La Administración Trump trasladó a más de cien personas a ocho países africanos en diez días, según información recogida por EFE. Los nuevos envíos reavivan las denuncias sobre falta de información y garantías legales.

Estados Unidos ha ampliado las deportaciones de inmigrantes a países africanos que no son sus lugares de origen. Entre las personas trasladadas figuran ciudadanos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, además de Afganistán, Irán, Nepal y Turquía.

Según informó EFE el 30 de agosto, citando documentos obtenidos por NBC News, tres vuelos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) transportaron a más de cien inmigrantes durante los diez días anteriores. Los destinos fueron Burundi, Camerún, República Centroafricana, Guinea Ecuatorial, Esuatini, Liberia, Ruanda y Sierra Leona.

La práctica, conocida como deportación a terceros países, permite enviar a una persona a un Estado distinto del de su nacionalidad. Su aplicación plantea preguntas sobre las condiciones de recepción, el acceso a abogados y la posibilidad de solicitar protección internacional.

Liberia acepta recibir hasta 1.200 personas

Uno de los acuerdos más recientes corresponde a Liberia. Según un comunicado gubernamental recogido por El País, el país africano aceptó recibir hasta 1.200 deportados durante un año, incluidos nacionales de países africanos y del hemisferio occidental.

Las autoridades liberianas indicaron que algunos podrían solicitar asilo. La Administración estadounidense defiende la legalidad de estos acuerdos, mientras abogados y organizaciones de derechos humanos cuestionan su transparencia y las garantías frente a posteriores devoluciones a lugares donde los afectados podrían sufrir abusos.

Latinoamericanos denuncian traslados sin aviso

Las críticas incluyen testimonios de personas que aseguran haber desconocido su destino hasta ser trasladadas. El 7 de agosto, EFE recogió denuncias de ciudadanos de Honduras, Cuba y Ecuador enviados a República Centroafricana.

El hondureño Brayan Sánchez relató desde Bangui que había sido transportado junto con cuatro cubanos y un ecuatoriano a un lugar desconocido. Los afectados solicitaron ayuda y denunciaron vulneraciones de sus derechos. Sánchez sostuvo, además, que contaba con una orden judicial que impedía su deportación, una afirmación que requiere distinguirse del alcance concreto de esa protección.

Otro caso documentado por EFE es el del cubano Carlos Rodríguez. En una entrevista publicada el 29 de agosto, explicó que terminó en Guinea Ecuatorial junto con otros tres cubanos y un brasileño después de resistirse a desembarcar en Liberia.

Según su testimonio, las autoridades liberianas no aceptaron recibirlos tras el incidente y fueron separados del resto de pasajeros. Su esposa e hija, ciudadanas estadounidenses, buscan asistencia desde Florida.

El destino también importa

La controversia no se limita a la facultad de Estados Unidos para ejecutar una expulsión. También comprende las condiciones en las que se realiza el traslado y la protección disponible después de abandonar territorio estadounidense.

Una orden de deportación, una restricción de retorno al país de origen y una solicitud de asilo son situaciones jurídicas diferentes. Por ello, la legalidad de cada traslado exige examinar el expediente individual y las garantías ofrecidas por el destino.

La ampliación de esta política sitúa esas garantías en el centro del debate: quién recibe a las personas deportadas, bajo qué condición migratoria permanecerán y qué recursos tendrán para evitar una nueva expulsión hacia un lugar donde corran peligro.