Una investigación de expertos de Naciones Unidas señala que aeronaves Boeing habrían transportado armas, drones y combatientes extranjeros para las Fuerzas de Apoyo Rápido. Las rutas conectan aeropuertos de Chad, Libia, Somalia y Sudán, revelando cómo una guerra iniciada por la disputa entre dos generales se transformó en una operación transnacional.

La guerra de Sudán ya no puede explicarse únicamente como una confrontación interna entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido.

Un borrador elaborado por el Panel de Expertos de Naciones Unidas sostiene que una red internacional de aeronaves, empresas privadas, aeropuertos militares y mercenarios habría trasladado combatientes, armas y drones hacia las Fuerzas de Apoyo Rápido, conocidas como RSF por sus siglas en inglés.

El documento, entregado al Consejo de Seguridad antes de su publicación definitiva prevista para septiembre de 2026, identifica varios aviones Boeing 727 que habrían operado entre Chad y Nyala, principal centro militar y logístico de las RSF en Darfur.

Los expertos aseguran haber recibido información confiable de cuatro fuentes diferentes que vincula las aeronaves con el transporte de combatientes, mercenarios extranjeros y equipo militar.

Aviones que desaparecían de los radares

Las aeronaves señaladas comenzaron a aparecer en el aeropuerto de Yamena, capital de Chad, desde noviembre de 2024.

Tres Boeing 727 operaban desde la sección militar del aeropuerto, pero sus movimientos no quedaron registrados en los sistemas independientes utilizados habitualmente para seguir vuelos comerciales y privados.

El Panel de Expertos sospecha que los operadores tomaron medidas deliberadas para evitar la detección durante los vuelos. Entre enero y julio de 2026, varios Boeing 727 y aviones de transporte Ilyushin Il-76 realizaron aterrizajes nocturnos en Nyala.

La ausencia de registros no significa que los aviones fueran invisibles. Imágenes satelitales, videos publicados en fuentes abiertas y datos de telefonía permitieron reconstruir parte de sus movimientos entre Chad, Libia y Sudán.

La ruta Yamena-Nyala habría sido utilizada para introducir personal extranjero y material militar directamente en Darfur, una región sometida desde 2004 a un embargo de armas de Naciones Unidas.

Una red vinculada con un contratista estadounidense

Una investigación periodística publicada semanas antes había rastreado tres aeronaves antiguas operadas por compañías relacionadas con Steven Shaulis, antiguo integrante de las Fuerzas Especiales del Ejército estadounidense y contratista del Gobierno de Estados Unidos.

Los aviones fueron localizados en aeropuertos y centros logísticos utilizados por las RSF en Sudán, Chad, Libia y Somalia.

Uno de ellos, un Boeing 737, fue destruido en mayo de 2025. La investigación encontró indicios de que transportaba combatientes de las RSF, aunque inicialmente no pudo determinar con precisión qué carga llevaban las demás aeronaves.

El nuevo borrador de Naciones Unidas agrega esa pieza: los aviones Boeing 727 habrían transportado armas, drones y mercenarios.

Sin embargo, es importante distinguir entre la vinculación de las aeronaves y una acusación directa contra sus propietarios. Reuters informó que no encontró pruebas de que Shaulis o sus empresas hubieran sido sancionados o acusados formalmente de cometer algún delito.

Un socio comercial de Shaulis negó anteriormente que una de las compañías propietarias tuviera relación con las RSF y rechazó que sus aviones hubieran aterrizado en determinados aeropuertos de Sudán y Libia.

Chad niega haber autorizado las operaciones

La Autoridad de Aviación Civil de Chad aseguró que ninguno de los Boeing identificados tenía autorización para operar desde el país.

Las autoridades chadianas señalaron, no obstante, que la aviación civil no controla las operaciones militares ni administra los sistemas utilizados para vigilar movimientos desde la sección castrense del aeropuerto.

El ministro de Relaciones Exteriores de Chad afirmó que cualquier información sobre las aeronaves se encuentra sometida a secreto de defensa y sostuvo que la participación de su país en la crisis sudanesa se limita a esfuerzos diplomáticos.

