El Gobierno de Bernardo Arévalo intenta restaurar y digitalizar miles de expedientes que documentan desapariciones, ejecuciones, desplazamientos y otras violaciones cometidas durante el conflicto armado. El proyecto busca impedir que el deterioro físico y los cambios políticos borren una parte fundamental de la memoria nacional.

Guatemala inició una carrera contrarreloj para preservar aproximadamente 60.000 expedientes con testimonios de víctimas del conflicto armado interno, una colección documental que permaneció durante años bajo condiciones inadecuadas y que corre el riesgo de deteriorarse de forma irreversible.

Los documentos pertenecieron al extinto Programa Nacional de Resarcimiento, creado para registrar a las víctimas y ofrecer medidas de reparación por las violaciones ocurridas entre 1960 y 1996. En sus páginas se encuentran relatos sobre desapariciones forzadas, desplazamientos, reclutamientos obligatorios, violencia contra comunidades indígenas y asesinatos cometidos durante más de tres décadas de confrontación.

Los archivistas encontraron cajas afectadas por la humedad, expedientes incompletos y documentos acumulados sin las condiciones técnicas necesarias para garantizar su conservación. La tarea consiste en limpiar, organizar, clasificar y digitalizar cada archivo antes de que el tiempo termine destruyendo información imposible de reconstruir.

El archivo de una guerra que Guatemala todavía no termina de procesar

El conflicto armado enfrentó al Ejército y a organizaciones guerrilleras, pero la mayor parte de las víctimas perteneció a la población civil.

Más de 200.000 personas murieron y alrededor de 45.000 desaparecieron durante la guerra. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico concluyó que las fuerzas estatales y grupos vinculados con ellas fueron responsables de la mayoría de las violaciones y que el Estado cometió actos de genocidio contra pueblos indígenas.

La documentación no representa únicamente una colección administrativa. Para miles de familias puede contener el único registro oficial sobre una persona desaparecida, una comunidad destruida o una solicitud de reparación presentada décadas después de los hechos.

Los expedientes permiten reconstruir nombres, fechas, lugares, relaciones familiares y patrones de violencia. También pueden contribuir a investigaciones judiciales y a la identificación de víctimas cuyos casos nunca fueron esclarecidos.

El Gobierno de Arévalo intenta recuperar lo abandonado

La preservación forma parte del Plan de Reparación y Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno 2026–2036, impulsado por la administración del presidente Bernardo Arévalo.

El proyecto reúne a la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, el Ministerio de Desarrollo Social, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la UNESCO. Un equipo especializado trabaja en la recuperación y clasificación de los expedientes para crear un registro nacional de víctimas y facilitar el acceso futuro a la documentación.

La iniciativa también contempla la digitalización del archivo y su eventual incorporación al programa Memoria del Mundo de la UNESCO, lo que permitiría darle reconocimiento internacional y fortalecer su protección frente al deterioro, la manipulación o una posible destrucción.

El objetivo del Gobierno es que la información no dependa nuevamente de una sola institución vulnerable a los cambios políticos. La digitalización permitiría conservar copias, ordenar los casos y ampliar el acceso de familiares, investigadores y organizaciones de derechos humanos.

Una lucha condicionada por el calendario político

La urgencia también es política.

El mandato de Bernardo Arévalo finalizará en enero de 2028 y las organizaciones defensoras de derechos humanos temen que una futura administración pueda abandonar el proyecto o reducir los recursos destinados a la memoria histórica.

Durante los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, el Programa Nacional de Resarcimiento perdió capacidad institucional hasta que fue cerrado sin que existiera un plan suficiente para proteger toda la documentación acumulada. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas señaló además un proceso sistemático de debilitamiento de instituciones relacionadas con la paz y la justicia.

El comisionado presidencial de Derechos Humanos, Elvyn Díaz, sostiene que recuperar los archivos es indispensable para impedir que los testimonios de las víctimas desaparezcan junto con las instituciones que los recopilaron.

