La Asamblea Nacional aprobó en primera votación una nueva reforma constitucional impulsada por Daniel Ortega y Rosario Murillo. La medida restringe la participación opositora y amplía de seis a siete años los mandatos de los copresidentes y otras autoridades.

Nicaragua atraviesa una nueva fase de su prolongada crisis política. La Asamblea Nacional, controlada por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, aprobó en primera votación una reforma constitucional que permitirá excluir de las elecciones a organizaciones y dirigentes considerados por el Gobierno como “traidores” o “golpistas”.

La iniciativa fue promovida por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo y también extiende de seis a siete años renovables sus mandatos. La ampliación alcanza a otras autoridades electas y a las jefaturas del Ejército y la Policía Nacional.

La modificación aún no se encuentra plenamente vigente. La legislación nicaragüense exige que las reformas constitucionales sean aprobadas durante dos legislaturas consecutivas. Rosario Murillo anunció que la segunda votación comenzará el 18 de enero de 2027, trámite que debería ser una formalidad debido al dominio oficialista del Parlamento.

La competencia electoral queda en manos del Gobierno

La reforma no se limita a modificar la duración de los cargos. Su consecuencia más importante es que permite al poder político decidir quién puede ser considerado apto para participar en una elección.

Las expresiones “traidor” y “golpista” han sido utilizadas reiteradamente por el Gobierno para referirse a opositores, periodistas, empresarios, dirigentes religiosos, activistas y antiguos aliados del sandinismo. Al incorporarlas al orden constitucional, la Administración Ortega-Murillo obtiene una herramienta para excluir legalmente a prácticamente cualquier adversario.

La medida formaliza una situación que ya existía en la práctica. En las elecciones de 2021, los principales aspirantes opositores fueron encarcelados o inhabilitados antes de la votación. Ortega consiguió entonces un cuarto mandato consecutivo en unos comicios cuestionados por Estados Unidos, la Unión Europea y diferentes gobiernos latinoamericanos.

Ortega había anunciado el fin de las elecciones

La aprobación parlamentaria se produce después de que Daniel Ortega declarara públicamente, durante el aniversario de la Revolución Sandinista, que en Nicaragua no volverían a celebrarse elecciones que permitieran el regreso de la oposición al Gobierno.

Sus palabras generaron críticas en Centroamérica y otros países latinoamericanos. Estados Unidos solicitó aumentar el aislamiento internacional del Gobierno nicaragüense, mientras Panamá retiró a su embajador en Managua.

La reforma transforma aquella declaración política en una estructura jurídica destinada a prolongar indefinidamente el poder compartido por Ortega y Murillo.

En 2025 ya había entrado en vigor otra modificación constitucional que elevó a Rosario Murillo de vicepresidenta a copresidenta, aumentó el mandato presidencial de cinco a seis años y otorgó al Ejecutivo mayores facultades para coordinar los poderes Legislativo y Judicial.

La nueva ampliación hasta siete años vuelve a modificar ese calendario y aumenta la incertidumbre sobre las elecciones que habían sido trasladadas hasta finales de 2027.

Un modelo de poder familiar

Daniel Ortega regresó a la Presidencia en 2007 y se aproxima a completar dos décadas consecutivas al frente del país. Con Rosario Murillo convertida constitucionalmente en copresidenta, el sistema político nicaragüense ha evolucionado hacia un modelo de dirección familiar y concentración institucional.

La pareja presidencial controla el Ejecutivo, dispone de una mayoría absoluta en el Parlamento y mantiene influencia sobre el sistema judicial, las autoridades electorales, la Policía y otras instituciones estatales.

La oposición considera que la copresidencia y la ampliación sucesiva de los mandatos buscan garantizar la continuidad de Murillo y de la familia gobernante ante una eventual ausencia de Ortega.

La crisis permanece abierta desde 2018

Nicaragua vive una crisis política y social desde abril de 2018, cuando las protestas contra el Gobierno fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad y grupos armados oficialistas. Organizaciones de derechos humanos contabilizaron más de trescientas muertes, miles de heridos y un éxodo masivo de ciudadanos.

Desde entonces, las autoridades han encarcelado o expulsado a dirigentes opositores, retirado la nacionalidad a centenares de críticos y clausurado más de cinco mil organizaciones civiles, religiosas y educativas.

Aunque decenas de presos políticos han sido excarcelados en diferentes momentos, muchos quedaron bajo arresto domiciliario o fueron enviados al exilio. El Gobierno niega que mantenga personas encarceladas por razones políticas.

La nueva reforma no representa únicamente otro cambio en las reglas electorales. Marca la transformación de la exclusión política en un principio constitucional y reduce todavía más las posibilidades de una transición democrática negociada.