El Gobierno interino y una parte de la oposición inician una nueva negociación respaldada por Estados Unidos. La renovación de las instituciones electorales, la recuperación de las libertades políticas y la convocatoria de elecciones aparecen entre los objetivos, pero la ausencia de los principales líderes opositores amenaza la legitimidad del proceso.

VENEZUELA. El Gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez y un sector de la oposición venezolana abren una nueva ronda de negociaciones con la promesa de reconstruir las instituciones democráticas y establecer las condiciones para futuras elecciones.

Las conversaciones llegan después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026, un acontecimiento que transformó por completo el equilibrio político venezolano y convirtió a Washington en el actor extranjero con mayor influencia sobre el futuro inmediato del país.

Sin embargo, el proceso comienza con una ausencia difícil de ignorar: María Corina Machado, la dirigente opositora con mayor reconocimiento nacional e internacional, no formará parte de la mesa.

Tampoco participará directamente Edmundo González Urrutia, alrededor de quien se concentró buena parte de la oposición después de las cuestionadas elecciones presidenciales de 2024. Ambos dirigentes han manifestado que evaluarán el diálogo a partir de sus resultados concretos, pero no respaldan de manera directa su composición actual.

Una oposición representada por Dinorah Figuera

La delegación opositora estará encabezada por Dinorah Figuera, expresidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015, considerada por Estados Unidos como la última legislatura venezolana con legitimidad democrática.

Figuera regresó recientemente a Caracas después de varios años en el exilio y sostuvo un encuentro previo con Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo y hermano de la mandataria interina Delcy Rodríguez. Ambos serán las figuras centrales de un proceso que busca construir una agenda institucional antes de discutir una elección presidencial.

La elección de Figuera como representante de la oposición no fue accidental. Washington considera que la Asamblea Nacional de 2015 conserva una legitimidad jurídica importante y que puede servir como contraparte institucional del actual poder legislativo.

No obstante, esta decisión también deja fuera a los sectores opositores que actualmente concentran mayor respaldo popular. Para los críticos del proceso, negociar sin Machado y González Urrutia podría permitir que el Gobierno interino seleccione una oposición políticamente aceptable, pero incapaz de representar plenamente la voluntad expresada por los venezolanos.

¿Qué se negociará?

Las conversaciones buscarán establecer una ruta para reformar el sistema político venezolano. Entre los asuntos planteados se encuentran la renovación del Consejo Nacional Electoral, la modificación de parte del Tribunal Supremo de Justicia y la recuperación de garantías civiles y políticas.

La oposición también pretende obtener condiciones para una futura elección competitiva: libertad de prensa, seguridad para los candidatos, reconocimiento de los partidos políticos, transparencia electoral y protección de los centros de votación.

Estados Unidos ha señalado que su intención será facilitar el proceso y no determinar directamente cómo deben realizarse las elecciones. Washington también reconoce que la recuperación institucional será gradual y que no existen condiciones para organizar inmediatamente una votación plenamente democrática.

La transición, por tanto, no comenzaría con una elección presidencial inmediata. Primero se intentaría reconstruir las instituciones encargadas de garantizarla.

Este enfoque representa un cambio frente a la estrategia de los últimos años, cuando gran parte de la oposición exigía la salida inmediata del chavismo y la convocatoria acelerada de elecciones. La nueva propuesta apuesta por un proceso escalonado de estabilización, recuperación económica y posterior transición democrática.

El chavismo quiere el levantamiento de las sanciones

El Gobierno interino llegará a la mesa con sus propias exigencias. La principal será la eliminación de las sanciones económicas internacionales impuestas durante los años de Nicolás Maduro.

El chavismo sostiene que estas medidas agravaron la crisis económica, limitaron la capacidad del Estado para obtener financiamiento y redujeron los ingresos procedentes del petróleo. La oposición, por su parte, teme que levantar las restricciones sin reformas democráticas verificables permita que las actuales autoridades consoliden su permanencia en el poder.

Este será uno de los puntos más difíciles de la negociación: Washington podría ofrecer alivios económicos a cambio de cambios institucionales, mientras el Gobierno venezolano intentará obtener el levantamiento de sanciones antes de comprometerse con un calendario electoral definitivo.

La discusión no será únicamente política. Venezuela posee algunas de las mayores reservas petroleras del mundo y Estados Unidos tiene un interés directo en estabilizar su producción energética. Esto alimenta las sospechas de quienes consideran que Washington podría privilegiar la estabilidad económica sobre una transición democrática rápida.

Washington deja de ser un simple mediador

La gran diferencia entre esta negociación y los procesos anteriores es el papel de Estados Unidos.

En diálogos pasados, Washington actuaba como aliado de la oposición, imponía sanciones al Gobierno de Maduro y apoyaba procesos conducidos por mediadores internacionales. Ahora ejerce una influencia mucho más directa sobre el Gobierno interino y sobre la selección de los representantes opositores.