La respuesta deja abierta una pregunta central: ¿cómo pudieron varios aviones permanecer durante meses en una instalación militar y realizar vuelos no registrados sin que ninguna autoridad conociera sus operaciones?

El borrador de Naciones Unidas no ofrece todavía una respuesta definitiva, pero describe una estructura que aprovechó instalaciones militares, vuelos nocturnos y corredores regionales difíciles de fiscalizar.

Los “Lobos del Desierto”

La segunda parte de la investigación se concentra en los combatientes colombianos desplegados junto a las RSF.

El Panel de Expertos considera creíbles las estimaciones que sitúan entre 1.500 y 2.000 el número de mercenarios reclutados para intervenir en Sudán.

Estos combatientes, conocidos como los “Lobos del Desierto”, habrían establecido una base en Nyala en marzo de 2025. Sus funciones incluían operar drones, participar en la planificación militar y apoyar las operaciones de las RSF alrededor de El Fasher, capital de Darfur del Norte.

La ciudad cayó en octubre de 2025 después de un prolongado asedio. Naciones Unidas y organizaciones defensoras de derechos humanos han acusado a las RSF de cometer graves abusos contra la población civil durante su avance y ocupación.

El informe sostiene que los colombianos fueron contratados por Global Security Services Group, una empresa de seguridad con sede en Emiratos Árabes Unidos. La compañía no respondió a las consultas periodísticas sobre las conclusiones de los expertos.

De Bogotá a Darfur

Human Rights Watch documentó una extensa cadena de reclutamiento y traslado de antiguos militares colombianos.

Según su investigación, al menos 300 colombianos ya habían sido desplegados en agosto de 2024. Algunos habrían recibido propuestas laborales presentadas inicialmente como trabajos de seguridad en Emiratos Árabes Unidos, antes de ser trasladados hacia zonas vinculadas con la guerra sudanesa.

Las rutas identificadas atravesaban instalaciones en Emiratos Árabes Unidos y continuaban por diferentes corredores: Bengasi y Kufra, en Libia; Bossaso, en Somalia; y Yamena, en Chad.

Desde esos puntos, los contratistas eran transportados hacia Nyala y otras áreas controladas por las RSF.

La organización también encontró evidencias de que algunos combatientes colombianos participaron en operaciones militares, entrenamiento de reclutas y manejo de drones. Human Rights Watch considera que el uso de instalaciones militares y aeropuertos controlados por gobiernos merece una investigación internacional más profunda.

Libia proporcionó otra puerta de entrada

Una investigación diferente del Panel de Expertos sobre Libia encontró que el Batallón Subul al-Salam ayudó a trasladar combatientes colombianos, armas, combustible y repuestos hacia las RSF.

El grupo forma parte de las fuerzas del general Khalifa Haftar, que controlan amplias zonas del este y sur de Libia.

Su centro de operaciones se encuentra en Kufra, una localidad estratégica próxima a las fronteras de Sudán, Chad y Egipto. Desde allí controlaba un aeropuerto, rutas terrestres y otras instalaciones utilizadas para movilizar personal y equipo.

Los expertos señalaron que el batallón escoltó combatientes a través del territorio libio y facilitó el acceso a combustible y piezas para vehículos. Este respaldo ayudó a las RSF a avanzar sobre la zona fronteriza de Uwaynat durante 2025.

La ruta libia demuestra que las RSF no dependen de una única vía de abastecimiento. Si un corredor queda bloqueado, la red puede trasladar sus operaciones hacia otros aeropuertos, fronteras terrestres o empresas intermediarias.

Emiratos Árabes Unidos rechaza las acusaciones

Las investigaciones de Naciones Unidas y Human Rights Watch colocan nuevamente bajo presión a Emiratos Árabes Unidos.

Organizaciones internacionales han acusado reiteradamente al país de proporcionar respaldo logístico y militar a las RSF. Las autoridades emiratíes niegan categóricamente haber entregado armas o apoyado a cualquiera de las partes de la guerra.

Un portavoz de la misión emiratí ante Naciones Unidas aseguró que las autoridades investigaron a Global Security Services Group y concluyeron que la empresa no participa en actividades mercenarias en Sudán.

