Costa Rica, considerada durante décadas una de las democracias más sólidas de América Latina, enfrenta una nueva controversia que toca directamente uno de los principios fundamentales de cualquier sistema democrático: el derecho de los ciudadanos a oponerse al Gobierno sin temor a ser vigilados, clasificados o incluidos en registros políticos.

En menos de una semana, dos figuras vinculadas directamente al oficialismo reconocieron públicamente que poseen información sobre personas consideradas opositoras. Las declaraciones, aunque no demuestran por sí mismas la existencia de un sistema estatal de espionaje, han encendido las alarmas porque sugieren que identificar políticamente a ciudadanos críticos podría estar siendo normalizado dentro del entorno del poder.

El primer episodio tuvo como protagonista al ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar. Durante el programa televisivo semanal de Casa Presidencial, el funcionario atacó a críticos del programa penitenciario “Cero Ocio” y aseguró que algunos de esos opositores ya estaban “identificados”. Aguilar agregó incluso que sabía que se habían reunido recientemente.

La expresión provocó cuestionamientos inmediatos de diputados opositores, quienes exigieron saber qué quiso decir el ministro con “identificados”, quién habría realizado esa identificación y si alguna institución estatal estaba siguiendo las actividades de ciudadanos por sus posiciones políticas. Hasta ahora, las declaraciones conocidas no prueban que exista vigilancia estatal ilegal, pero tampoco explican cómo un ministro conoce reuniones recientes de personas a las que públicamente clasifica como adversarios.

Un segundo episodio eleva las preocupaciones

La controversia aumentó cuando Freddy González, secretario general del gobernante Partido Pueblo Soberano, aseguró que su agrupación posee información sobre simpatizantes del opositor Frente Amplio obtenida a partir del proceso utilizado para distribuir entradas al traspaso de poderes del pasado 8 de mayo.

González afirmó públicamente que conocen quiénes son esas personas, dónde están, cuáles son sus gustos y preferencias y hasta qué hacen. También sostuvo que esos ciudadanos ya estaban “censados políticamente”. No presentó pruebas de la magnitud de esa base de datos ni explicó con precisión qué información conserva el partido o cómo fue procesada.

El asunto resulta especialmente sensible porque quienes solicitaron entradas para asistir al traspaso de poderes debían proporcionar información personal mediante una plataforma electrónica, incluyendo su número de identificación y correo electrónico. Ahora la oposición exige a la Presidencia aclarar qué ocurrió con esos datos, quién tuvo acceso a ellos y dónde se encuentran actualmente.

El verdadero peligro democrático

La gravedad del caso no depende únicamente de demostrar que exista espionaje.

En una democracia, un partido puede conocer a sus adversarios, estudiar el comportamiento electoral y organizar estrategias políticas. Eso forma parte de la competencia normal. El problema comienza cuando datos personales obtenidos en actividades oficiales pueden terminar siendo utilizados para identificar, clasificar o perfilar ciudadanos según sus posiciones políticas.

La legislación costarricense considera las opiniones políticas información sensible y establece una protección especial para este tipo de datos. Por eso, determinar el origen, tratamiento y finalidad de cualquier registro de estas características resulta fundamental.

Pero existe además un efecto democrático más difícil de medir: el miedo.

Cuando un ministro anuncia que tiene “identificados” a sus críticos y, pocos días después, el secretario general del partido gobernante afirma conocer dónde están, qué hacen y cuáles son las preferencias de determinados opositores, el mensaje puede producir un efecto intimidatorio incluso si nunca se demuestra la existencia de vigilancia clandestina.

Una democracia saludable necesita ciudadanos capaces de asistir a una manifestación, reunirse con opositores, militar en otro partido o criticar al Gobierno sin preguntarse si esas actividades los colocarán en una lista.

Una polémica que no ocurre aislada

Las declaraciones aparecen además en un momento de fuerte tensión institucional en Costa Rica. En las últimas semanas, organizaciones políticas y sectores sociales han protestado en defensa de la independencia judicial, mientras el Gobierno de Laura Fernández mantiene un enfrentamiento creciente con instituciones del Poder Judicial.

Paralelamente, la administración Fernández declaró secreto de Estado información relacionada con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional y otras estructuras gubernamentales de seguridad, una medida que también ha generado cuestionamientos entre sectores opositores.

Vistos separadamente, cada episodio podría tener una explicación administrativa o política. Vistos conjuntamente, construyen un escenario que merece vigilancia institucional y periodística: un Gobierno confrontado con otros poderes del Estado mientras dirigentes de su entorno hablan abiertamente de identificar y clasificar opositores.

De adversarios políticos a ciudadanos bajo sospecha

La historia latinoamericana ofrece suficientes ejemplos de cómo los deterioros democráticos rara vez comienzan con la eliminación inmediata de elecciones o el cierre del Congreso. Con frecuencia empiezan de manera gradual: deslegitimando instituciones, convirtiendo al crítico en enemigo y acostumbrando a la sociedad a que el Estado o el partido gobernante tengan derecho a saber quién se opone al poder.

Costa Rica todavía posee instituciones independientes, oposición política, prensa crítica y mecanismos legales capaces de investigar estos hechos. Precisamente por eso la respuesta institucional resulta importante.

La cuestión central ya no es únicamente qué quiso decir un ministro con la frase “los tenemos identificados”. Ahora el país necesita saber qué información existe realmente, quién la posee, cómo fue obtenida y para qué pretende utilizarse.

Porque identificar ciudadanos por sus preferencias políticas puede parecer inicialmente una herramienta de estrategia partidaria. Cuando esa información se mezcla con las estructuras y los recursos de quienes gobiernan, puede convertirse en algo mucho más peligroso: el comienzo de una frontera borrosa entre Gobierno, partido y aparato de vigilancia política.