La Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió dejar sin valor y efecto el Memorando No. 02-2026, una disposición administrativa que había instruido a jueces y dependencias judiciales a registrar y considerar la identidad de género autopercibida de las personas involucradas en procesos judiciales. La medida, emitida inicialmente el pasado 2 de junio, provocó una intensa discusión pública en distintos sectores del país.

La decisión fue adoptada por el Pleno de Magistrados luego de varios días de debate político, jurídico y social. En su pronunciamiento, la Corte señaló que toda actuación judicial debe mantenerse dentro de los principios constitucionales de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso e independencia judicial.

¿Qué establecía el memorando?

La disposición instruía a juezas, jueces y dependencias administrativas a tomar en consideración la identidad de género manifestada por una persona durante los procedimientos judiciales, incluso cuando esta no coincidiera con la información consignada en documentos oficiales. Además, contemplaba el uso del nombre social o elegido por la persona durante el proceso judicial.

El objetivo de la medida era promover un trato digno y libre de discriminación dentro del sistema de justicia, particularmente para personas pertenecientes a grupos históricamente vulnerables.

Reacciones desde el Congreso Nacional

Uno de los primeros pronunciamientos públicos provino del presidente del Tomás Zambrano, quien solicitó a la Corte revisar la disposición argumentando que el tema requería un debate más amplio y una eventual discusión legislativa. Diversos diputados manifestaron inquietudes sobre los alcances jurídicos de la medida y cuestionaron que cambios de esta naturaleza fueran introducidos mediante una directriz administrativa.

Organizaciones sociales expresan posiciones encontradas

La controversia también generó reacciones de organizaciones civiles, movimientos familiares y sectores religiosos que consideraron que cualquier modificación relacionada con la identidad legal de las personas debe ser aprobada por el Congreso Nacional mediante un proceso legislativo formal.

Por otro lado, representantes de colectivos LGBTQ+ defendieron la importancia del reconocimiento de la identidad de género dentro de los procedimientos judiciales, argumentando que este constituye un elemento fundamental para garantizar igualdad de trato y acceso efectivo a la justicia.

Un debate que trasciende el ámbito judicial

Analistas consideran que el caso refleja una discusión más amplia sobre los límites de las facultades administrativas de las instituciones públicas, los derechos humanos y la forma en que el Estado debe abordar temas relacionados con identidad de género y no discriminación.

La decisión de la Corte Suprema no pone fin al debate. Por el contrario, distintos sectores consideran que la discusión podría trasladarse al ámbito legislativo, donde eventualmente podrían impulsarse iniciativas orientadas a regular de manera específica este tipo de situaciones dentro del marco jurídico hondureño.

Panorama actual

Con la suspensión oficial del Memorando No. 02-2026, el Poder Judicial mantiene los procedimientos vigentes mientras continúa el análisis sobre posibles reformas o lineamientos futuros. Entretanto, la polémica ha colocado nuevamente en la agenda nacional el debate sobre derechos, seguridad jurídica y competencias institucionales, un tema que previsiblemente seguirá generando discusión en los próximos meses.