La propuesta permitiría impedir candidaturas calificadas por el régimen como “traidoras” o “golpistas”, ampliaría el mandato presidencial a siete años renovables y reforzaría el control de Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre el sistema electoral.
El régimen de Daniel Ortega dio un nuevo paso hacia la eliminación definitiva de la competencia política en Nicaragua al presentar una reforma constitucional que permitiría excluir de futuras elecciones a dirigentes, partidos y candidatos señalados como “traidores” o “golpistas”.
La iniciativa también contempla ampliar el periodo presidencial de seis a siete años renovables, creando un mecanismo que facilitaría la permanencia indefinida de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, quienes actualmente ejercen el poder bajo la figura de copresidentes.
El proyecto fue presentado ante la Asamblea Nacional, una institución ampliamente controlada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. El presidente del Legislativo, Gustavo Porras, confirmó que la reforma pretende establecer un nuevo sistema político denominado por el oficialismo como una “Presidencia del Pueblo”.
Sin embargo, el contenido conocido hasta ahora apunta a una concentración todavía mayor del poder en la pareja presidencial y a la creación de instrumentos constitucionales para bloquear cualquier candidatura que represente una amenaza para el oficialismo.
De la amenaza a la reforma constitucional
La propuesta se conoce pocos días después de que Ortega afirmara públicamente que en Nicaragua “no habrá más elecciones” para quienes intenten desplazar al sandinismo del poder.
Durante su discurso por el aniversario de la Revolución Sandinista, el mandatario aseguró que se levantaría una “muralla” contra las organizaciones opositoras, a las que acusó de responder a intereses extranjeros y de intentar apoderarse del Gobierno.
La nueva reforma permitiría convertir esas declaraciones en disposiciones legales. Bajo conceptos amplios como “traición a la patria” o participación en acciones “golpistas”, el Consejo Supremo Electoral podría inhabilitar candidatos, cancelar partidos y cerrar cualquier espacio de participación a los sectores contrarios al Gobierno.
El principal riesgo es que las autoridades controladas por Ortega tendrían la capacidad de decidir quién puede ser considerado opositor legítimo y quién debe ser excluido del sistema político.
Siete años renovables en el poder
Otro de los puntos centrales es la ampliación del periodo presidencial a siete años renovables. Nicaragua ya había reformado su Constitución para extender el mandato de cinco a seis años y establecer formalmente la figura de la copresidencia, colocando a Rosario Murillo al mismo nivel constitucional que Ortega.
La nueva modificación eliminaría en la práctica cualquier límite temporal claramente definido. El término “renovable” permitiría prolongar los mandatos sin establecer una obligación real de celebrar elecciones competitivas.
Para los críticos del régimen, el objetivo sería garantizar la continuidad del poder familiar y preparar una eventual sucesión controlada por Murillo, sin exponerse a una votación que pueda reflejar el descontento existente entre la población.
Ortega permanece de forma continua en la Presidencia desde 2007, además de haber gobernado durante la década de 1980. Desde su regreso al poder, el sandinismo ha reformado progresivamente las reglas electorales, eliminado límites a la reelección y subordinado las principales instituciones públicas al Ejecutivo.
Una oposición perseguida y expulsada
La reforma se produce después de años de represión contra partidos políticos, medios de comunicación, organizaciones civiles, universidades y representantes de la Iglesia católica.
Antes de las elecciones de 2021, varios aspirantes presidenciales y dirigentes opositores fueron encarcelados o forzados al exilio. Posteriormente, el Gobierno canceló organizaciones políticas, cerró miles de asociaciones civiles y despojó de la nacionalidad nicaragüense a centenares de críticos y disidentes.
El endurecimiento del régimen se intensificó después de las protestas de 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos, según organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos.
Desde entonces, la oposición organizada prácticamente desapareció del territorio nicaragüense. Buena parte de sus dirigentes permanece en el exilio, mientras las autoridades mantienen restricciones sobre la prensa independiente, las manifestaciones y la organización política.
Nicaragua avanza hacia una dictadura constitucional
Aunque el país podría conservar formalmente instituciones como la Asamblea Nacional, el Consejo Supremo Electoral y la Presidencia, estas operarían sin independencia y bajo reglas diseñadas por el propio régimen.
La reforma no eliminaría únicamente a determinados candidatos. También permitiría al Gobierno definir previamente quién puede participar, qué partidos pueden existir y bajo cuáles condiciones puede producirse una eventual renovación del poder.
De aprobarse, Nicaragua mantendría la apariencia de un Estado constitucional, pero sin alternancia, oposición efectiva ni elecciones competitivas.
La iniciativa representa así la transformación de un régimen autoritario electoral en una estructura política abiertamente cerrada, en la que Daniel Ortega y Rosario Murillo podrían gobernar durante periodos renovables y excluir legalmente a cualquier adversario acusado por el propio Gobierno de actuar contra la revolución.
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Extracto: El régimen de Daniel Ortega impulsa una reforma constitucional que permitiría excluir candidatos y partidos opositores, ampliar el mandato presidencial a siete años renovables y consolidar el control familiar sobre Nicaragua.
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Categoría: Política internacional
País: Nicaragua
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