El Gobierno chileno propone facultades extraordinarias para intervenir territorios bajo control del crimen organizado o grupos terroristas. El plan permitiría restringir la movilidad, las reuniones y determinadas comunicaciones, y ya abre un intenso debate sobre seguridad y derechos fundamentales.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha dado un nuevo paso en la agenda de seguridad que ha marcado los primeros meses de su Gobierno. Su Administración presentó ante el Senado un amplio paquete de reformas que incluye la creación de un nuevo estado de excepción constitucional destinado específicamente a enfrentar amenazas graves contra la seguridad pública.

La propuesta forma parte de la denominada Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, ACOT, una ofensiva legislativa compuesta por ocho reformas constitucionales y alrededor de 30 proyectos de ley.

Un estado de excepción diseñado contra las organizaciones criminales

La principal novedad es una figura constitucional diferente de los estados de excepción que actualmente contempla Chile.

El Gobierno pretende que pueda ser utilizada cuando exista una amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando esta haya sido severamente afectada en una determinada zona del país.

El presidente tendría la facultad de determinar las áreas sometidas al régimen especial. Inicialmente podría mantenerse hasta 120 días y prorrogarse por otro período similar. Extensiones posteriores requerirían autorización del Congreso Nacional.

Durante su aplicación podrían suspenderse o restringirse temporalmente derechos como la libertad de movimiento y de reunión. El proyecto también contempla restricciones al derecho de asociación y facultades extraordinarias para intervenir determinadas comunicaciones o requisar bienes.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, sostiene que la herramienta permitiría realizar intervenciones profundas pero temporales en territorios donde organizaciones criminales o grupos terroristas dificultan la actuación normal del Estado.

Fuerzas Armadas contra el crimen organizado

Otro elemento políticamente sensible es una mayor participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad interior.

Según la propuesta explicada en el Senado, las fuerzas policiales podrían contar con colaboración militar en zonas sometidas al nuevo régimen, utilizando reglas previamente establecidas y bajo supervisión institucional.

El Ejecutivo sostiene que las herramientas tradicionales fueron diseñadas principalmente para enfrentar guerras, catástrofes u otras emergencias, pero no necesariamente territorios donde organizaciones criminales adquieren capacidad para desafiar al Estado.

El dinero también se convierte en objetivo

La estrategia de Kast no se limita al despliegue policial.

Otro de los pilares pretende facilitar el congelamiento y decomiso de los activos pertenecientes a organizaciones criminales. El Gobierno también plantea crear un registro oficial de grupos vinculados con el crimen organizado y el terrorismo para facilitar su persecución judicial.

La intención es evitar que los fiscales tengan que demostrar desde cero, en cada procedimiento individual, la existencia y naturaleza criminal de organizaciones previamente identificadas.

También se contemplan regímenes penitenciarios diferenciados para impedir que dirigentes criminales continúen coordinando operaciones desde las cárceles.

El debate: ¿hasta dónde puede llegar el Estado?

Las medidas han comenzado a provocar una discusión que probablemente acompañará toda la tramitación parlamentaria.

Incluso desde el Senado han surgido voces que reconocen la necesidad de fortalecer la lucha contra el crimen organizado, pero reclaman cautela frente a facultades capaces de limitar derechos básicos.

La senadora Loreto Carvajal pidió avanzar con “urgencia con cautela”, mientras la presidenta del Senado, Paulina Núñez, reconoció que el texto probablemente sufrirá modificaciones durante su discusión parlamentaria.

También han surgido interrogantes sobre algunas propuestas iniciales relacionadas con las prestaciones sociales de condenados por crimen organizado y terrorismo. Kast descartó que su Gobierno pretenda retirarles el acceso a atención sanitaria, aunque el Ejecutivo sí mantiene su intención de revisar determinados beneficios mediante legislación de quórum especial.

Seguridad, la gran apuesta política de Kast

El combate a la delincuencia fue una de las principales promesas que llevó a José Antonio Kast a la presidencia y actualmente constituye uno de los ejes centrales de su Administración.

El Gobierno busca transmitir que Chile necesita instrumentos diferentes para combatir estructuras criminales cada vez más organizadas y con capacidad financiera, territorial y transnacional.

La estrategia cuenta, además, con un importante respaldo inicial entre los ciudadanos. Una encuesta Criteria citada por EL PAÍS sitúa el apoyo a diferentes medidas de la agenda gubernamental entre el 75% y el 94%, aunque el verdadero desafío comenzará ahora en el Congreso, donde deberán definirse los límites concretos de las nuevas facultades.

La discusión que comienza en Chile va más allá de una reforma penal.

El debate será hasta dónde puede ampliar un Estado democrático sus poderes para recuperar territorios y combatir organizaciones criminales sin debilitar las garantías constitucionales que pretende proteger.