El cierre de espacios críticos, las sanciones indirectas contra empresas periodísticas y la revocación de visas a directivos de un importante diario reavivan el debate sobre la libertad de prensa en una de las democracias más estables de América Latina.

Costa Rica atraviesa un momento decisivo para su libertad de prensa. Aunque el país conserva instituciones independientes, garantías constitucionales y un entorno periodístico considerablemente más abierto que el de otras naciones centroamericanas, una sucesión de acontecimientos ha generado preocupación sobre el uso del poder político y económico para debilitar a medios y periodistas críticos.

El debate no gira únicamente alrededor de la censura directa. Las principales alertas se concentran en formas más difíciles de identificar: ataques públicos contra comunicadores, restricciones de acceso a información, presiones financieras, distribución selectiva de publicidad estatal, utilización de instituciones administrativas y fortalecimiento de plataformas alineadas con el discurso gubernamental.

Este fenómeno es conocido como captura mediática. Se produce cuando actores políticos o económicos consiguen influir sobre el sistema informativo sin necesidad de clausurar formalmente periódicos, emisoras o canales de televisión.

Costa Rica cae en el índice mundial

Costa Rica ocupa el puesto 38 entre 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2026. El país había quedado en la posición 36 durante 2025, lo que confirma un nuevo retroceso dentro de una tendencia que comenzó durante la administración de Rodrigo Chaves.

La evaluación reconoce que Costa Rica continúa teniendo un marco legal sólido y niveles relativamente bajos de violencia física contra periodistas. Sin embargo, advierte sobre el deterioro del entorno político, las dificultades económicas de los medios y las crecientes restricciones para acceder a información pública.

La caída resulta significativa porque Costa Rica fue considerada durante años una excepción regional. Mientras periodistas de Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras y México enfrentaban exilio, encarcelamiento, amenazas o asesinatos, el sistema costarricense mantenía una prensa plural respaldada por tribunales independientes.

El deterioro actual no coloca al país en una situación comparable con los regímenes más represivos de la región, pero revela que las democracias también pueden debilitar gradualmente la libertad de expresión mediante mecanismos institucionales, económicos y discursivos.

El antecedente de Parque Viva

Uno de los episodios más importantes ocurrió en 2022, cuando el Ministerio de Salud ordenó el cierre de Parque Viva, un centro de espectáculos perteneciente al mismo grupo empresarial del diario La Nación.

La Sala Constitucional determinó posteriormente que la decisión administrativa fue arbitraria, desproporcionada y constituyó una violación indirecta de la libertad de prensa. Los magistrados consideraron que la medida afectaba una fuente importante de ingresos del grupo periodístico y que se produjo en un contexto de enfrentamientos entre el entonces presidente Rodrigo Chaves y el periódico.

El tribunal advirtió que utilizar instituciones públicas para castigar económicamente a una empresa periodística por su línea editorial representaba un quebranto del Estado constitucional de derecho. La orden de cierre fue anulada.

La sentencia estableció un precedente regional: la libertad de prensa no solo puede ser violada mediante censura previa o prohibiciones de publicación, sino también a través de acciones administrativas aparentemente neutrales que debiliten la capacidad económica de un medio crítico.

En 2025, la Sala Constitucional volvió a amparar a periodistas por restricciones a la libertad de prensa y al acceso a la información, confirmando que las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el sector periodístico no se limitaban a un episodio aislado.

Revocación de visas aumenta la preocupación

El debate adquirió una dimensión internacional en mayo de 2026, cuando Estados Unidos revocó las visas de varios integrantes de la junta directiva de La Nación. La medida no estuvo acompañada por una explicación pública detallada por parte de las autoridades estadounidenses.

La decisión fue interpretada por organizaciones defensoras del periodismo como una posible represalia contra una empresa informativa crítica del movimiento político encabezado por Rodrigo Chaves. Sin embargo, hasta ahora no se ha presentado evidencia pública concluyente que demuestre que el Gobierno costarricense solicitó directamente las cancelaciones.

La falta de transparencia alimentó las sospechas, especialmente porque otros políticos, funcionarios y figuras públicas costarricenses enfrentados con Chaves también habían perdido sus visas estadounidenses. Organizaciones internacionales advirtieron que este tipo de sanciones puede producir un efecto intimidatorio, aunque no implique el cierre formal de un medio.

La utilización de restricciones migratorias contra propietarios, directivos o periodistas introduce una nueva herramienta de presión. A diferencia de una demanda judicial o una resolución administrativa, la revocación de una visa puede realizarse sin que las autoridades publiquen los motivos completos, lo que dificulta su fiscalización.

