El Gobierno de Abelardo de la Espriella termina conversaciones con grupos armados y revoca el reconocimiento de sus negociadores.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dio por terminados varios procesos de diálogo con organizaciones armadas iniciados durante el mandato de Gustavo Petro. Las resoluciones, expedidas el viernes 28 de agosto y conocidas el sábado 29, concretan una ruptura con parte de la política de «paz total» del anterior Gobierno.

La decisión alcanza al Estado Mayor de los Bloques (EMBF), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. También retira las credenciales de los representantes gubernamentales y el reconocimiento de los delegados de esas organizaciones en las conversaciones.

El Ejecutivo justificó el cierre por una supuesta falta de voluntad de paz de los grupos involucrados. Esa es la valoración expresada por el Gobierno en las resoluciones, no una conclusión independiente sobre cada proceso.

Una política que ya enfrentaba dificultades

La «paz total» buscaba abordar simultáneamente negociaciones con organizaciones insurgentes y vías de sometimiento a la justicia para estructuras criminales. Sin embargo, algunos procesos ya habían quedado suspendidos durante la presidencia de Petro, entre ellos los del Ejército de Liberación Nacional y el Estado Mayor Central.

Incertidumbre para quienes dejaron las armas

El cambio de orientación también plantea interrogantes sobre el futuro de quienes avanzaron hacia el desarme. Antes de conocerse las nuevas resoluciones, El País había documentado la incertidumbre de 99 integrantes de Comandos de la Frontera que entregaron voluntariamente sus armas durante el Gobierno anterior.

Según ese reporte, la zona de transición que los acogía tenía autorización hasta diciembre de 2026, pero su ruta de reincorporación seguía sin estar clara. El cierre de las conversaciones no permite concluir, por sí solo, que hayan perdido todas sus garantías: su situación requiere una definición específica.

No es la anulación del acuerdo de 2016

Los procesos ahora clausurados deben distinguirse del acuerdo firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las antiguas FARC. Terminar estas mesas de negociación no equivale a derogar aquel pacto.

La nueva etapa deja dos asuntos centrales por resolver: cómo responder a las organizaciones que permanecen armadas y qué alternativas ofrecer a quienes ya decidieron abandonarlas. El alcance del giro no se medirá únicamente por el cierre de las mesas, sino también por sus efectos sobre la seguridad y la protección de las comunidades.