Costa Rica llega a los primeros 100 días de la administración de Laura Fernández con una agenda activa en seguridad, algunos avances legislativos y un Gobierno que sabe con bastante claridad hacia dónde quiere dirigirse. Pero el periodo también ha estado marcado por errores políticos, una creciente polarización y, sobre todo, por una confrontación con los contrapesos institucionales que comienza a encender alarmas sobre el rumbo de una de las democracias más estables de América Latina.

Laura Fernández asumió la Presidencia de Costa Rica el 8 de mayo de 2026 prometiendo profundizar el proyecto político iniciado cuatro años antes por Rodrigo Chaves.

Cien días después, esa continuidad ya no es simplemente una declaración electoral: es probablemente la característica central de su Gobierno.

Chaves no desapareció después de entregar la banda presidencial. Por el contrario, Fernández lo nombró simultáneamente ministro de la Presidencia y ministro de Hacienda, dos de los puestos con mayor influencia dentro del Ejecutivo.

La fórmula le permite al expresidente intervenir tanto en las relaciones políticas del Gobierno como en el manejo de las finanzas públicas.

Por ello, hablar de un cogobierno Fernández-Chaves no describe una figura jurídica, sino una realidad política cada vez más visible.

Chaves participa regularmente en actos públicos, conferencias de prensa, giras y discusiones que incluso exceden las competencias naturales de sus dos ministerios.

LO BUENO: seguridad en el centro y una agenda definida

El principal mérito de estos primeros cien días probablemente sea haber colocado la crisis de seguridad en el centro de las prioridades del Estado.

Fernández creó la llamada Fuerza Élite, reactivó el Consejo Nacional de Seguridad, estableció reuniones semanales con jerarcas policiales, endureció controles penitenciarios, trasladó nuevamente a la Policía de Control de Drogas hacia aeropuertos y fronteras y presentó paquetes de proyectos de ley relacionados con seguridad.

Puede discutirse la efectividad de algunas de estas medidas, pero existe una diferencia respecto a etapas anteriores: la seguridad ocupa ahora una posición mucho más visible y sistemática dentro de la agenda presidencial.

Sin embargo, aquí es necesario hacer una distinción fundamental: Anunciar medidas no significa que esas medidas ya hayan demostrado ser efectivas.

La creación de la Fuerza Élite, por ejemplo, ha sido presentada como uno de los pilares de la nueva estrategia de seguridad. Pero después de cien días todavía resulta difícil identificar una gran captura o desarticulación criminal que pueda atribuirse directamente a esta estructura y esto resulta especialmente llamativo porque algunos de los golpes más importantes contra el crimen organizado ocurridos durante estos primeros meses han sido ejecutados precisamente por el Organismo de Investigación Judicial, OIJ.

El Operativo Riverside, uno de los mayores despliegues contra una estructura criminal realizados en el país, fue producto de una investigación que llevaba años desarrollándose y que comenzó mucho antes de la llegada de Fernández a la Presidencia.

Algo similar ocurrió con la captura de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, uno de los criminales más buscados de Costa Rica.

Su localización y captura fueron producto del trabajo del OIJ y de las autoridades judiciales, sin que la nueva Fuerza Élite pueda atribuirse el mérito de la operación.

Esto no convierte las medidas de Fernández en inútiles.

Mejorar la coordinación policial, mantener reuniones periódicas de seguimiento y colocar al crimen organizado como una prioridad directa de Casa Presidencial son decisiones razonables, pero todavía es demasiado pronto para afirmar que esa nueva estrategia esté produciendo resultados extraordinarios.

Incluso la reducción de homicidios registrada durante 2026 debe analizarse con cuidado, porque la tendencia descendente comenzó antes del 8 de mayo, cuando Fernández todavía no había asumido la Presidencia.

Existe una paradoja difícil de ignorar: mientras desde Casa Presidencial se acusa constantemente al Poder Judicial de no hacer suficiente contra el crimen, algunos de los mayores golpes contra las estructuras criminales durante estos cien días han sido conseguidos precisamente por el OIJ y el Ministerio Público.

LO MALO: errores, improvisación y demasiados frentes abiertos

La administración Fernández ha cometido en apenas cien días varios errores que han dificultado convertir su enorme victoria electoral en resultados concretos.

El primero es estratégico: el Gobierno parece querer librar demasiadas batallas simultáneamente.

Seguridad, Poder Judicial, Sala Constitucional, Crucitas, jornadas 4-3, reformas fiscales, pensiones, estructura del Estado, política penitenciaria y oposición parlamentaria compiten permanentemente por la atención presidencial.

Una administración con semejante capital político probablemente debería concentrarse en dos o tres grandes transformaciones y utilizar su mayoría para obtener resultados visibles.