El final de un espacio crítico

Otra señal que encendió el debate fue el cierre de Hablando Claro, dirigido por la periodista Vilma Ibarra. El programa concluyó el 5 de junio de 2026 después de una trayectoria de 25 años en sus distintas etapas y cerca de dos décadas dentro de Radio Columbia.

No existe evidencia pública de que el Gobierno ordenara directamente el cierre del espacio. Sin embargo, durante su despedida, Ibarra señaló que el ecosistema actual ofrece más oportunidades a contenidos alineados con las autoridades que a programas críticos.

El final del espacio se convirtió así en un símbolo de los problemas económicos que enfrentan los proyectos periodísticos independientes, especialmente en mercados pequeños donde la publicidad privada y estatal se encuentra concentrada en pocas empresas o instituciones.

La desaparición de un programa crítico no implica necesariamente censura. No obstante, cuando los espacios independientes pierden financiamiento mientras crecen plataformas asociadas a intereses políticos, puede reducirse progresivamente la diversidad del debate público.

La captura no siempre necesita censura

La captura mediática funciona mediante una combinación de incentivos y castigos. Un gobierno puede favorecer a determinadas plataformas mediante publicidad, entrevistas exclusivas, acceso privilegiado a funcionarios o información anticipada.

Al mismo tiempo, puede excluir a periodistas incómodos, retrasar respuestas, desacreditar públicamente sus investigaciones o utilizar organismos administrativos para aumentar los costos de operación de las empresas informativas.

También puede surgir una red de canales, páginas digitales, comunicadores y creadores de contenido que repitan constantemente las posiciones oficiales. Estos espacios no necesariamente reciben órdenes directas, pero pueden depender económica o políticamente de la continuidad de un proyecto de poder.

El resultado es un sistema aparentemente plural, con numerosos canales y publicaciones, pero en el que una parte creciente del contenido reproduce una misma narrativa y presenta a todo cuestionamiento periodístico como un ataque político.

El discurso contra los periodistas

Durante el Gobierno de Rodrigo Chaves se volvió habitual la confrontación pública con periodistas y medios tradicionales. Diversos comunicadores fueron acusados de actuar como adversarios políticos, mientras investigaciones incómodas eran presentadas como campañas destinadas a perjudicar al Ejecutivo.

Organizaciones defensoras de la prensa señalaron que este discurso puede estimular el hostigamiento digital, provocar autocensura y dificultar el trabajo de periodistas que cubren al Gobierno.

Los gobernantes tienen derecho a cuestionar errores, sesgos y conflictos de interés dentro de los medios. La libertad de expresión también protege la crítica gubernamental hacia la prensa. El problema aparece cuando la descalificación se combina con el poder estatal para restringir información, afectar ingresos o premiar selectivamente a plataformas favorables.

La diferencia entre una crítica legítima y una presión antidemocrática se encuentra en el uso de las instituciones. Un presidente puede responder a una publicación, pero no debería utilizar ministerios, contratos públicos, permisos administrativos o relaciones diplomáticas para castigar a quienes investigan su gestión.

La continuidad bajo Laura Fernández

El cambio presidencial de mayo de 2026 no significó una ruptura completa con la administración anterior. Laura Fernández asumió la Presidencia como heredera política del movimiento de Rodrigo Chaves, quien permanece dentro del nuevo Gobierno como ministro de la Presidencia y de Hacienda.

Esta continuidad mantiene abiertas las preguntas sobre la relación entre el Ejecutivo y la prensa. La nueva administración tiene la oportunidad de reducir la confrontación, garantizar el acceso igualitario a la información y establecer reglas transparentes para la distribución de publicidad pública.

Sin embargo, la concentración de poder alrededor del oficialismo, su mayoría legislativa y la permanencia de Chaves en posiciones centrales generan preocupación entre quienes consideran que las tensiones del periodo anterior podrían profundizarse.

Las instituciones todavía funcionan

A pesar de las señales de deterioro, Costa Rica conserva importantes defensas democráticas. La Sala Constitucional ha emitido fallos contra el Poder Ejecutivo, los medios continúan publicando investigaciones críticas y los periodistas no enfrentan un patrón generalizado de encarcelamientos o violencia física.

La existencia de tribunales independientes, organizaciones civiles activas y una sociedad acostumbrada al debate público diferencia el caso costarricense de procesos autoritarios más avanzados.

Precisamente por eso, las advertencias actuales tienen un carácter preventivo. La captura de medios suele avanzar de forma gradual: comienza con ataques verbales, continúa con restricciones económicas y termina debilitando la capacidad de la ciudadanía para conocer distintas versiones de la realidad.

Costa Rica aún cuenta con instituciones capaces de detener ese proceso. El desafío será protegerlas antes de que la presión sobre el periodismo se convierta en una característica permanente de su sistema político.