El presidente de Chile, José Antonio Kast, consiguió una de las victorias legislativas más importantes desde el inicio de su Gobierno, después de que la Cámara de Diputados aprobara la mayor parte de su ambicioso paquete de reformas económicas, tributarias y regulatorias.

La iniciativa, denominada Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, superó su tercer trámite legislativo con respaldo de sectores ajenos al oficialismo. Sin embargo, todavía no puede considerarse definitivamente aprobada: una diferencia relacionada con la compensación económica que recibirán las municipalidades deberá ser resuelta por una comisión mixta del Congreso.

La reforma constituye el eje central de la estrategia económica de Kast y busca estimular la inversión privada, reducir la carga tributaria de las empresas, acelerar proyectos paralizados y recuperar el crecimiento de una economía que ha mostrado señales de debilitamiento.

Rebaja gradual del impuesto empresarial

Una de las principales disposiciones contempla disminuir gradualmente el impuesto aplicado a las grandes empresas, desde el 27 % actual hasta el 23 % en 2029.

El Gobierno sostiene que la reducción permitirá mejorar la competitividad tributaria de Chile, atraer nuevas inversiones y generar empleos. La administración de Kast considera que el país perdió dinamismo durante la última década y necesita recuperar condiciones favorables para el sector privado.

La iniciativa también establece mecanismos de estabilidad tributaria para grandes proyectos de inversión. Determinadas compañías que comprometan capitales superiores a los US$350 millones podrían mantener sus condiciones fiscales durante un periodo de hasta 20 años.

El Ejecutivo espera que esta garantía reduzca la incertidumbre regulatoria y facilite la llegada de proyectos relacionados con minería, energía, infraestructura y tecnología. Sus defensores consideran que Chile necesita competir con otras economías latinoamericanas que ofrecen incentivos similares para captar capital internacional.

Vivienda y construcción forman parte del paquete

La reforma incorpora una exención temporal del impuesto al valor agregado para viviendas nuevas, una medida diseñada para reactivar el sector de la construcción.

El mercado inmobiliario chileno ha enfrentado dificultades por el aumento de los costos, el acceso limitado al crédito y la paralización de numerosos proyectos. El Gobierno espera que el beneficio tributario permita reducir los precios finales, incentivar nuevas obras y recuperar empleos.

El proyecto también contempla facilidades para regularizar deudas tributarias y municipales, así como instrumentos destinados a movilizar capitales que actualmente permanecen fuera del país. (

Beneficios para adultos mayores

Otro componente relevante consiste en ampliar las exenciones sobre las contribuciones territoriales que pagan propietarios mayores de 65 años por su primera vivienda.

Precisamente este punto mantiene abierta la tramitación legislativa. La Cámara de Diputados y el Senado no alcanzaron un acuerdo sobre la fórmula que deberá utilizar el Estado para compensar a las municipalidades por los ingresos que dejarán de percibir.

La diferencia será examinada por una comisión mixta integrada por senadores y diputados. Una vez resuelto ese artículo, el texto podrá avanzar hacia su aprobación definitiva y posterior promulgación.

Cambios en educación y gratuidad universitaria

El paquete también introduce restricciones para la incorporación de nuevas universidades al sistema de gratuidad de la educación superior.

La medida no elimina automáticamente los beneficios que ya reciben los estudiantes, pero limita la expansión del programa hacia instituciones adicionales. El Gobierno argumenta que el Estado debe controlar el crecimiento del gasto y concentrar los recursos en universidades que cumplan determinados estándares.

La oposición considera que esta disposición podría reducir las oportunidades de acceso a la educación superior y representa un retroceso frente a las políticas sociales implementadas durante gobiernos anteriores.

Menos obstáculos para las inversiones

La reforma modifica normas relacionadas con permisos ambientales y proyectos de inversión.

Las empresas podrán buscar compensaciones económicas cuando disputas administrativas o ambientales provoquen retrasos injustificados en proyectos que ya habían recibido autorizaciones o generado expectativas de ejecución.

El Gobierno afirma que la medida busca proteger a los inversionistas frente a cambios regulatorios y decisiones administrativas prolongadas. Las organizaciones ambientalistas, sin embargo, advierten que algunas disposiciones podrían debilitar los controles existentes y facilitar actividades con impactos sobre ecosistemas sensibles.

Entre los puntos más discutidos aparecen las modificaciones relacionadas con la industria salmonera y el uso de zonas protegidas en el sur de Chile.

Recursos para las regiones afectadas por incendios

El proyecto incluye aproximadamente 400.000 millones de pesos chilenos destinados a la reconstrucción de zonas afectadas por incendios en Valparaíso, Ñuble y Biobío.

Los recursos financiarán obras públicas, recuperación de viviendas, infraestructura comunitaria y programas de apoyo económico.

El fondo fue uno de los componentes que recibió mayor respaldo político, debido a la necesidad de acelerar la reconstrucción y apoyar a las comunidades perjudicadas por los desastres.

La oposición prepara una batalla constitucional

Los partidos de izquierda y parte de la centroizquierda sostienen que la reforma beneficia principalmente a las grandes empresas y a los sectores de mayores ingresos.

También cuestionan el posible impacto de las rebajas tributarias sobre la recaudación estatal y advierten que el Gobierno podría verse obligado a reducir programas sociales para compensar la disminución de ingresos.

La oposición anunció que presentará varios requerimientos ante el Tribunal Constitucional. Las objeciones se concentrarán en disposiciones tributarias, ambientales y educativas que, según sus representantes, podrían exceder las competencias legales del proyecto.

El Gobierno rechaza esas acusaciones y sostiene que la recuperación del crecimiento permitirá ampliar la base tributaria, crear puestos de trabajo y generar nuevos recursos para financiar políticas públicas.

Una prueba decisiva para el Gobierno de Kast

La votación demuestra que Kast puede construir mayorías legislativas incluso sin controlar completamente el Congreso.

El respaldo obtenido entre sectores independientes, conservadores y algunos grupos de centro permitió que prácticamente todo el proyecto superara la Cámara de Diputados.

La aprobación también fortalece la posición del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien ha presentado la reforma como una respuesta al estancamiento económico y al deterioro del empleo. La economía chilena se contrajo un 0,5 % al comienzo de 2026, mientras la desocupación alcanzó aproximadamente el 9,4 %.

Para Kast, el resultado representa una victoria política y económica, pero todavía quedan obstáculos. La comisión mixta deberá resolver la última diferencia, el Tribunal Constitucional podría recibir impugnaciones y la aplicación de varias medidas dependerá de reglamentos posteriores.

La reforma coloca a Chile ante un cambio profundo en su orientación económica. El Gobierno apuesta por reducir impuestos, flexibilizar regulaciones y fortalecer el protagonismo de la inversión privada. La oposición teme que ese modelo incremente las desigualdades y debilite las políticas sociales.

El éxito final del paquete dependerá de si logra traducirse en mayor inversión, crecimiento y empleo sin deteriorar las finanzas públicas ni reducir la protección social.