La primera mujer elegida presidenta de Perú anunció una mayor participación de las Fuerzas Armadas, una reforma penitenciaria y medidas extraordinarias contra la delincuencia. Su llegada al poder marca el regreso del fujimorismo después de 26 años y refuerza el giro conservador de América Latina.

Keiko Fujimori asumió oficialmente la Presidencia de Perú este martes 28 de julio, después de imponerse por un estrecho margen en la segunda vuelta electoral y superar tres intentos anteriores por llegar al poder.

La dirigente de Fuerza Popular se convirtió en la primera mujer elegida presidenta del país y comenzó un mandato de cinco años en medio de una profunda polarización política, protestas opositoras y una creciente preocupación ciudadana por la delincuencia, la extorsión y el crimen organizado.

Durante su discurso de investidura, Fujimori presentó la recuperación del orden como una de las principales prioridades de su Gobierno. La nueva mandataria prometió fortalecer la participación de las Fuerzas Armadas en las zonas declaradas en emergencia y reorganizar las operaciones del Estado contra las organizaciones criminales.

Una megacárcel y jueces con identidad reservada

Entre las medidas planteadas durante la campaña se encuentra la construcción de una megacárcel destinada a delincuentes considerados de alta peligrosidad, además de reformas que permitirían a determinados jueces mantener reservada su identidad cuando conozcan casos relacionados con el crimen organizado.

La propuesta busca proteger a los funcionarios judiciales frente a amenazas y represalias, aunque organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que una política de seguridad excepcional debe mantener garantías procesales, controles institucionales y mecanismos que eviten abusos de autoridad.

Fujimori también ha defendido una mayor presencia militar en el combate contra la minería ilegal, el narcotráfico y las bandas dedicadas a la extorsión. Su estrategia ha sido comparada con las políticas de seguridad aplicadas en El Salvador, aunque el nuevo Gobierno peruano todavía no ha detallado hasta dónde llegarían las facultades extraordinarias de las fuerzas de seguridad.

El regreso del fujimorismo al poder

La toma de posesión representa el retorno del fujimorismo a la Presidencia después de más de dos décadas.

Keiko Fujimori es hija del expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000. Su legado continúa dividiendo al país entre quienes recuerdan la derrota de los grupos terroristas y la estabilización económica, y quienes responsabilizan a su Gobierno de autoritarismo, corrupción y violaciones de derechos humanos.

La nueva presidenta intentó distanciarse de los temores de una deriva autoritaria y aseguró que gobernará únicamente durante el periodo constitucional correspondiente. Sin embargo, su llegada al poder fue recibida con manifestaciones en las calles y protestas dentro del Congreso. Legisladores opositores abandonaron la sesión inaugural y exigieron investigaciones sobre las muertes ocurridas durante las protestas de 2022 y 2023.

Una victoria por menos de 50 mil votos

Fujimori obtuvo el 50.135 % de los votos frente al 49.865 % alcanzado por el izquierdista Roberto Sánchez. La diferencia final fue de 49,641 sufragios, dentro de un universo superior a los 18 millones de votos emitidos.

Sánchez cuestionó inicialmente el proceso y denunció presuntas irregularidades, pero posteriormente reconoció el resultado después de que las autoridades electorales certificaran oficialmente la victoria de Fujimori.

La estrecha diferencia refleja la fractura territorial y social de Perú. Fujimori concentró buena parte de su apoyo en las zonas costeras, mientras Sánchez obtuvo mejores resultados en varias regiones andinas y rurales.

Seguridad, inversión y aumento salarial

Además de la lucha contra el crimen, Fujimori prometió impulsar grandes proyectos de infraestructura mediante alianzas con empresas privadas, fortalecer la inversión minera y mejorar el clima para los negocios.

También anunció un incremento del 15 % en el salario mínimo, la reorganización de programas de asistencia alimentaria, mayores pensiones para adultos mayores en condición de pobreza y nuevas medidas para combatir la desnutrición y la anemia infantil.

El Gobierno deberá explicar cómo financiará simultáneamente el aumento del gasto social, las nuevas obras públicas, la reforma penitenciaria y el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad sin comprometer la disciplina fiscal prometida por la presidenta.

Un Congreso fragmentado

Fuerza Popular será la agrupación con mayor presencia en el nuevo Congreso bicameral, pero no contará por sí sola con una mayoría suficiente para aprobar todas las reformas del Ejecutivo.

Fujimori necesitará negociar con otras fuerzas conservadoras y grupos regionales para sostener su agenda y evitar el enfrentamiento permanente entre el Ejecutivo y el Legislativo que provocó sucesivas crisis presidenciales durante la última década.

La fragmentación parlamentaria constituye uno de los principales desafíos para una mandataria que llega al poder en un país donde ningún presidente había logrado completar normalmente su periodo durante los últimos años.

Perú refuerza el giro político de América Latina

La victoria de Fujimori también fortalece el desplazamiento regional hacia gobiernos conservadores que han utilizado la inseguridad, el rechazo a la clase política tradicional y la demanda de estabilidad económica como principales banderas electorales.

Su investidura contó con la presencia y el respaldo de dirigentes conservadores de la región, mientras varios presidentes de izquierda se mantuvieron alejados de la ceremonia.

Keiko Fujimori comienza así su mandato con una promesa clara: recuperar el control territorial y devolver seguridad a la población. Sin embargo, deberá demostrar que la mano dura puede reducir el crimen sin debilitar el Estado de derecho ni repetir los episodios autoritarios asociados al apellido que nuevamente ocupa el Palacio de Gobierno.