El dirigente del PRI intensifica su ofensiva internacional contra el oficialismo mexicano, denuncia un supuesto deterioro democrático y pide sanciones contra autoridades electorales, mientras en México permanece abierto un procedimiento relacionado con acusaciones de enriquecimiento ilícito y desvío de recursos.

La confrontación entre el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno, y el oficialismo mexicano ha comenzado a trasladarse fuera de las fronteras del país.

Moreno intensificó durante 2026 sus visitas a Estados Unidos para denunciar lo que considera una deriva autoritaria del Gobierno de Morena y buscar respaldo internacional frente a decisiones adoptadas por instituciones mexicanas. Su más reciente viaje a Washington es el tercero que realiza este año y el quinto desde el inicio del actual Gobierno mexicano.

La estrategia coincide con uno de los momentos jurídicos más delicados para el dirigente priista.

En México permanece abierto un procedimiento de desafuero relacionado con acusaciones formuladas en su contra por hechos presuntamente ocurridos durante su gestión como gobernador de Campeche. Moreno rechaza las acusaciones y sostiene que forman parte de una persecución política dirigida contra una de las principales figuras de la oposición.

La combinación de ambos factores convierte el enfrentamiento en algo más que una disputa partidista.

Por un lado, existe un proceso judicial y parlamentario que deberá seguir sus cauces institucionales; por otro, Moreno intenta convencer a gobiernos, legisladores y organismos internacionales de que ese procedimiento debe analizarse dentro de un contexto más amplio de presión sobre la oposición mexicana.

Washington se convierte en escenario de la disputa

Durante su más reciente visita a Estados Unidos, Moreno presentó una denuncia ante el Departamento de Estado contra tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), a quienes acusa de restringir su libertad de expresión después de decisiones relacionadas con publicaciones en las que vinculaba a dirigentes de Morena con el crimen organizado.

El dirigente del PRI sostiene que esas actuaciones constituyen censura y ha buscado trasladar el debate mexicano a instituciones estadounidenses.

La ofensiva forma parte de una estrategia internacional más amplia.

Desde el inicio del actual Gobierno, Moreno ha realizado múltiples viajes a Estados Unidos para reunirse con legisladores, organizaciones y medios de comunicación. También ha anunciado que pretende acudir ante organismos como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar lo que describe como persecución política contra sectores opositores.

Incluso ha utilizado un lenguaje considerablemente más duro al referirse a Morena, al intentar vincular políticamente al partido gobernante con estructuras criminales.

Estas son acusaciones formuladas por Moreno y el PRI; no equivalen por sí mismas a conclusiones judiciales sobre la responsabilidad del partido oficialista.

El desafuero vuelve a perseguir a Moreno

Mientras el dirigente priista intenta internacionalizar su enfrentamiento político, la situación dentro de México podría complicarse a partir de septiembre.

El proceso parlamentario está actualmente ralentizado por el receso legislativo, pero puede recuperar impulso con el reinicio de las actividades del Congreso.

Las acusaciones contra Moreno se remontan a su etapa como gobernador de Campeche.

La Fiscalía estatal ha promovido procedimientos para retirar su inmunidad parlamentaria y poder avanzar penalmente en investigaciones que incluyen señalamientos de enriquecimiento ilícito. En debates parlamentarios también se han mencionado acusaciones relacionadas con presunto tráfico de influencias, desvío de recursos públicos, peculado y otras posibles irregularidades.

La existencia de estas investigaciones no supone una declaración de culpabilidad.

El desafuero es precisamente el mecanismo mediante el cual el Congreso determina si debe retirarse la inmunidad procesal de un legislador para permitir que una causa penal continúe; no funciona como un juicio destinado a determinar responsabilidad criminal.

Moreno ha rechazado reiteradamente los señalamientos y sostiene que las investigaciones son utilizadas por sus adversarios políticos para intentar apartarlo de la vida pública.

Una oposición debilitada busca atención internacional

La ofensiva ocurre además en un momento especialmente complicado para el PRI.

El partido que gobernó México durante gran parte del siglo XX ha perdido durante los últimos años buena parte de su poder electoral y territorial, mientras Morena se ha consolidado como la principal fuerza política nacional.

En ese escenario, Moreno ha convertido la denuncia internacional en una herramienta para elevar el costo político de cualquier procedimiento en su contra.

La estrategia tiene una lógica evidente: si el conflicto permanece exclusivamente dentro de México, la oposición debe combatir dentro de instituciones donde Morena posee una considerable capacidad política; al llevar la disputa a Washington y organismos internacionales, el dirigente priista intenta ampliar el número de actores que observan el proceso.

Pero la estrategia también tiene riesgos.

Acudir a autoridades extranjeras para intervenir públicamente en disputas políticas internas permite a Morena presentar al dirigente opositor como una figura que busca apoyo externo para resolver conflictos que deberían procesarse dentro de las instituciones mexicanas.

El INE entra también en la confrontación

La disputa con los consejeros electorales agrega otra dimensión institucional al conflicto.

México ha vivido durante años una fuerte discusión alrededor de la autonomía y funcionamiento del Instituto Nacional Electoral, una institución central en la organización de las elecciones del país.

Moreno sostiene ahora que determinadas decisiones del organismo restringieron ilegalmente su discurso político. Su respuesta no ha sido limitarse a impugnar esas actuaciones dentro del sistema mexicano, sino buscar que autoridades estadounidenses conozcan el caso.

Esto convierte una controversia originalmente electoral en otro capítulo de la internacionalización de la batalla entre el dirigente del PRI y Morena.

Septiembre puede ser decisivo

La verdadera prueba llegará cuando el Congreso mexicano retome plenamente su actividad.

Si el procedimiento de desafuero vuelve a avanzar, Moreno podría enfrentar una de las mayores amenazas políticas de su carrera.

El dirigente priista intentará presentar cualquier movimiento en su contra como una prueba de sus denuncias sobre persecución de la oposición. Morena y sus aliados, en cambio, pueden argumentar que la inmunidad parlamentaria no debería impedir que las autoridades investiguen acusaciones de posibles delitos.

La disputa coloca así dos principios importantes frente a frente.

Un Estado democrático debe permitir que las investigaciones judiciales avancen independientemente de la posición política de los involucrados, pero también debe garantizar que los mecanismos judiciales y parlamentarios no sean utilizados como instrumentos para eliminar adversarios.

Será el desarrollo del expediente, la evidencia presentada y el respeto al debido proceso lo que permita distinguir entre ambas interpretaciones.

Por ahora, Alejandro Moreno ha decidido librar las dos batallas simultáneamente.

Mientras en México intenta conservar su fuero y defenderse de las acusaciones formuladas en su contra, en Estados Unidos busca construir una narrativa internacional según la cual su caso forma parte de un problema democrático mucho mayor.

La pelea entre “Alito” Moreno y Morena ha dejado así de ser únicamente una disputa mexicana: el dirigente del PRI quiere convertirla también en una cuestión internacional.