Miles de costarricenses se concentraron este jueves 6 de agosto en San José para defender la independencia judicial, la separación de poderes y el Estado de derecho, en medio de una creciente confrontación entre el Gobierno de Laura Fernández y el Poder Judicial.

San José- Costa Rica | La Plaza de la Democracia, en el centro de la capital costarricense, se convirtió este jueves en escenario de una de las primeras grandes expresiones ciudadanas contra la creciente confrontación institucional que atraviesa Costa Rica.

Estudiantes universitarios, trabajadores, sindicatos, representantes de universidades, dirigentes políticos y ciudadanos sin militancia partidaria atendieron diferentes convocatorias para manifestar su respaldo al Poder Judicial, la independencia entre los poderes del Estado y el sistema democrático costarricense. También se registraron concentraciones menores en otras zonas del país.

La movilización ocurre después de meses de fuertes cuestionamientos del Poder Ejecutivo contra jueces, fiscales y magistrados, una confrontación iniciada durante la administración de Rodrigo Chaves y que ha continuado bajo la presidenta Laura Fernández, quien asumió el Gobierno el pasado 8 de mayo. Chaves ocupa actualmente los ministerios de la Presidencia y Hacienda y continúa siendo una de las figuras centrales del oficialismo.

El conflicto que llevó la disputa a las calles

La tensión aumentó considerablemente después de que la Sala Constitucional resolviera prorrogar temporalmente el nombramiento de cuatro magistrados suplentes cuyos periodos habían vencido, ante la falta de nuevos nombramientos por parte de la Asamblea Legislativa.

El oficialismo, que posee mayoría parlamentaria, llevaba meses sin completar esas designaciones. La Sala argumentó la necesidad de garantizar su funcionamiento y evitar atrasos en la resolución de expedientes. La decisión fue adoptada por cuatro votos contra tres.

La presidenta Fernández reaccionó acusando a los cuatro magistrados que respaldaron la resolución de participar en un supuesto “golpe de Estado” contra la Asamblea Legislativa. Posteriormente, representantes del oficialismo presentaron una querella por presunto prevaricato contra los magistrados. La propia Sala Constitucional rechazó de manera unánime la acusación política de que estuviera ejecutándose un golpe de Estado.

La disputa se suma a otros puntos de fricción. El Gobierno ha cuestionado repetidamente el desempeño del Poder Judicial frente al crimen organizado, impulsa cambios relacionados con el nombramiento del fiscal general y ha planteado recortes que afectarían el presupuesto judicial de 2027. Las autoridades judiciales han advertido que menores recursos podrían perjudicar investigaciones, allanamientos y la atención de procesos.

Una defensa que superó las divisiones partidarias

La composición de la protesta fue uno de sus elementos más relevantes. Aunque participaron diputados y dirigentes opositores, también acudieron ciudadanos sin afiliación política y figuras procedentes de diferentes corrientes ideológicas.

Entre los asistentes estuvieron los expresidentes Miguel Ángel Rodríguez, identificado históricamente con la centroderecha, y Luis Guillermo Solís, vinculado a posiciones de centroizquierda. Rodríguez advirtió sobre los riesgos de una concentración excesiva del poder y defendió el diálogo institucional como mecanismo para resolver las diferencias políticas.

Las pancartas y consignas estuvieron dirigidas principalmente a defender la división de poderes y la continuidad democrática. Algunas expresaban directamente respaldo a los magistrados, mientras otras rechazaban lo que los manifestantes consideran una creciente concentración del poder político.

El Gobierno rechaza que pretenda debilitar a la Justicia

El Ejecutivo niega, por su parte, que exista una intención de cerrar o someter al Poder Judicial. Fernández y Chaves sostienen que las medidas presupuestarias responden a la situación fiscal y argumentan que la Justicia costarricense necesita reformas para ganar eficiencia y responder mejor a las necesidades de la población.

La controversia, sin embargo, ha dejado de ser exclusivamente una disputa entre autoridades. La movilización del 6 de agosto trasladó el enfrentamiento institucional a las calles y mostró que un sector de la ciudadanía considera que la discusión ya no gira solamente alrededor del desempeño de jueces o magistrados, sino alrededor de los límites que deben existir entre los poderes del Estado.

Para Costa Rica, país cuya estabilidad política ha descansado durante décadas en una institucionalidad particularmente sólida dentro de América Latina, el choque entre Ejecutivo y Judicial abre una discusión de mayor alcance: hasta dónde puede llegar la voluntad de una mayoría política sin debilitar los contrapesos que precisamente limitan el ejercicio del poder.