El pacto abarcaría 17 campos con unos 65.000 millones de barriles y contempla inversiones privadas cercanas a los 100.000 millones de dólares. Sin embargo, el texto íntegro del acuerdo no ha sido publicado y persisten dudas sobre su constitucionalidad, ejecución y efecto real sobre la producción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un amplio acuerdo petrolero con el Gobierno interino de Venezuela que otorgaría a Washington el control mayoritario sobre la explotación de aproximadamente 65.000 millones de barriles de crudo venezolano.

Trump presentó el pacto como “el mayor acuerdo petrolero de la historia” y aseguró que permitirá duplicar las reservas a disposición de Estados Unidos, reducir los precios de los combustibles y estimular la recuperación de la deteriorada industria energética venezolana.

El entendimiento fue negociado con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, después de la captura y salida del poder de Nicolás Maduro en enero. Por parte de Washington participaron el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Una empresa con participación estadounidense

La propuesta contempla la creación de una empresa privada integrada por el Gobierno estadounidense y un operador cuya identidad todavía no se ha divulgado. Esta compañía recibiría derechos para desarrollar 17 campos petroleros situados principalmente en la Faja del Orinoco y el lago de Maracaibo.

Estados Unidos tendría una participación operativa efectiva del 55 % y podría adquirir parte del petróleo al costo de producción. Washington pretende utilizar ese suministro para recuperar su Reserva Estratégica de Petróleo y atender necesidades energéticas nacionales.

El volumen incluido en el acuerdo representa más de una quinta parte de las reservas comprobadas de Venezuela, país que posee los mayores depósitos de petróleo conocidos del mundo.

Según las estimaciones difundidas por ambas partes, el proyecto podría atraer cerca de 100.000 millones de dólares en inversión privada y generar unos 209.000 millones en ingresos tributarios para Venezuela. No obstante, esas proyecciones dependerán de la recuperación de campos, refinerías, oleoductos y terminales que han sufrido años de abandono y falta de mantenimiento.

Un acuerdo todavía sin texto público

Pese a la magnitud del anuncio, Washington y Caracas no han divulgado el texto completo del pacto. Tampoco se conocen con precisión la duración de las concesiones, la identidad del principal operador, el sistema de reparto de utilidades ni las garantías ofrecidas a las empresas participantes.

La ausencia de documentación pública impide determinar si Estados Unidos controlará jurídicamente las reservas o si tendrá una posición mayoritaria únicamente dentro de la sociedad encargada de explotarlas.

Esa diferencia es fundamental. De acuerdo con la Constitución venezolana, los yacimientos de hidrocarburos pertenecen a la República y no pueden ser transferidos como propiedad a otro Estado. El acuerdo podría, por tanto, enfrentar impugnaciones si se interpreta como una cesión de soberanía sobre los recursos naturales.

El Gobierno interino de Delcy Rodríguez aprobó anteriormente una reforma que permite una mayor participación privada en el sector petrolero, reduciendo el monopolio histórico de la estatal Petróleos de Venezuela. Esa apertura creó las condiciones para negociar nuevos contratos con compañías extranjeras, aunque no elimina todas las restricciones constitucionales.

Beneficios para Washington

El acuerdo permitiría a Estados Unidos asegurar un suministro estable de petróleo pesado, un tipo de crudo que varias de sus refinerías están preparadas para procesar.

También responde a la presión interna sobre Trump por el precio de los combustibles y por el bajo nivel de la Reserva Estratégica estadounidense. La Casa Blanca sostiene que el pacto no tendrá costo para los contribuyentes, pues la inversión procederá principalmente de compañías privadas.

La petrolera Chevron negocia paralelamente la ampliación y reestructuración de sus proyectos en Venezuela, incluido el campo Petropiar y nuevas áreas de la Faja del Orinoco. Empresas de servicios petroleros también han comenzado a recuperar equipos almacenados y a estudiar el estado de los campos venezolanos.

La producción no aumentará inmediatamente

Expertos del sector advierten que disponer de grandes reservas no significa que el petróleo pueda extraerse de manera inmediata. Buena parte de la infraestructura venezolana se encuentra deteriorada, mientras que numerosos pozos necesitan reparación, nueva tecnología y grandes inversiones.

El crudo de la Faja del Orinoco es además pesado y requiere procesos especiales para su extracción, transporte y refinación. El desarrollo completo de los 17 campos podría tardar años, por lo que no se espera una reducción inmediata del precio de la gasolina en Estados Unidos.

Las empresas petroleras también deberán evaluar la estabilidad jurídica del nuevo modelo. Venezuela tiene antecedentes de nacionalizaciones, incumplimientos contractuales y deudas con compañías extranjeras, factores que podrían reducir el interés de los inversionistas o elevar el costo de los proyectos.

Soberanía frente a recuperación económica

Para el Gobierno interino venezolano, el acuerdo representa una oportunidad de atraer capital, reconstruir la industria petrolera y aumentar los ingresos públicos después de años de sanciones, caída de la producción y crisis económica.

Sin embargo, sus críticos sostienen que el país podría estar entregando un grado excesivo de control sobre su principal recurso a cambio de inversiones todavía inciertas. También cuestionan que un acuerdo de esta magnitud se haya negociado sin consulta pública y en medio de una transición política que aún no ha concluido.

La discusión trasciende el ámbito energético. El pacto redefine la relación entre Washington y Caracas y consolida la influencia estadounidense sobre la economía venezolana después de la salida de Maduro.

Trump presenta el entendimiento como una operación beneficiosa para ambas naciones. Para Estados Unidos significaría mayor seguridad energética; para Venezuela, inversiones y una posible recuperación de la producción.

Pero mientras no se conozcan los documentos definitivos, seguirá abierta la pregunta central: si Venezuela está asociándose con Estados Unidos para rescatar su industria petrolera o cediendo a una potencia extranjera una parte sustancial del control sobre su principal riqueza nacional.