El expresidente colombiano acusa a la aerolínea de “discriminación política”, mientras Avianca sostiene que la medida responde exclusivamente al cumplimiento de las regulaciones de la OFAC debido a sus operaciones y vínculos financieros con Estados Unidos.

El expresidente de Colombia Gustavo Petro se sumó públicamente a una campaña que llama a no comprar tiquetes de Avianca, luego de que la aerolínea cancelara dos reservas a su nombre argumentando que su inclusión en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) le impide prestarle determinados servicios.

La controversia comenzó después de que Avianca cancelara los vuelos que Petro había reservado entre Bogotá y Ciudad de México para el 30 de agosto y el 2 de septiembre de 2026.

La compañía informó que devolvió íntegramente el dinero de los boletos y aseguró que la decisión no estuvo relacionada con posiciones políticas, sino con las regulaciones estadounidenses que considera aplicables a sus operaciones internacionales.

Petro rechazó esa explicación y sostuvo que las sanciones de Estados Unidos no deberían impedir que una empresa que no es estadounidense lo transporte.

El exmandatario acusó a Avianca de incurrir en una forma de discriminación política y anunció su adhesión a una campaña que pide a los pasajeros dejar de utilizar la compañía.

“Me hago parte de la campaña de no comprarle a Avianca tiquetes hasta que cambie su posición”, escribió Petro en su cuenta de X.

Avianca defiende su decisión

La aerolínea argumenta que, aunque su estructura corporativa no esté limitada a Estados Unidos, mantiene importantes conexiones con ese país.

Entre ellas señaló sus rutas hacia territorio estadounidense, operaciones comerciales y financieras, transacciones procesadas mediante el sistema bancario de Estados Unidos y el uso de bienes y tecnología de origen estadounidense.

Por estas razones, Avianca considera que determinadas disposiciones administradas por la OFAC sí resultan vinculantes para la compañía.

La empresa afirmó que la cancelación “no responde a consideraciones políticas ni discrecionales”, sino al cumplimiento de obligaciones regulatorias.

Petro cuestiona la interpretación de las sanciones

Petro sostiene una interpretación diferente.

Según el expresidente, las medidas de la OFAC obligan principalmente a ciudadanos y entidades estadounidenses y no significan automáticamente que una compañía extranjera deba impedirle viajar.

También señaló que considera que Avianca tiene una estructura empresarial vinculada al Reino Unido y planteó que el caso debería ser discutido incluso ante instituciones británicas.

Petro adelantó además que considera posible emprender acciones legales contra empresas que se nieguen a prestarle servicios debido a su situación frente a la OFAC.

¿Qué implica estar en la lista de la OFAC?

Gustavo Petro fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 24 de octubre de 2025, cuando todavía ejercía la Presidencia de Colombia.

La medida fue adoptada bajo la Orden Ejecutiva 14059, utilizada por Estados Unidos para imponer sanciones relacionadas con el tráfico internacional de drogas.

La inclusión en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, conocida como lista SDN o popularmente como “Lista Clinton”, significa que los bienes e intereses del sancionado que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados.

Además, las personas y empresas estadounidenses generalmente tienen prohibido realizar transacciones con quienes aparecen en esa lista.

Para compañías extranjeras la situación puede resultar más compleja. Las propias normas de la OFAC establecen que ciertas restricciones también pueden alcanzar operaciones internacionales cuando intervienen entidades estadounidenses, el sistema financiero de ese país u otros elementos sujetos a su jurisdicción.

Precisamente en esa diferencia de interpretación se concentra ahora la disputa: Petro argumenta que las sanciones no justifican que Avianca le niegue el transporte, mientras la aerolínea sostiene que prestar el servicio podría entrar en conflicto con las obligaciones derivadas de su exposición comercial y financiera a Estados Unidos.

El enfrentamiento lleva así las consecuencias de las sanciones estadounidenses contra el exmandatario colombiano a un terreno mucho más cotidiano: su capacidad para contratar servicios de grandes compañías internacionales.