Con una diferencia mínima en el conteo preliminar, la segunda vuelta peruana queda en manos de la revisión de actas observadas y de los procedimientos del Jurado Nacional de Elecciones. El país espera un resultado oficial en medio de tensión política, llamados a la calma y presión de los mercados.

Perú atraviesa una de las definiciones electorales más cerradas de su historia reciente. La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, mantiene una leve ventaja sobre el izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, mientras el proceso queda pendiente de la revisión de actas observadas y de los trámites finales ante las autoridades electorales.

Según el reporte más reciente citado por medios peruanos, con 99,068% de actas procesadas por la ONPE, Fujimori registra 50,096% de los votos válidos, frente al 49,904% de Sánchez. La diferencia provisional es de 34.967 votos, una brecha estrecha para una elección nacional y todavía insuficiente para cerrar políticamente la disputa.

La fotografía electoral cambió en los últimos días. Reuters reportó que Fujimori había retomado la delantera impulsada, en parte, por el voto del exterior, situándose en 50,051% contra 49,949% cuando el conteo se encontraba en 98,59%. Ese corte dejaba una separación de poco más de 18.300 votos, reflejo de una contienda voto a voto.

Aunque la Oficina Nacional de Procesos Electorales avanzó en el procesamiento de las actas, el resultado definitivo no depende únicamente del conteo preliminar. De acuerdo con reportes de El País, la definición queda sujeta al análisis de 1.551 actas observadas, es decir, documentos electorales con incidencias materiales que deben ser revisados antes de una proclamación oficial.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha pedido calma a la ciudadanía y a los actores políticos. La institución llamó a esperar el cierre del escrutinio y recordó que los Jurados Electorales Especiales deben atender las actas observadas y otros procedimientos previstos por la justicia electoral, incluidos eventuales recuentos cuando correspondan conforme a ley.

La campaña de Sánchez ha cuestionado parte del proceso y solicitó invalidar alrededor de 400.000 votos emitidos en el extranjero, alegando irregularidades en su traslado. Esa petición fue rechazada por las autoridades, mientras simpatizantes del candidato de izquierda han realizado marchas en Lima para exigir transparencia y “defender el voto popular”.

Por su parte, las misiones de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea coincidieron en que la jornada electoral se desarrolló con normalidad y pidieron esperar el conteo oficial, especialmente por la estrechez del margen entre ambos candidatos.

La incertidumbre política también tiene impacto económico. Reuters señaló que los mercados financieros peruanos habían reaccionado con volatilidad durante la elección, aunque repuntaron cuando Fujimori empezó a tomar ventaja. El temor de inversionistas se concentra en el rumbo económico que podría tomar el país bajo cualquiera de los dos proyectos políticos, especialmente en un contexto de fragilidad institucional.

El próximo presidente o presidenta de Perú asumirá el poder el 28 de julio para un periodo de cinco años, en un país que ha tenido una alta rotación presidencial durante la última década. Associated Press recuerda que el ganador de esta segunda vuelta será el noveno mandatario peruano en diez años, un dato que resume la profundidad de la crisis política que enfrenta el país andino.

Más allá de quién resulte ganador, el nuevo gobierno nacerá con un mandato ajustado y un país partido casi por la mitad. La principal tarea será reconstruir confianza en las instituciones, responder a la inseguridad y evitar que la disputa electoral prolongue la polarización social. En Perú, esta vez, no solo se cuenta voto por voto: también se mide la capacidad del sistema democrático para resistir una elección sin margen para errores.