El presidente chileno, José Antonio Kast, consiguió su victoria legislativa más importante desde que asumió el poder, luego de que la Cámara de Diputados aprobara prácticamente toda su ambiciosa reforma económica, tributaria y administrativa.

El proyecto, denominado Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, contempla cerca de 40 medidas y modifica decenas de leyes y decretos. Su objetivo declarado es recuperar la inversión, facilitar el desarrollo de proyectos privados, impulsar la creación de empleo y acelerar la reconstrucción de las regiones afectadas por incendios forestales.

La iniciativa recibió apoyo de legisladores de derecha y de algunos sectores externos a la coalición gobernante, permitiendo que Kast superara la fragmentación del Congreso y colocara su programa económico a las puertas de convertirse en ley.

Sin embargo, la aprobación todavía no está completamente cerrada. Una disposición relacionada con la compensación que recibirán los municipios por las nuevas exenciones tributarias quedó pendiente de resolución, mientras la votación definitiva en el Senado fue aplazada hasta agosto.

Kast apuesta por una reducción del impuesto corporativo

Una de las medidas centrales de la reforma es la disminución gradual del impuesto que pagan las grandes empresas.

La tasa corporativa bajaría desde el actual 27 % hasta el 23 % en 2029. El Gobierno sostiene que Chile perdió competitividad frente a otras economías y que una carga tributaria más baja permitirá atraer capital, reactivar proyectos paralizados y generar empleo formal.

La iniciativa también establece mecanismos de estabilidad tributaria para grandes inversiones. Esto permitiría que determinados proyectos mantengan durante un periodo prolongado las condiciones fiscales vigentes al momento de ser aprobados, reduciendo el riesgo de cambios posteriores.

Para el Gobierno, la medida ofrece certeza jurídica a los inversionistas. Para la oposición, limita la capacidad de futuros gobiernos y congresos para modificar la política tributaria.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha defendido el proyecto como una señal de confianza dirigida al sector privado y como una herramienta para sacar a Chile de un periodo prolongado de bajo crecimiento.

Incentivos para viviendas nuevas y adultos mayores

La reforma incluye beneficios tributarios para el mercado inmobiliario.

Entre ellos figura una exención temporal del impuesto al valor agregado para determinadas viviendas nuevas, una medida con la que el Ejecutivo espera estimular la construcción, reducir el inventario acumulado y facilitar la recuperación de un sector afectado por las altas tasas de interés.

También contempla la exención del pago de contribuciones para la primera vivienda de personas mayores de 65 años que cumplan los requisitos establecidos.

Esta última medida generó uno de los principales conflictos del debate legislativo. Los municipios reciben parte de sus recursos mediante las contribuciones territoriales, por lo que la exención obliga al Estado a definir cómo compensará la pérdida de ingresos.

La Cámara y el Senado no lograron un acuerdo definitivo sobre el mecanismo de compensación. Una comisión mixta elaboró una fórmula, pero el Gobierno no reunió los votos necesarios para cerrar su aprobación antes del receso parlamentario.

La discusión continuará en agosto y será determinante para el despacho definitivo del proyecto.

La gratuidad universitaria también cambia

Otro de los puntos polémicos limita la incorporación de nuevas universidades al sistema de gratuidad de la educación superior.

El Gobierno argumenta que la expansión del programa debe estar condicionada a la disponibilidad de recursos públicos y al cumplimiento de requisitos financieros y académicos más estrictos.

La oposición considera que la medida puede detener la ampliación de un derecho social conquistado durante gobiernos anteriores y aumentar las diferencias entre estudiantes según la institución en la que cursen sus carreras.

Aunque Kast no elimina la gratuidad para quienes ya reciben el beneficio, la reforma introduce restricciones a su crecimiento futuro y refleja la intención del Gobierno de contener el aumento del gasto público.

Esta decisión forma parte de un cambio más amplio: la administración busca reducir el déficit fiscal, limitar programas que considera financieramente insostenibles y trasladar nuevamente parte del protagonismo económico hacia el sector privado.

Las empresas podrán reclamar por proyectos bloqueados

La reforma también modifica reglas relacionadas con la inversión y la tramitación ambiental.

Determinadas empresas podrán solicitar compensaciones cuando resoluciones administrativas o disputas ambientales retrasen proyectos que ya habían recibido autorizaciones.

El Ejecutivo sostiene que existen inversiones paralizadas durante años por problemas burocráticos, decisiones contradictorias o judicialización. La reforma pretende reducir esa incertidumbre y acelerar el inicio de grandes obras.

