Buenos Aires se convirtió esta semana en el centro de una nueva ofensiva internacional contra el narcotráfico. Representantes de alrededor de 110 países participan en la 40.ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas, IDEC, organizada conjuntamente por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, y el Gobierno argentino.

El encuentro, que se desarrolla del 18 al 20 de agosto, reúne a altos responsables de seguridad y organismos antidrogas para coordinar estrategias contra el narcotráfico internacional, el lavado de dinero y las estructuras criminales transnacionales. Entre los objetivos oficiales figuran aumentar el intercambio de inteligencia y mejorar la cooperación operativa entre países.

Pero detrás de la agenda policial existe también una lectura política importante: Argentina está consolidándose como uno de los principales aliados de Estados Unidos en la nueva arquitectura de seguridad que Washington intenta construir en América Latina.

Milei profundiza su alianza con Washington

La elección de Argentina como anfitriona no es casual.

Desde la llegada de Javier Milei al poder, Buenos Aires ha profundizado significativamente sus vínculos políticos, militares y de seguridad con Estados Unidos. Esa relación se ha estrechado todavía más durante la actual administración de Donald Trump.

Durante la apertura, el director de la DEA, Terrance Cole, destacó la cooperación argentina y pidió ampliar la coordinación entre los países participantes para enfrentar organizaciones dedicadas al narcotráfico, lavado de dinero, corrupción y violencia.

El embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, defendió igualmente la necesidad de una acción multinacional contra organizaciones criminales capaces de operar simultáneamente en numerosos países.

Argentina, por su parte, presenta la realización de la conferencia como un reconocimiento internacional a su política de seguridad. El Ministerio de Seguridad, dirigido por Alejandra Monteoliva, considera que organizar el encuentro demuestra la creciente confianza internacional en las capacidades argentinas para enfrentar delitos complejos.

Una cumbre a puertas cerradas

A diferencia de otros grandes encuentros internacionales, buena parte de las discusiones se desarrolla bajo estricta reserva.

La conferencia reúne a cientos de delegados en el Palacio Libertad, muy cerca de la Casa Rosada, pero permanece prácticamente cerrada a la prensa. El hermetismo busca permitir que responsables policiales y de inteligencia intercambien información sensible sobre organizaciones criminales, operaciones, rutas del narcotráfico y mecanismos financieros.

La agenda se concentra principalmente en tres amenazas: narcotráfico, lavado internacional de dinero y narcoterrorismo.

La creciente capacidad de los carteles para operar como organizaciones multinacionales constituye uno de los principales argumentos utilizados por Washington para defender una mayor integración entre agencias de seguridad.

Las organizaciones criminales ya no se limitan a producir y transportar drogas. También administran complejas redes financieras, empresas de fachada, rutas marítimas, estructuras logísticas y sistemas internacionales para lavar miles de millones de dólares.

Frente a ese escenario, Estados Unidos pretende que las investigaciones nacionales sean sustituidas progresivamente por operaciones coordinadas capaces de seguir simultáneamente las drogas, el dinero y los integrantes de las organizaciones a través de diferentes países.

México y Estados Unidos muestran una inesperada cooperación

Uno de los episodios políticamente más significativos de la conferencia ha sido la participación del secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch.

México mantiene importantes diferencias con Washington sobre soberanía e intervención estadounidense, pero en Buenos Aires García Harfuch y el director de la DEA mostraron públicamente una relación de cooperación mucho más estrecha de lo que podría sugerir la tensión diplomática entre ambos gobiernos.

García Harfuch aseguró que el intercambio de inteligencia con la DEA ha aumentado significativamente y destacó que compartir información con rapidez ha permitido realizar operaciones contra objetivos criminales prioritarios.

México también destacó la coordinación entre su Unidad de Inteligencia Financiera y organismos estadounidenses para detectar las redes económicas utilizadas por los grandes carteles.

La participación mexicana resulta relevante porque demuestra que Washington intenta construir una estructura antidrogas capaz de funcionar incluso entre gobiernos que mantienen diferencias políticas profundas.

Argentina enfrenta su propio problema con la cocaína

El protagonismo argentino también coincide con señales preocupantes sobre el crecimiento del narcotráfico en el país.

Desde enero de 2024 hasta mediados de 2026, las fuerzas federales argentinas decomisaron cerca de 15.000 kilos de clorhidrato de cocaína en grandes operaciones, según datos citados por investigaciones financieras sobre narcotráfico.

El volumen promedio de cocaína incautada representa un incremento aproximado del 508 % respecto al período comprendido entre 2020 y 2023.

Los datos sugieren que Argentina está adquiriendo mayor importancia como corredor de tránsito y distribución.

Cerca del 80 % de las cargas analizadas en esos decomisos habría tenido como origen Bolivia, lo que vuelve especialmente importante para Buenos Aires fortalecer la cooperación fronteriza y regional.

El problema no significa necesariamente que el consumo interno argentino haya aumentado en la misma proporción. Parte del fenómeno responde a la utilización del territorio argentino como plataforma logística para trasladar droga hacia otros mercados.

La seguridad también se convierte en geopolítica

La cumbre tiene además una dimensión que supera ampliamente al narcotráfico.

Estados Unidos está impulsando una política de seguridad hemisférica mucho más activa durante el segundo Gobierno de Donald Trump. Argentina es uno de los países latinoamericanos que más abiertamente respalda esa estrategia.

Milei ha respaldado el denominado Escudo de las Américas, una iniciativa encabezada por Washington que pretende ampliar la cooperación regional contra el narcotráfico y otras amenazas transnacionales.

La estrategia estadounidense, sin embargo, también genera cuestionamientos.

Sectores políticos y académicos de América Latina advierten que el combate contra el narcotráfico puede convertirse en una puerta para aumentar la influencia estadounidense sobre las políticas de seguridad nacionales y favorecer una mayor militarización de problemas tradicionalmente administrados por fuerzas policiales y civiles.

En Argentina, la creciente cooperación militar y de seguridad con Washington también ha provocado críticas de sectores opositores que consideran necesario establecer límites claros para preservar la autonomía del país.

Una nueva etapa en la lucha regional contra los carteles

La reunión de Buenos Aires muestra una tendencia difícil de ignorar: la lucha contra las drogas está dejando de plantearse únicamente como una política nacional para convertirse en una estrategia continental de inteligencia, seguridad y persecución financiera.

Los grandes carteles operan simultáneamente en países productores, corredores de tránsito, centros financieros y mercados de consumo. Para enfrentarlos, los gobiernos que participan en la IDEC buscan compartir información prácticamente en tiempo real y coordinar investigaciones que puedan cruzar fronteras.

Argentina aspira a ocupar un lugar central dentro de ese nuevo modelo.

Para Javier Milei, recibir una conferencia con representantes de alrededor de 110 países también fortalece su alianza estratégica con Washington y proyecta al país como uno de los principales socios estadounidenses en materia de seguridad en América Latina.

El desafío será determinar hasta dónde llegará esa cooperación.

Porque detrás del consenso evidente sobre la necesidad de combatir al narcotráfico aparece una discusión política mucho más compleja: cuánta información, autonomía y capacidad operativa están dispuestos a compartir los países latinoamericanos con Estados Unidos para enfrentar a organizaciones criminales que ya no reconocen fronteras.