La Asamblea Legislativa aprobó la censura contra José Gabriel Espinoza después de que el ministro no acudiera a una interpelación. El Gobierno de Rodrigo Paz considera inconstitucional la votación y se niega, por ahora, a apartarlo del cargo, llevando el conflicto hasta el Tribunal Constitucional.

Bolivia enfrenta una nueva crisis política en un momento especialmente delicado para su economía. La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la censura contra el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, uno de los principales responsables del programa económico del presidente Rodrigo Paz.

La moción fue aprobada con 91 votos a favor, 34 en contra y cuatro abstenciones, durante una sesión en la que participaron 129 diputados y senadores. Espinoza se convierte así en el primer ministro del Gobierno de Paz censurado por el Legislativo.

Sin embargo, lo que inicialmente podía parecer una destitución inmediata se ha convertido en una batalla constitucional.

El Gobierno sostiene que la censura no alcanzó la mayoría requerida y anunció que Espinoza permanecerá en funciones mientras se determina la legalidad de la decisión.

Una ausencia que terminó en censura

Espinoza había sido convocado por la Asamblea para responder preguntas relacionadas con la situación económica del país, la política monetaria, el presupuesto y la planificación macroeconómica.

El ministro no acudió.

Según explicó, debía trasladarse a Santa Cruz para atender problemas relacionados con el abastecimiento de diésel y posteriormente tenía previsto viajar a Brasil junto con otros integrantes del Gobierno.

La Asamblea rechazó su justificación por 81 votos contra 43 y decidió continuar con el proceso de interpelación en su ausencia.

Horas después llegó la censura.

Para una mayoría de los legisladores presentes, los 91 votos obtenidos eran suficientes porque superaban los dos tercios de los 129 parlamentarios que participaron en la sesión. Ese umbral era de 86 votos.

El Ejecutivo interpreta la Constitución de manera diferente.

Gobierno y Asamblea interpretan de manera distinta los dos tercios

El centro del conflicto está ahora en una frase de la Constitución boliviana.

La Carta Magna establece que la Asamblea puede censurar a un ministro mediante el voto de dos tercios de sus miembros y que una censura implica su destitución.

La discusión es sobre qué significa exactamente esos dos tercios.

La Asamblea calculó la mayoría sobre los legisladores presentes en la sesión. El Gobierno sostiene que debe calcularse sobre la totalidad de los 166 integrantes de la Asamblea Legislativa.

Según esa interpretación, se necesitaban 111 votos y los 91 obtenidos por la censura serían insuficientes.

El portavoz presidencial, José Luis Gálvez, calificó por esa razón la resolución como inconstitucional y sostuvo que un reglamento interno del Legislativo no puede imponerse sobre lo establecido por la Constitución.

Espinoza anunció que acudirá al Tribunal Constitucional Plurinacional para que determine cuál de las dos interpretaciones debe prevalecer.

Una destitución que, por ahora, no se ejecuta

La legislación boliviana establece que, una vez comunicada una censura válida, el presidente dispone de un plazo de 24 horas para destituir al ministro afectado.

Pero el Gobierno de Rodrigo Paz considera que ese plazo no puede comenzar a aplicarse mientras exista una controversia sobre la constitucionalidad de la votación.

Por ello, Espinoza continúa en el cargo mientras el Ejecutivo prepara la batalla jurídica.

La decisión eleva considerablemente el nivel del enfrentamiento institucional.

Ya no se trata únicamente de una disputa sobre el desempeño de un ministro, sino de un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre los límites de las atribuciones de cada poder.

La economía boliviana queda en medio de la pelea

La crisis política llega además en uno de los momentos económicos más complicados para Bolivia.

El Gobierno de Rodrigo Paz intenta estabilizar una economía afectada por la escasez de divisas y combustibles, elevados desequilibrios fiscales y una fuerte presión inflacionaria.

En los últimos meses el Ejecutivo ha impulsado reformas sensibles, incluyendo cambios en los subsidios a los combustibles, mientras negocia financiamiento internacional para recuperar reservas y estabilizar las cuentas públicas.

Espinoza ha sido uno de los principales arquitectos de esa estrategia.

También ha tenido un papel central en las negociaciones con organismos multilaterales y en el programa financiero acordado preliminarmente con el Fondo Monetario Internacional, que todavía requiere aprobaciones tanto dentro de Bolivia como del propio organismo.

Una salida abrupta del ministro podría, por tanto, introducir nuevas dudas sobre la continuidad del programa económico.

El Gobierno necesita al Congreso para sus reformas

El problema para Rodrigo Paz va mucho más allá del futuro personal de Espinoza.

El Ejecutivo necesita votos en el Legislativo para aprobar buena parte de las reformas económicas y obtener autorización para operaciones de financiamiento internacional.

La censura demuestra que esa relación puede convertirse en uno de los principales obstáculos para el Gobierno.

La propia Reuters considera el episodio un importante revés político para Paz precisamente porque se produce cuando su administración necesita apoyo parlamentario para sacar adelante las medidas con las que pretende estabilizar la economía.

El enfrentamiento también puede aumentar el costo político de reformas que ya generan resistencia entre diferentes sectores sociales y económicos.

Espinoza también llega debilitado por otras polémicas

La censura no ocurre en un vacío político.

En semanas recientes, Espinoza ha enfrentado cuestionamientos relacionados con la adquisición de un vehículo Audi cuyo valor declarado en documentos oficiales habría sido considerablemente inferior al precio que el propio ministro afirmó haber pagado.

Espinoza atribuyó la diferencia a un error documental.

La controversia incrementó la presión política sobre él, aunque la interpelación que provocó la censura incluía una agenda mucho más amplia relacionada con su gestión económica.

Una prueba de fuerza para Rodrigo Paz

La censura convierte el futuro de José Gabriel Espinoza en una prueba de autoridad para el presidente.

Si el Tribunal Constitucional respalda al Legislativo, Paz tendría que aceptar la salida de una de las figuras más importantes de su gabinete económico.

Si respalda la interpretación del Ejecutivo, la censura podría quedar sin efecto y Espinoza permanecería en el cargo.

Pero incluso ese escenario no resolvería el problema político de fondo.

La votación mostró que existe una mayoría considerable de legisladores dispuesta a enfrentarse directamente al Gobierno y que el Ejecutivo tendrá dificultades para avanzar con su agenda si no consigue reconstruir puentes dentro de la Asamblea.

Para Bolivia, la consecuencia inmediata es una nueva dosis de incertidumbre en el peor lugar posible: el Ministerio de Economía, precisamente cuando el país intenta estabilizar sus finanzas, recuperar acceso a divisas y convencer a inversionistas y organismos internacionales de que su programa económico es sostenible.