El anuncio de Daniel Ortega de impedir la celebración de nuevas elecciones en Nicaragua ha provocado las primeras reacciones de los gobiernos centroamericanos, evidenciando una región dividida entre las condenas abiertas, las medidas diplomáticas y el silencio de algunos mandatarios.

Los gobiernos de Costa Rica, Panamá y Guatemala rechazaron públicamente la pretensión del régimen nicaragüense de cerrar definitivamente la vía electoral. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, los presidentes de El Salvador y Honduras no habían divulgado una posición oficial sobre una decisión que amenaza con transformar a Nicaragua en un régimen sin mecanismos de alternancia política.

Ortega aseguró durante la conmemoración del 47.º aniversario de la Revolución Sandinista que en Nicaragua no volverían a realizarse elecciones para permitir que la oposición pudiera alcanzar el Gobierno.

El dirigente nicaragüense también anunció que trabajaría con la Asamblea Nacional y otras instituciones controladas por el oficialismo para aprobar leyes destinadas a bloquear cualquier posibilidad de que los grupos opositores compitan por el poder.

Aunque todavía deben concretarse las reformas legales y constitucionales anunciadas, las declaraciones representan el abandono explícito del sistema electoral como mecanismo para decidir el futuro político del país.

Panamá adopta la respuesta más contundente

El Gobierno del presidente panameño José Raúl Mulino protagonizó la reacción diplomática más fuerte de Centroamérica al llamar a consultas a su embajador en Managua.

Panamá calificó la eliminación de las elecciones como un grave agravio contra los principios y derechos fundamentales que sostienen las sociedades democráticas.

La administración de Mulino reclamó el respeto de los derechos civiles y políticos, la preservación de la vía electoral y la existencia de condiciones que permitan a todas las corrientes participar libremente en la vida pública nicaragüense.

La decisión de convocar al embajador elevó la respuesta panameña más allá de una condena retórica y abrió una nueva tensión diplomática con Managua. El régimen de Ortega y Rosario Murillo respondió acusando a Panamá de intervenir en asuntos internos y defendió el anuncio como una expresión de soberanía nacional.

Costa Rica defiende elecciones libres

El Gobierno de la presidenta costarricense Laura Fernández reafirmó su respaldo a la celebración de elecciones libres, democráticas, transparentes y plurales en Nicaragua.

La posición costarricense también expresó preocupación por el cierre sistemático de los espacios cívicos y por la persecución de las voces disidentes dentro del país vecino.

Costa Rica recordó que ya había desconocido el proceso electoral nicaragüense de 2021 por considerar que no reunió las condiciones ni las garantías necesarias para ser reconocido como democrático.

La reacción adquiere especial importancia por la extensa frontera compartida y por la presencia en territorio costarricense de una numerosa comunidad nicaragüense, integrada en parte por ciudadanos que abandonaron su país después de la crisis política y la represión iniciada en 2018.

Guatemala denuncia una ruptura del orden democrático

El Gobierno del presidente Bernardo Arévalo también rechazó el anuncio y advirtió que la supresión de los procesos electorales elimina cualquier posibilidad de alternancia en el ejercicio del poder.

Guatemala sostuvo que impedir futuros comicios restringiría los derechos políticos de los ciudadanos, debilitaría el Estado de derecho y vulneraría los compromisos internacionales relacionados con la democracia y el sufragio universal.

La administración de Arévalo expresó además su solidaridad con el pueblo nicaragüense y pidió garantizar las libertades de expresión, asociación y participación política.

La postura guatemalteca refuerza el bloque regional que considera las declaraciones de Ortega como una ruptura definitiva con los principios democráticos, y no simplemente como una nueva reforma dentro del sistema político nicaragüense.

Silencio de Bukele y Asfura

Mientras Costa Rica, Panamá y Guatemala fijaron posiciones públicas, los gobiernos de Nayib Bukele en El Salvador y Nasry Asfura en Honduras no habían difundido pronunciamientos oficiales sobre el anuncio de Ortega hasta el cierre de esta edición.

El silencio resulta significativo debido a la importancia del precedente para Centroamérica. La eliminación formal de las elecciones en uno de los países del istmo podría afectar la legitimidad democrática del sistema regional y aumentar las presiones para que organismos multilaterales adopten una posición conjunta.

También deja en evidencia las diferencias políticas y diplomáticas existentes dentro de Centroamérica, donde los gobiernos mantienen relaciones distintas con Managua y no han logrado construir una respuesta común ante el deterioro democrático nicaragüense.

Una amenaza para el sistema regional

La crisis trasciende las fronteras de Nicaragua. La eliminación de las elecciones colocaría al país fuera de los principios democráticos que formalmente orientan el Sistema de la Integración Centroamericana y otros mecanismos regionales.

Ortega gobierna desde 2007 y comparte actualmente el poder con su esposa, Rosario Murillo, nombrada copresidenta después de una reforma constitucional que amplió las facultades del Ejecutivo.

El oficialismo también controla la Asamblea Nacional, el sistema judicial, las autoridades electorales y las principales instituciones estatales, lo que facilita la aprobación de las reformas anunciadas.

Las reacciones de Costa Rica, Panamá y Guatemala muestran que una parte de Centroamérica no está dispuesta a normalizar la eliminación abierta del derecho al voto. No obstante, la ausencia de una posición conjunta de todos los presidentes revela las dificultades de la región para responder como bloque ante la consolidación de una dictadura sin elecciones en su propio territorio.