La preservación se convierte así en una disputa sobre la forma en que Guatemala contará su propia historia: como un periodo cerrado que debe dejarse atrás o como una herida que todavía exige verdad, reparación y responsabilidades.

Un nuevo mecanismo para buscar desaparecidos

El Gobierno también puso en marcha el Mecanismo de Búsqueda Humanitaria de Personas Desaparecidas durante el Conflicto Armado Interno 2026–2036.

La iniciativa pretende reunir la información conservada por instituciones públicas y organizaciones civiles, crear bases de datos coordinadas y facilitar procesos de búsqueda e identificación. Su lanzamiento respondió a una de las principales deudas del Estado con las familias que aún desconocen el destino de sus parientes.

Expertos de Naciones Unidas han pedido además que Guatemala abra los archivos y las instalaciones militares relevantes para la búsqueda de desaparecidos. El acceso a esa información podría permitir establecer rutas de detención, unidades responsables y posibles lugares de entierro que permanecen sin investigar.

La solicitud enfrenta resistencias históricas. Sectores militares y políticos han rechazado durante años la apertura completa de documentos relacionados con operaciones contrainsurgentes, alegando razones de seguridad, inexistencia de registros o cuestionamientos sobre los procesos judiciales.

La mayoría de las víctimas fueron indígenas

El archivo adquiere una importancia especial porque una parte considerable de las víctimas pertenecía a comunidades mayas.

Numerosas poblaciones rurales quedaron atrapadas entre el Ejército y la guerrilla, pero las campañas estatales identificaron comunidades completas como supuestas bases de apoyo insurgente. Esto provocó desplazamientos masivos, destrucción de aldeas y graves violaciones contra población que no participaba directamente en los enfrentamientos.

Las barreras lingüísticas, la pobreza y la distancia respecto de las instituciones estatales dificultaron que muchas familias presentaran denuncias. Por esa razón, los testimonios recopilados por el Programa Nacional de Resarcimiento pueden constituir una de las pocas fuentes disponibles para reconstruir lo ocurrido en determinadas comunidades.

Preservarlos también significa reconocer que la historia oficial fue escrita durante mucho tiempo sin la voz de quienes sufrieron directamente la violencia.

Los archivos también pueden servir a la justicia

Aunque el programa fue creado principalmente para ofrecer atención humanitaria y reparaciones, la información contenida en sus expedientes puede resultar útil en procesos judiciales.

Los testimonios pueden ayudar a identificar patrones, conectar casos ocurridos en distintas regiones y aportar datos para contrastar documentos militares, registros policiales, exhumaciones y declaraciones de testigos.

Guatemala ha llevado a juicio a algunos responsables de violaciones cometidas durante el conflicto, pero numerosos casos permanecen estancados por falta de información, obstáculos institucionales y resistencia de sectores con influencia política.

La preservación documental no garantiza por sí sola nuevas condenas, pero evita que la desaparición física de las pruebas cierre definitivamente la posibilidad de investigar.

Una batalla por la memoria de Guatemala

El rescate de los 60.000 expedientes representa una de las iniciativas más importantes de memoria histórica emprendidas por el Estado guatemalteco durante los últimos años.

Su éxito dependerá de que los documentos sean clasificados, digitalizados y protegidos mediante normas que sobrevivan a los cambios de Gobierno. También requerirá recursos permanentes, personal capacitado y acceso para las víctimas y sus familias.

La tarea no consiste únicamente en salvar papeles dañados por la humedad.

Cada expediente representa una historia individual que estuvo cerca de desaparecer: una persona buscada durante décadas, una familia desplazada o una comunidad que todavía espera ser reconocida por el Estado.

Treinta años después de la firma de la paz, Guatemala continúa enfrentándose a una pregunta fundamental: si está dispuesta a conservar la memoria de lo ocurrido o permitirá que el deterioro, el silencio y la disputa política terminen de borrar a sus víctimas.