Los críticos advierten que la medida puede trasladar al Estado el coste de proyectos cuestionados por sus efectos ambientales y limitar la capacidad de los organismos públicos para revisar autorizaciones.

Organizaciones ambientalistas también han cuestionado disposiciones relacionadas con actividades productivas como la salmonicultura, al considerar que podrían debilitar controles existentes.

La oposición anunció acciones ante el Tribunal Constitucional contra apartados tributarios y ambientales, alegando que conceden privilegios excesivos a grandes inversionistas y afectan facultades que corresponden a futuras administraciones.

Reconstrucción de las regiones afectadas por incendios

El proyecto no se limita a las reformas tributarias.

También incorpora recursos y mecanismos para acelerar la reconstrucción en zonas afectadas por incendios forestales, especialmente en las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío.

El Gobierno busca facilitar la construcción de viviendas, recuperar infraestructura pública y simplificar procedimientos para ejecutar obras en las comunidades damnificadas.

Esta dimensión permitió que la iniciativa recibiera apoyo más allá del oficialismo. Algunos legisladores que rechazaban la reducción de impuestos respaldaron medidas relacionadas con vivienda, reconstrucción y apoyo a adultos mayores.

Kast aprovechó esa combinación para presentar el proyecto como una respuesta simultánea a la emergencia social y al estancamiento económico.

Sus opositores sostienen, en cambio, que el Ejecutivo utilizó las necesidades de reconstrucción para incorporar una transformación tributaria mucho más amplia.

La oposición denuncia beneficios para los sectores más ricos

Los partidos de izquierda y centroizquierda afirman que la reforma reducirá la recaudación del Estado y beneficiará principalmente a grandes empresas, propietarios e inversionistas.

También cuestionan que la disminución del impuesto corporativo no esté acompañada por una fuente clara de ingresos que compense la pérdida fiscal.

El Gobierno responde que una economía con más inversión, empleo y actividad empresarial terminará generando una mayor recaudación, incluso con tasas tributarias más bajas.

La disputa representa dos visiones diferentes sobre la economía chilena.

Kast sostiene que el crecimiento depende de reducir impuestos, permisos y regulaciones. La oposición considera que el Estado necesita mantener suficientes recursos para financiar educación, salud, pensiones, infraestructura y políticas sociales.

El resultado económico de la reforma no será inmediato. La reducción del impuesto corporativo se aplicaría gradualmente y los nuevos proyectos de inversión necesitarán tiempo para traducirse en producción y empleo.

Una victoria política, pero todavía incompleta

Aunque queda una votación pendiente, el avance de la reforma representa una victoria significativa para Kast.

El presidente consiguió que el Congreso aprobara la estructura principal de su programa económico apenas unos meses después de asumir el Gobierno. También demostró que puede construir mayorías circunstanciales pese a no controlar por sí solo el Poder Legislativo.

La iniciativa modifica 36 leyes y 15 decretos y constituye uno de los paquetes económicos más amplios debatidos en Chile durante los últimos años.

Sin embargo, el retraso de la votación final reveló las limitaciones del Ejecutivo. Las diferencias sobre el financiamiento municipal alcanzaron incluso a sectores aliados y obligaron a postergar la definición.

A esto se suman los recursos ante el Tribunal Constitucional, que podrían alterar o eliminar algunas disposiciones antes de que entren en vigor.

Chile consolida su desplazamiento hacia la derecha

Más allá de sus efectos fiscales, la reforma confirma el cambio de dirección política producido tras la llegada de Kast al poder.

Después de años en los que el debate chileno estuvo concentrado en ampliar derechos sociales, modificar la Constitución y fortalecer la intervención estatal, el nuevo Gobierno ha colocado nuevamente en el centro la inversión privada, la competitividad empresarial y la reducción de impuestos.

La reforma no elimina completamente las políticas sociales heredadas, pero limita su expansión y redefine las prioridades presupuestarias.

Para sus seguidores, Kast está recuperando un modelo que convirtió a Chile en una de las economías más estables de América Latina.

Para sus adversarios, el país está regresando a una estructura económica que profundiza la desigualdad y concede demasiado poder a las grandes empresas.

La votación definitiva prevista para agosto determinará si Kast consigue transformar su primera gran victoria parlamentaria en una ley plenamente vigente.

Independientemente del resultado de las impugnaciones, el presidente ya logró algo políticamente relevante: instalar su programa económico como el nuevo eje alrededor del cual gira el debate chileno.

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Extracto: Kast consiguió el avance de su principal reforma económica, aunque una disposición municipal y varios recursos constitucionales mantienen pendiente su aprobación definitiva.

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