deterioro democrático a la eliminación de las elecciones
La decisión de la OEA llega exactamente un mes después de que Ortega afirmara públicamente que en Nicaragua no volvería a haber elecciones como mecanismo para disputar el poder.
El régimen de Ortega y Rosario Murillo ha intentado posteriormente matizar el alcance de aquellas palabras, pero al mismo tiempo impulsa una nueva reforma constitucional que contempla períodos de siete años “renovables” y mecanismos que permitirían excluir de la participación política a personas consideradas opositoras.
La iniciativa también pretende fortalecer las facultades del Consejo Supremo Electoral para impedir candidaturas y retirar la personalidad jurídica de partidos que, según los criterios establecidos por el propio régimen, estén vinculados a organizaciones o personas consideradas responsables de acciones contra el Gobierno.
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las reformas representan un intento de institucionalizar la permanencia indefinida en el poder. El organismo interamericano condenó formalmente el proyecto constitucional a comienzos de agosto.
La preocupación regional no surge únicamente de las reformas actuales. Nicaragua llega a esta nueva crisis después de años de cierre progresivo del espacio político, eliminación de organizaciones civiles, persecución de opositores, restricciones a la prensa y encarcelamiento o expulsión del país de críticos del Gobierno.
Una votación mucho más contundente de lo esperado
El resultado de este miércoles mostró que la preocupación por Nicaragua supera las tradicionales divisiones ideológicas de América Latina.
Costa Rica expresó preocupación por el desmantelamiento de las instituciones democráticas, las restricciones a las libertades fundamentales y la persecución de las voces críticas. Honduras sostuvo que había llegado el momento de abandonar las respuestas insuficientes y buscar mecanismos que permitan a Nicaragua regresar a una vía democrática.
Belice fue aún más directo al afirmar durante la sesión que actualmente no existe democracia en Nicaragua y que eliminar el derecho al voto tiene repercusiones para toda la región.
Ecuador aseguró que la situación había cruzado un “umbral crítico”, mientras Perú defendió que había llegado el momento de que el hemisferio se pronunciara con mayor firmeza. Canadá, Argentina, Uruguay y Jamaica también respaldaron elevar el asunto al nivel de los cancilleres.
La votación resulta especialmente significativa porque Nicaragua abandonó formalmente la OEA en noviembre de 2023. Sin embargo, el deterioro institucional del país continúa siendo considerado por una amplia mayoría de gobiernos americanos como un asunto de interés regional.
Brasil rompe con la mayoría y México se abstiene
La principal resistencia durante la reunión procedió de Brasil.
Su delegación sostuvo que, aunque comparte la preocupación por los derechos humanos y la situación democrática nicaragüense, consideraba precipitado convocar a los ministros de Relaciones Exteriores. Finalmente fue el único país que votó contra la resolución.
México optó por abstenerse. Su representante defendió los principios constitucionales mexicanos de autodeterminación de los pueblos y no intervención, y argumentó que la situación interna de Nicaragua no debía ser considerada una amenaza a la paz regional.
Las posiciones de Brasil y México contrastaron con las de otros gobiernos latinoamericanos que, aun defendiendo también el principio de no intervención, consideraron que la eliminación del mecanismo electoral justificaba una respuesta multilateral.
¿Qué significa la decisión de la OEA?
La resolución aprobada este miércoles no significa que la OEA haya impuesto automáticamente sanciones contra Nicaragua.
Lo que hace es elevar la discusión política.
En lugar de quedar exclusivamente en manos de los embajadores que integran el Consejo Permanente, la crisis será abordada directamente por los ministros de Relaciones Exteriores de los países americanos, quienes podrán discutir cuáles deberían ser los siguientes pasos.
La convocatoria de una Reunión de Consulta de Cancilleres es uno de los mecanismos diplomáticos de mayor nivel contemplados por la Organización para analizar asuntos considerados urgentes o de interés común para los Estados americanos.
A partir de ahí podrían surgir nuevas resoluciones, acciones diplomáticas coordinadas o recomendaciones de presión política y económica, aunque cualquier medida adicional necesitará nuevamente acuerdos entre los países.
La propuesta que originó el proceso dejó además expresamente fuera cualquier autorización para recurrir a la fuerza militar.
Ortega enfrenta un continente mucho menos indiferente
Para Daniel Ortega y Rosario Murillo, la votación representa un problema político mayor que una nueva declaración de condena.
Durante años, Managua ha logrado resistir la presión internacional argumentando que las críticas contra el régimen forman parte de una campaña dirigida por Estados Unidos. Pero una resolución respaldada por 29 gobiernos dificulta presentar la discusión exclusivamente como un enfrentamiento bilateral con Washington.
La cuestión que ahora deberán abordar los cancilleres es más profunda: qué debe hacer el sistema interamericano cuando un Gobierno no solamente manipula elecciones, sino que intenta eliminar constitucionalmente la posibilidad de una verdadera alternancia en el poder.
Nicaragua se ha convertido así en una prueba para la propia capacidad de reacción de la OEA.
La reunión de cancilleres todavía deberá definir hasta dónde está dispuesto a llegar el continente. Pero la votación de este miércoles deja una primera señal contundente: ante la posibilidad de que un país americano elimine definitivamente la vía electoral, esta vez la mayoría de los gobiernos de la región decidió que el silencio ya no era suficiente.