La administración estadounidense ha propuesto una estrategia dividida en tres etapas: estabilización, recuperación y transición democrática. En la práctica, esto significa que la convocatoria de elecciones podría quedar aplazada hasta que se reconstruya parte del Estado y se establezcan nuevas reglas institucionales.

Para algunos sectores, la presión estadounidense aumenta las posibilidades de obtener acuerdos que el chavismo nunca habría aceptado voluntariamente. Para otros, Venezuela corre el riesgo de sustituir el autoritarismo interno por una tutela extranjera sobre sus decisiones políticas y económicas.

El Gobierno y la oposición se sientan formalmente a negociar, pero Washington conserva una capacidad decisiva para aprobar incentivos económicos, levantar sanciones, reconocer instituciones y determinar el ritmo de la transición.

María Corina Machado observa desde fuera

La ausencia de María Corina Machado constituye el principal problema de legitimidad del proceso.

Machado se convirtió en la figura central de la oposición después de ganar ampliamente las primarias de 2023 y respaldar posteriormente la candidatura presidencial de Edmundo González Urrutia. A pesar de su influencia política, no fue incorporada a la delegación porque no forma parte de la Asamblea Nacional elegida en 2015.

Reuters informó que Washington solicitó a Dinorah Figuera encabezar las conversaciones por su condición de representante de aquella legislatura. Machado no habría participado en la organización inicial de la negociación y conoció sus detalles cuando el proceso ya se encontraba avanzado.

La dirigente opositora ha evitado rechazar totalmente las conversaciones, pero ha condicionado su valoración a la obtención de resultados verificables. Entre ellos estarían la restitución de derechos políticos, la transformación de las instituciones electorales y la definición de un calendario para elecciones libres.

Su estrategia parece consistir en observar el proceso desde fuera sin otorgarle legitimidad anticipada. Si las conversaciones producen reformas reales, podrá reconocer los avances. Si fracasan o son utilizadas para prolongar al Gobierno interino, podrá denunciar que se trató de una nueva maniobra del chavismo.

El recuerdo de los diálogos fracasados

Venezuela ha vivido numerosos procesos de negociación durante las últimas décadas. República Dominicana, Barbados, México y otros escenarios sirvieron como sede de conversaciones que terminaron sin producir una transición democrática.

Entre 2017 y 2024 fracasaron al menos cuatro procesos importantes de diálogo. En varias ocasiones, el chavismo utilizó las conversaciones para reducir la presión internacional, dividir a la oposición o ganar tiempo sin aplicar completamente los acuerdos alcanzados.

Por eso, una parte considerable de la sociedad venezolana desconfía de cualquier nueva mesa de negociación. Los comunicados, las fotografías y las promesas ya no serán suficientes para demostrar que el proceso es diferente.

La credibilidad dependerá de medidas concretas: liberación de los presos políticos que todavía permanezcan detenidos, legalización de partidos, libertad para los medios de comunicación, regreso seguro de los dirigentes exiliados y selección independiente de las autoridades electorales.

Una transición que todavía parece lejana

Aunque las negociaciones representan una oportunidad política, una elección verdaderamente libre no parece inmediata.

Analistas consultados por Associated Press advierten que una transición democrática no comienza simplemente con la apertura de un diálogo. Primero deben recuperarse las libertades de expresión, asociación, reunión y participación política que fueron restringidas durante los gobiernos chavistas.

El Gobierno interino continúa controlando la Asamblea Nacional, buena parte del sistema judicial, los organismos electorales y las principales estructuras del Estado. Sin una transformación de esas instituciones, cualquier elección podría celebrarse bajo las mismas condiciones que provocaron la crisis política anterior.

El desafío será convertir la presión estadounidense y la debilidad del chavismo posterior a Maduro en una reforma institucional duradera, no solamente en un acuerdo que permita estabilizar la economía y conservar intacta la estructura de poder.

Venezuela vuelve a apostar por la negociación

El nuevo diálogo abre una oportunidad que no puede descartarse, pero tampoco debe celebrarse anticipadamente.

La ausencia de María Corina Machado y Edmundo González reduce la representatividad de la mesa. La influencia estadounidense aumenta las posibilidades de presionar al Gobierno, pero genera dudas sobre la soberanía del proceso. El interés económico por el petróleo puede contribuir a la recuperación del país, aunque también podría relegar las exigencias democráticas.

Venezuela no necesita únicamente una negociación entre dirigentes. Necesita instituciones capaces de garantizar que la voluntad popular sea respetada, sin importar quién gane las próximas elecciones.

El éxito de las conversaciones no se medirá por su duración ni por la cantidad de reuniones celebradas. Se medirá por la restitución de derechos, la renovación de las instituciones y la existencia de un calendario electoral confiable.

Hasta que esas condiciones aparezcan, Venezuela no estará negociando todavía una democracia plena, sino la posibilidad de comenzar a reconstruirla.