Perú vive una de las definiciones electorales más tensas de los últimos años. A casi una semana de la segunda vuelta presidencial, la Oficina Nacional de Procesos Electorales alcanzó el 100 % de actas procesadas, pero el país todavía no tiene un resultado definitivo: la ventaja provisional de Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez es mínima y la decisión final dependerá de la revisión de actas observadas e impugnaciones pendientes.

Según los reportes más recientes, Fujimori, candidata de Fuerza Popular, se mantiene por delante de Sánchez, de Juntos por el Perú, por apenas 4.209 votos. La diferencia es tan estrecha que el resultado quedó supeditado al análisis de 1.551 actas observadas, documentos electorales que presentan incidencias materiales y que aún deben ser revisados por las autoridades correspondientes.

La ONPE es el organismo encargado del procesamiento y presentación de resultados electorales. Su portal oficial remite a la plataforma de resultados de las Elecciones Generales 2026, donde se publica el avance del proceso. Sin embargo, en esta etapa el protagonismo pasa también al sistema de justicia electoral: los Jurados Electorales Especiales deben resolver las actas observadas y, en caso de apelaciones, el Jurado Nacional de Elecciones tendrá la última palabra.

El JNE pide calma y esperar el final del escrutinio

La posición oficial del Jurado Nacional de Elecciones ha sido llamar a la calma a la ciudadanía y a los actores políticos. El organismo pidió esperar el cierre del escrutinio y recordó que los Jurados Electorales Especiales están atendiendo las actas observadas y los procedimientos previstos por la ley, incluidos los recuentos de votos cuando correspondan.

El mensaje del JNE busca contener la tensión política y social que ha crecido conforme el margen entre ambos candidatos se mantiene prácticamente voto a voto. La entidad también ha insistido en que el proceso debe seguir los cauces legales, sin presiones externas ni proclamaciones anticipadas.

Keiko Fujimori llama a esperar los resultados oficiales

Desde Fuerza Popular, Keiko Fujimori ha optado por un tono prudente tras pasar al primer lugar del conteo. La candidata ha dicho que confía en el trabajo de los observadores internacionales y en la presencia de personeros de ambos partidos, factores que, según ella, dan credibilidad al proceso. También sostuvo que esperará los resultados oficiales de la ONPE antes de cualquier conversación política con su rival.

Fujimori además ha rechazado que existan causales claras de nulidad, aunque reconoció que Juntos por el Perú está en su derecho de presentar recursos dentro del marco legal.

Roberto Sánchez exige transparencia y defiende la movilización pacífica

Roberto Sánchez, por su parte, ha elevado el tono de vigilancia sobre el proceso. El candidato de Juntos por el Perú pidió al JNE y a la ONPE resolver los cuestionamientos electorales con transparencia, verdad objetiva y estricto cumplimiento de la ley. También defendió el derecho ciudadano a la movilización pacífica dentro del marco constitucional.

Sánchez informó además que sostuvo reuniones con observadores de la Unión Europea y de la OEA en medio del conteo, mientras su agrupación política insiste en que se revisen las controversias surgidas tras la votación.

Una elección que puede definirse por detalles

El escenario peruano sigue abierto porque las actas observadas pueden modificar el resultado final. Estas actas no ingresan de inmediato al cómputo cuando presentan errores, inconsistencias o problemas de legibilidad. Primero son revisadas por los Jurados Electorales Especiales y, si hay apelaciones, pueden llegar al pleno del JNE. Solo después de ese proceso los votos se incorporan oficialmente al conteo.

La tensión se explica por la magnitud del margen: una diferencia de pocos miles de votos en una elección nacional deja cualquier resolución bajo enorme presión política. En ese contexto, tanto la actuación de los organismos electorales como la conducta de los partidos serán determinantes para la legitimidad del resultado.

Por ahora, Perú no tiene ganador oficialmente proclamado. Tiene una candidata con ventaja mínima, un candidato que exige máxima transparencia y un sistema electoral sometido a una prueba decisiva: contar hasta el último voto sin romper la confianza democrática.