La Casa Rosada consiguió que avanzara su proyecto de protección de la propiedad privada, pero tuvo que retirar dos de sus capítulos más polémicos para evitar una derrota en el Senado. El traspié abrió tensiones dentro del Gobierno y obligará a Federico Sturzenegger a someter sus próximas iniciativas a un mayor filtro político.

El Gobierno de Javier Milei enfrenta las consecuencias de uno de sus tropiezos legislativos más significativos de los últimos meses. La disputa por la denominada Ley de Tierras obligó al oficialismo argentino a retirar del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada dos reformas consideradas importantes por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ante la imposibilidad de reunir suficientes votos en el Senado.

El episodio no terminó en el Congreso.

Cinco días después de la sesión, el fracaso continúa provocando tensiones dentro de la Casa Rosada y ha llevado al círculo político del presidente a modificar la manera en que serán procesadas las próximas iniciativas de desregulación.

La decisión adoptada es clara: los proyectos que Sturzenegger pretenda enviar al Congreso deberán pasar previamente por la mesa política del Gobierno, encabezada por Karina Milei y formada por algunas de las figuras más influyentes de la administración libertaria.

La reforma que Milei no pudo imponer

El proyecto impulsado por el Gobierno buscaba reforzar jurídicamente la protección de la propiedad privada, pero incluía dos cambios que provocaron una fuerte resistencia política.

Uno pretendía flexibilizar considerablemente las restricciones existentes para que personas y empresas extranjeras pudieran adquirir tierras rurales en Argentina.

El Gobierno había comenzado con una posición mucho más ambiciosa, favorable a eliminar buena parte de las limitaciones existentes. Ante la falta de votos, terminó negociando elevar del 15% al 25% el límite de tierras que podrían quedar en manos extranjeras dentro de cada provincia.

Ni siquiera esa concesión fue suficiente.

Cuando legisladores inicialmente considerados aliados comenzaron a retirar su respaldo, el oficialismo optó por eliminar completamente el capítulo antes de someterlo a votación.

El Gobierno también debió abandonar otra modificación relacionada con la Ley de Manejo del Fuego, que buscaba eliminar determinadas restricciones sobre la venta de terrenos afectados por incendios.

El proyecto consiguió avanzar en el Senado, pero lo hizo despojado de dos de las reformas que originalmente constituían parte importante de la iniciativa.

Sturzenegger queda en el centro de las críticas

El principal costo político interno lo está pagando Federico Sturzenegger.

El ministro ha sido uno de los principales arquitectos intelectuales de la transformación regulatoria impulsada por Milei y mantiene una relación de confianza con el presidente.

Sin embargo, dentro del Gobierno comenzaron a cuestionarse no necesariamente sus objetivos, sino la estrategia utilizada para convertir esas reformas en leyes políticamente viables.

Karina Milei convocó a Sturzenegger a la mesa política para explicar sus próximas iniciativas y analizar anticipadamente sus posibilidades de aprobación parlamentaria. Fuentes del Gobierno citadas por La Nación señalan que, a partir de ahora, los proyectos enviados al Congreso deberán atravesar ese filtro antes de llegar a los legisladores.

La decisión supone una corrección importante dentro del funcionamiento del Ejecutivo.

La agenda desreguladora continuará, pero tendrá una supervisión política mayor.

Milei sostiene a su ministro

El revés, por ahora, no supone una ruptura entre Milei y Sturzenegger.

Dentro de la Casa Rosada reconocen que existe malestar por el resultado legislativo, pero también aseguran que el presidente mantiene su respaldo al ministro y a la orientación general de las reformas.

Sturzenegger tampoco ha dado señales de abandonar su estrategia ideológica.

Después del fracaso parlamentario defendió públicamente la liberalización de la propiedad rural y presentó el debate como una elección entre mantener restricciones o permitir una mayor inversión y explotación productiva de las tierras.

El Gobierno prepara además nuevas iniciativas.

Entre ellas se encuentra la denominada Ley Hojarasca, que busca eliminar alrededor de 70 normas consideradas obsoletas por el Ejecutivo y que ya cuenta con media sanción legislativa.

El verdadero problema de Milei está en el Congreso

El conflicto revela una de las principales limitaciones estructurales del proyecto político de Javier Milei.

El presidente posee una agenda de transformación particularmente ambiciosa, pero necesita convertirla en legislación dentro de un Congreso donde La Libertad Avanza no puede imponer unilateralmente sus decisiones.

Eso obliga al Gobierno a negociar con gobernadores, bloques provinciales y sectores de la oposición dialoguista.

La crisis de la Ley de Tierras demostró que incluso algunas fuerzas dispuestas a acompañar al Ejecutivo pueden establecer límites cuando las reformas afectan asuntos políticamente sensibles.

El propio Gobierno creyó inicialmente que contaba con los votos necesarios para aprobar el cambio. Días después terminó retirándolo para evitar una derrota abierta en el Senado.

La Casa Rosada intenta ahora corregir esa descoordinación antes de las próximas batallas parlamentarias.

Menos improvisación para continuar las reformas

El episodio difícilmente implique el abandono de la agenda liberalizadora de Milei.

Representa, sin embargo, un cambio en la forma de ejecutarla.

La presidencia parece haber concluido que no basta con diseñar reformas coherentes con el programa libertario: también debe garantizar previamente que existan los votos necesarios, medir el impacto político de cada propuesta y construir acuerdos antes de enviarla al Congreso.

Sturzenegger continuará siendo una pieza fundamental de esa transformación, pero ya no tendrá la misma libertad política para impulsar proyectos sin una revisión previa del círculo encargado de negociar su aprobación.

El revés de la Ley de Tierras no cambia por ahora el rumbo económico del Gobierno de Milei, pero sí deja una advertencia: la profundidad de su revolución desreguladora dependerá cada vez más de su capacidad para hacer política y conseguir mayorías dentro de un Congreso que continúa imponiendo límites al Ejecutivo.