La modificación constitucional prohíbe participar en elecciones a partidos y candidatos considerados “traidores” o “golpistas” por el Gobierno. También eleva de seis a siete años el periodo presidencial y acerca al país a un sistema sin competencia política efectiva.

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en primera legislatura una nueva reforma constitucional promovida por Daniel Ortega y Rosario Murillo que permitirá excluir a los partidos opositores de futuras elecciones y prolongará de seis a siete años el mandato de la Presidencia.

La iniciativa fue aprobada sin obstáculos por el Parlamento, ampliamente controlado por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional. Para incorporarse definitivamente a la Constitución deberá ser ratificada en una segunda legislatura, prevista para enero de 2027.

La reforma impide presentarse a elecciones a organizaciones y personas calificadas por el Gobierno como “traidores a la patria”, “golpistas” o colaboradores de intereses extranjeros. Estas categorías han sido utilizadas reiteradamente por el oficialismo para señalar a dirigentes opositores, periodistas, activistas, empresarios y miembros de organizaciones civiles.

En la práctica, la medida concede al Estado la capacidad de decidir qué sectores pueden competir políticamente y cuáles deben ser excluidos, eliminando cualquier posibilidad real de alternancia frente al poder compartido por Ortega y Murillo.

Mandatos de siete años y posibilidad de renovación

La modificación extiende el periodo presidencial de seis a siete años renovables. También amplía la duración de otros cargos públicos vinculados al Ejecutivo y a las principales instituciones estatales.

La reforma anterior ya había aumentado el mandato presidencial de cinco a seis años y reconocido a Rosario Murillo como copresidenta de Nicaragua. También amplió las facultades del Ejecutivo sobre los demás poderes del Estado, las fuerzas de seguridad y los gobiernos municipales.

Con la nueva modificación, Ortega y Murillo podrán prolongar todavía más su permanencia en el poder sin exponerse a una competencia electoral efectiva.

La sucesión de reformas también ha provocado modificaciones en el calendario electoral. Las elecciones presidenciales previstas originalmente para los próximos años han sido aplazadas mientras la Asamblea Nacional redefine la duración de los mandatos y las reglas de participación.

Ortega afirmó en julio que Nicaragua no celebraría nuevas elecciones que pudieran permitir el regreso de la oposición al Gobierno. Posteriormente, el oficialismo presentó la reforma para conservar formalmente un sistema electoral, pero restringiendo quién puede participar en él.

¿Se eliminan completamente las elecciones?

La reforma no suprime literalmente todos los procesos electorales. Sin embargo, permite impedir la participación de cualquier partido o candidato que el Gobierno considere contrario a la soberanía nacional.

El resultado podría ser la existencia de votaciones en las que solo compitan el Frente Sandinista y organizaciones aceptadas por el oficialismo, sin una oposición independiente capaz de disputar el poder.

El Consejo Supremo Electoral, integrado por funcionarios cercanos al Gobierno, tendría amplias facultades para cancelar partidos, rechazar candidaturas y sancionar a quienes sean acusados de respaldar acciones consideradas contrarias al Estado.

La definición de “traidor” o “golpista” no depende de una evaluación política independiente. El Gobierno ha utilizado esas acusaciones contra personas que respaldaron sanciones internacionales, denunciaron violaciones de derechos humanos o participaron en las protestas de 2018.

Por esa razón, organizaciones opositoras y defensores de derechos humanos consideran que la reforma institucionaliza la eliminación de la competencia política, aunque el país conserve formalmente elecciones y organismos electorales.

Una transformación acelerada del sistema político

Daniel Ortega regresó a la Presidencia en 2007 y comenzó en 2022 su cuarto mandato consecutivo. Actualmente es el gobernante con más tiempo en el poder en América.

Durante los últimos años, el Gobierno ha modificado progresivamente la Constitución y las instituciones nicaragüenses para concentrar mayores facultades en la Presidencia.

La reforma aprobada anteriormente estableció una copresidencia integrada por Ortega y Murillo, quien dejó de ser vicepresidenta para compartir formalmente la jefatura del Estado con su esposo.

También subordinó de manera más directa los poderes Legislativo, Judicial y Electoral a la Presidencia, autorizó una mayor intervención del Ejército y la Policía en funciones civiles y amplió el control gubernamental sobre medios de comunicación y organizaciones sociales.

Un grupo de expertos de Naciones Unidas advirtió que el Estado y el Frente Sandinista se han fusionado prácticamente en una estructura única de vigilancia y represión.

La crisis política iniciada en 2018

La concentración de poder se aceleró después de las protestas de abril de 2018. Las manifestaciones comenzaron como un rechazo a una reforma de la seguridad social, pero rápidamente se convirtieron en un movimiento nacional contra el Gobierno.

La represión dejó más de 300 muertos, según organismos de derechos humanos, y provocó el exilio de decenas de miles de nicaragüenses.

Desde entonces, las autoridades han cerrado miles de organizaciones no gubernamentales, universidades, asociaciones empresariales y medios independientes. También han detenido o expulsado del país a dirigentes políticos, periodistas, sacerdotes y defensores de derechos humanos.

Antes de las elecciones de 2021, el Gobierno encarceló a siete posibles candidatos presidenciales y a otros líderes opositores. Ortega fue reelegido frente a adversarios poco conocidos, en una votación considerada ilegítima por Estados Unidos, la Unión Europea y varios gobiernos latinoamericanos.

Posteriormente, decenas de opositores fueron excarcelados y enviados al extranjero, pero el Gobierno les retiró la nacionalidad, confiscó sus propiedades y les prohibió regresar al país.

Crece la presión internacional

La aprobación de la reforma provocó nuevas condenas internacionales. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, pidió a los países de la región que dejaran de mantener relaciones habituales con el Gobierno nicaragüense.

Estados Unidos sostiene que Ortega y Murillo han convertido Nicaragua en una dictadura familiar y ha impuesto sanciones contra funcionarios, instituciones y personas vinculadas al oficialismo.

La iniciativa también fue cuestionada por países latinoamericanos, incluidos Brasil, Bolivia y Chile. Panamá retiró a su embajador en Managua como respuesta al deterioro político.

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, había advertido previamente que la eliminación de elecciones competitivas representaría un nuevo retroceso de los derechos civiles y políticos.

La presión externa, sin embargo, no ha logrado modificar hasta ahora el rumbo del Gobierno. Ortega y Murillo mantienen el control de la Asamblea Nacional, el sistema judicial, el Consejo Supremo Electoral, la Policía y las Fuerzas Armadas.

Si la reforma es ratificada en enero de 2027, Nicaragua conservará formalmente instituciones electorales, pero el Gobierno tendrá todavía más herramientas constitucionales para impedir que cualquier fuerza opositora pueda disputar el poder.