También sostuvo que la compañía actúa conforme a la legislación de Emiratos Árabes Unidos y al derecho internacional.

Human Rights Watch afirma, por el contrario, que existen indicios de que combatientes colombianos utilizaron instalaciones militares emiratíes durante sus traslados. La organización considera que esos movimientos difícilmente podrían producirse sin conocimiento de las autoridades.

La diferencia entre ambas versiones deberá ser resuelta mediante investigaciones independientes y la eventual publicación de nuevas pruebas.

Naciones Unidas comienza a sancionar a los reclutadores

El Consejo de Seguridad impuso sanciones en abril de 2026 contra Algoney Hamdan Daglo Musa, hermano del comandante de las RSF, Mohamed Hamdan Dagalo.

Naciones Unidas lo acusa de dirigir esfuerzos para adquirir armas y equipo militar para la organización paramilitar.

También fueron sancionados tres ciudadanos colombianos: Álvaro Andrés Quijano Becerra, Claudia Viviana Oliveros Forero y Mateo Andrés Duque Botero. Los tres están acusados de desempeñar funciones centrales en el reclutamiento de antiguos integrantes de las fuerzas armadas colombianas para combatir en Sudán.

Las sanciones incluyen congelamiento de activos y restricciones de viaje, pero todavía no está claro si serán suficientes para desmantelar una red distribuida entre varios países, compañías y aeropuertos.

Una guerra convertida en negocio

El conflicto comenzó el 15 de abril de 2023 por una disputa entre el jefe del Ejército sudanés, Abdel Fattah al-Burhan, y el comandante de las RSF, Mohamed Hamdan Dagalo.

Ambos habían colaborado en la caída del presidente Omar al-Bashir y posteriormente en el golpe que interrumpió la transición hacia un gobierno civil. La alianza terminó cuando surgieron desacuerdos sobre la incorporación de las RSF al Ejército nacional y el control futuro del Estado.

Lo que comenzó como una lucha entre dos estructuras militares se convirtió en una economía de guerra.

Aviones privados transportan combatientes y equipo. Empresas de seguridad reclutan antiguos soldados. Aeropuertos de terceros países funcionan como puntos de tránsito. Grupos armados controlan rutas terrestres y los proveedores reciben pagos por combustible, logística, entrenamiento o transporte.

Cada intermediario puede afirmar que solamente cumple una parte de la operación. Pero la suma de esas actividades permite que las armas y los combatientes lleguen finalmente al campo de batalla.

La población paga el precio

Sudán enfrenta actualmente la mayor crisis humanitaria y de desplazamiento del mundo.

Naciones Unidas calcula que cerca de 34 millones de personas necesitan algún tipo de asistencia. Alrededor de 14 millones han sido obligadas a abandonar sus hogares desde el comienzo del conflicto, mientras millones enfrentan hambre, enfermedades y el colapso de los servicios básicos.

La llegada constante de armas, drones y combatientes extranjeros reduce los incentivos para negociar. Cada nuevo cargamento permite a las partes prolongar sus operaciones y buscar una victoria militar en lugar de aceptar una salida política.

El embargo sobre Darfur existe desde hace más de dos décadas, pero las investigaciones demuestran que puede ser evadido mediante empresas privadas, cambios de matrícula, vuelos no registrados y rutas que atraviesan varios países.

El problema ya no es solamente quién dispara dentro de Sudán.

También importa quién recluta, quién financia, quién permite utilizar sus aeropuertos, quién proporciona los aviones y quién decide ignorar las señales de que una operación comercial está abasteciendo una guerra.

La red revelada por los expertos de Naciones Unidas muestra que el conflicto sudanés dejó de ser una guerra olvidada en África. Se ha convertido en una estructura internacional capaz de conectar contratistas estadounidenses, antiguos militares colombianos, empresas emiratíes, grupos libios y aeropuertos regionales.

Mientras esa cadena permanezca activa, cualquier intento de paz tendrá que competir contra un negocio transnacional que obtiene beneficios de mantener a Sudán en guerra.