En cambio, el Gobierno ha abierto tantos frentes que en ocasiones parece estar permanentemente en campaña.

También existe una tendencia a presentar casi cualquier diferencia política como una obstrucción contra el Ejecutivo.

Pero la realidad legislativa es más compleja.

Durante los primeros meses, numerosas iniciativas fueron aprobadas con amplios consensos, lo que demuestra que no existe simplemente una Asamblea Legislativa dedicada a bloquear todo aquello que provenga de Casa Presidencial.

El gabinete tampoco llegó intacto al día cien.

La salida del ministro de Trabajo, Roy Thompson, se convirtió en la primera baja importante de la administración.

Thompson argumentó que las responsabilidades ministeriales no le permitían atender simultáneamente sus empresas privadas.

Pero precisamente allí aparece el problema.

Aceptar un ministerio implica conocer de antemano el nivel de dedicación que exige el cargo. Su salida tan temprana dejó una imagen de improvisación que difícilmente puede atribuirse a circunstancias imprevisibles.

También existen contradicciones dentro del discurso de seguridad.

Mientras el Ejecutivo responsabiliza repetidamente al Poder Judicial por el avance del crimen organizado, durante estos primeros cien días surgieron investigaciones y sospechas sobre posibles vínculos de miembros de los propios cuerpos policiales del Ejecutivo con organizaciones criminales.

El Gobierno reaccionó aplicando controles y tomando medidas administrativas, algo positivo.

Pero el episodio demuestra que la infiltración del narcotráfico es un problema mucho más complejo que simplemente culpar a jueces y fiscales.

En materia económica también comienzan a aparecer desafíos.

Fernández heredó una economía con indicadores favorables en algunas áreas, pero enfrenta un contexto más complejo en inversión, zonas francas, comercio internacional y generación de empleo.

La administración todavía conserva un considerable capital político.

Lo malo es que corre el riesgo de desperdiciarlo en conflictos secundarios en lugar de utilizarlo para producir las grandes transformaciones que prometió.

LO FEO: el choque contra los contrapesos democráticos

Aquí aparece el aspecto más preocupante de estos primeros cien días.

Costa Rica construyó durante décadas una democracia caracterizada precisamente por la existencia de instituciones capaces de limitar al presidente.

Contraloría, Poder Judicial, Sala Constitucional, Asamblea Legislativa y Tribunal Supremo de Elecciones no fueron diseñados para facilitarle la vida al Gobierno de turno.

Fueron diseñados para impedir que un solo poder pudiera decidirlo todo.

Y el Gobierno Fernández parece mantener una relación particularmente incómoda con esa arquitectura institucional.

La confrontación más grave ha ocurrido con el Poder Judicial.

Fernández ha acusado al sistema judicial de estar infiltrado por el crimen organizado, ha cuestionado abiertamente al fiscal general, ha confrontado a magistrados y ha responsabilizado repetidamente a jueces por la inseguridad.

Criticar al Poder Judicial no es antidemocrático.

Los jueces, fiscales y magistrados deben poder ser cuestionados.

El problema aparece cuando la crítica deja de dirigirse a decisiones concretas y comienza a construir la idea de que un Poder del Estado completo constituye un obstáculo para la voluntad presidencial.

La tensión alcanzó uno de sus puntos más altos en el conflicto relacionado con los magistrados suplentes de la Sala Constitucional.

Ante el riesgo de que el tribunal quedara parcialmente paralizado, la Sala prorrogó temporalmente determinados nombramientos.

La respuesta de Fernández fue calificar la decisión como un “golpe de Estado”.

Utilizar semejante expresión para describir una resolución de la Sala Constitucional representa una escalada extraordinaria dentro de la tradición democrática costarricense.

Posteriormente, la presidenta, Rodrigo Chaves y dirigentes oficialistas impulsaron acciones contra magistrados involucrados en aquella resolución.

Desde sectores del oficialismo incluso se ha planteado públicamente la posibilidad de desconocer determinadas decisiones constitucionales.

Aquí ya no hablamos simplemente de una discusión sobre políticas públicas.

Hablamos de los límites fundamentales del poder.

El Ejecutivo también ha respaldado reformas que alterarían el equilibrio existente dentro del sistema judicial, incluyendo propuestas relacionadas con la designación del fiscal general.

Cada una de estas reformas puede ser discutida individualmente.

El problema surge cuando todas avanzan simultáneamente mientras el Gobierno construye un discurso según el cual jueces, magistrados, fiscales y otras instituciones representan obstáculos para cumplir la voluntad expresada en las urnas.

Pero la democracia funciona precisamente así.

Ganar una elección otorga el derecho a gobernar.

No otorga el derecho a eliminar los controles sobre quien gobierna.

