La propuesta, impulsada por la vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera, busca financiar grandes obras de adaptación ante incendios, sequías y olas de calor. El proyecto también contempla aumentar la contribución de las empresas energéticas.

La Comisión Europea reabre el debate sobre la emisión de deuda conjunta para financiar la respuesta del bloque frente a la emergencia climática, después de un verano marcado por incendios forestales, temperaturas extremas, sequías y niveles históricamente bajos en algunos de los principales ríos del continente.

La iniciativa es promovida por Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva. La dirigente española considera que los presupuestos nacionales y los instrumentos comunitarios existentes resultan insuficientes para cubrir las inversiones que Europa necesitará durante los próximos años.

La fórmula planteada consistiría en emitir bonos respaldados conjuntamente por los países de la Unión Europea, conocidos habitualmente como eurobonos. Los recursos obtenidos se destinarían a reforzar infraestructuras, sistemas de protección civil, redes eléctricas, reservas de agua, agricultura y mecanismos de prevención de incendios.

Todavía no existe una propuesta legislativa formal ni se ha definido el volumen de la eventual emisión. Por ahora, se trata de una iniciativa política con la que Bruselas pretende abrir una discusión entre los veintisiete Estados miembros.

Un verano que desbordó los recursos disponibles

La propuesta surge después de una temporada climática especialmente severa. La combinación de escasas precipitaciones y sucesivas olas de calor ha extendido la sequía por gran parte de Europa desde la primavera.

Datos del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea indican que la mitad del territorio de la Unión Europea y el Reino Unido se encontraba bajo algún nivel de sequía durante julio. Un nueve por ciento había alcanzado el nivel de alerta, lo que implica falta de lluvias, pérdida de humedad en el suelo y daños visibles en la vegetación.

Los ríos Loira, Po, Rin y Danubio alcanzaron niveles mínimos históricos durante agosto. La reducción del caudal ha afectado el transporte fluvial, la generación hidroeléctrica, la producción de algunas centrales nucleares y el abastecimiento de agua para actividades agrícolas e industriales.

La superficie quemada en la Unión Europea también superó las quinientas mil hectáreas durante los primeros días de agosto, muy por encima del promedio histórico. España y Francia estuvieron entre los países más golpeados, aunque el riesgo de incendios comenzó a extenderse hacia regiones del centro y norte del continente que tradicionalmente no sufrían emergencias de esa magnitud.

Deuda compartida para un problema compartido

La emisión de eurobonos implicaría que la Unión Europea se endeude como bloque, en lugar de dejar que cada Gobierno financie individualmente sus proyectos de adaptación.

La principal ventaja sería permitir que los países con menor capacidad fiscal accedan a recursos en condiciones similares a las economías más fuertes. También facilitaría la construcción de infraestructuras que beneficien a varias naciones, como redes eléctricas interconectadas, sistemas de alerta temprana, reservas estratégicas de equipos y corredores de transporte resilientes.

El precedente más importante fue el fondo de recuperación creado durante la pandemia, cuando la Unión Europea autorizó por primera vez una emisión masiva de deuda conjunta para financiar subvenciones y préstamos a los Estados miembros.

Sus defensores consideran que los fenómenos climáticos representan una emergencia continental comparable, debido a que los incendios, las sequías o la falta de energía pueden extender sus consecuencias más allá de las fronteras nacionales.

Los detractores, principalmente entre los países fiscalmente más conservadores del norte europeo, temen que la deuda común termine convirtiéndose en un mecanismo permanente y que algunos Estados deban asumir parte de los compromisos financieros de otros.

Las petroleras podrían aportar más

Bruselas también estudia establecer una nueva contribución sobre los beneficios de las compañías energéticas, especialmente las vinculadas a los combustibles fósiles.

La medida sería distinta del impuesto temporal aplicado sobre las ganancias extraordinarias obtenidas durante la crisis energética. El nuevo instrumento tendría un carácter más estable y estaría ligado a la necesidad de financiar la adaptación climática.

Ribera sostiene que las empresas cuyos productos contribuyen significativamente a las emisiones deben participar en el pago de los daños y las transformaciones necesarias para proteger a la población.

No obstante, la creación de un tributo europeo enfrentaría dificultades jurídicas y políticas. Las decisiones fiscales comunitarias suelen requerir unanimidad, lo que permitiría que un solo Gobierno bloquee la propuesta.

Las empresas energéticas, por su parte, podrían advertir que una carga adicional reduciría su capacidad para invertir en energías renovables, redes y tecnologías de descarbonización.

Los fondos actuales son limitados

La Unión Europea cuenta con el Fondo de Solidaridad para asistir a los países afectados por grandes desastres naturales. Sin embargo, sus recursos son reducidos frente a la magnitud creciente de las pérdidas.

En julio, la Unión aprobó movilizar poco más de ciento cuarenta y cuatro millones de euros para atender inundaciones en Rumanía e incendios ocurridos en Chipre y España durante dos mil veinticinco. De esa cantidad, España recibió aproximadamente ciento veinte millones.

Estos fondos sirven principalmente para reparar daños y recuperar servicios básicos. La nueva propuesta pretende cambiar el enfoque: invertir antes de las catástrofes para reducir su impacto, en lugar de limitarse a financiar la reconstrucción.

Entre los posibles proyectos estarían la renovación de sistemas de drenaje, protección de zonas costeras, modernización de regadíos, recuperación de bosques, construcción de reservas de agua y adaptación de ciudades a temperaturas extremas.

Una batalla política para el otoño europeo

El debate cobrará fuerza durante septiembre, cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presente su discurso sobre el estado de la Unión. En octubre, el Ejecutivo comunitario también tiene previsto presentar un nuevo marco sobre resiliencia climática.

La propuesta obligará a los gobiernos europeos a definir si la adaptación debe financiarse desde los presupuestos nacionales o mediante una respuesta fiscal compartida.

También pondrá a prueba la disposición de los países del norte para aceptar nueva deuda comunitaria y la voluntad de las economías del sur para asumir compromisos de inversión y supervisión comunes.

Europa ya no discute únicamente cómo reducir sus emisiones futuras. Después de un verano de incendios, sequías y temperaturas extremas, la cuestión inmediata es quién pagará la protección del continente frente a los efectos climáticos que ya están ocurriendo.