A ello se suma la decisión de declarar como secreto de Estado determinada información relacionada con el Consejo Nacional de Seguridad, incluyendo documentos y aspectos operativos cuya opacidad ha generado cuestionamientos sobre transparencia y control institucional.

La tensión ya trascendió los edificios públicos.

Ciudadanos, organizaciones sociales y dirigentes políticos participaron en manifestaciones convocadas en defensa de la institucionalidad y de la independencia del Poder Judicial.

Costa Rica, un país acostumbrado a presumir de estabilidad institucional, terminó viendo ciudadanos salir a las calles para defender algo que durante décadas parecía indiscutible: la separación de poderes.

El cogobierno de Rodrigo Chaves

Y sobre todos estos conflictos aparece nuevamente la figura de Rodrigo Chaves.

En realidad, decir que gobierna “tras bastidores” resulta incluso insuficiente.

Chaves ocupa formalmente dos ministerios.

Pero su influencia política parece ir mucho más allá de ellos.

Participa en conferencias de prensa, interviene en discusiones sobre seguridad, confronta directamente al Poder Judicial, comenta decisiones ajenas a sus carteras y continúa funcionando como principal referente político del oficialismo.

Fernández, lejos de establecer distancia, reivindica constantemente la continuidad de su proyecto.

Eso plantea inevitablemente una pregunta:

¿Dónde terminó realmente el Gobierno de Rodrigo Chaves y dónde comenzó el Gobierno de Laura Fernández?

Después de cien días todavía resulta difícil encontrar esa frontera.

La continuidad política no tiene nada de irregular.

Un presidente puede perfectamente gobernar siguiendo las políticas de su antecesor.

Lo preocupante sería que Costa Rica hubiera pasado de una sucesión presidencial a una especie de cogobierno en el que el expresidente conserva una influencia extraordinaria sobre prácticamente todas las grandes decisiones nacionales.

Porque entonces Laura Fernández correría el riesgo de convertirse no en la sucesora de Rodrigo Chaves, sino en la presidenta encargada de prolongar su poder.

EL BALANCE

Los primeros cien días de Laura Fernández no pueden calificarse simplemente como un fracaso.

Hay una presidenta con prioridades reconocibles, una importante fuerza legislativa, una estrategia de seguridad más activa y un proyecto político definido.

También existen algunas decisiones razonables y áreas en las que el Gobierno ha mostrado capacidad de reacción.

Pero todavía hay una distancia considerable entre anuncios y resultados.

En seguridad, por ejemplo, Fernández ha colocado correctamente el problema en el centro de la agenda, pero las grandes operaciones contra el crimen organizado durante este periodo siguen teniendo como protagonistas al OIJ y al Ministerio Público.

La nueva Fuerza Élite deberá demostrar con hechos que es algo más que una mesa de coordinación con un nombre poderoso.

El principal problema de esta administración, sin embargo, no está en sus políticas económicas, en sus errores de gabinete ni siquiera en que determinadas medidas de seguridad funcionen o fracasen.

Está en su relación con las instituciones.

El principal riesgo no es que Laura Fernández quiera reformar el Estado.

Las instituciones pueden y deben reformarse cuando funcionan mal.

El problema aparece cuando reformar comienza a confundirse con neutralizar los controles que incomodan al poder.

Una democracia no deja de ser democracia porque un presidente critique a un juez, porque el Congreso reforme instituciones o porque una mayoría electoral quiera cambios profundos.

El peligro comienza cuando los contrapesos dejan de ser vistos como una parte necesaria del sistema y empiezan a presentarse ante la población como enemigos que deben ser derrotados.

Fernández recibió un mandato electoral poderoso.

Pero ninguna victoria electoral convierte al ganador en propietario del Estado.

A cien días de asumir la Presidencia, lo bueno es que Costa Rica tiene un Gobierno con prioridades claras, que ha colocado la seguridad en el centro de la agenda y que todavía dispone de un enorme capital político para impulsar reformas.

Lo malo es que demasiada energía se está consumiendo en polémicas, errores y enfrentamientos que dificultan transformar ese capital político en resultados concretos.

Y lo feo es que el proyecto de Fernández y Chaves parece cada vez más dispuesto a poner a prueba los límites entre gobernar con una mayoría y gobernar sin contrapesos.

Todavía quedan casi cuatro años.

Los próximos meses mostrarán si Laura Fernández utiliza el enorme poder político que recibió para gobernar dentro de las instituciones o si continúa intentando modificar esas instituciones hasta que dejen de representar un obstáculo para su proyecto.

Ese, mucho más que cualquier anuncio realizado durante sus primeros cien días, podría terminar siendo el verdadero balance histórico de su Presidencia.