Daniel Ortega anunció que Nicaragua dejará de celebrar elecciones y adelantó la creación de leyes para impedir que la oposición pueda disputar el poder. La declaración completa la transformación del régimen Ortega-Murillo en un sistema autoritario concebido para perpetuarse indefinidamente.

Daniel Ortega terminó de cerrar la última puerta formal hacia una transición democrática en Nicaragua. Durante la conmemoración del 47.º aniversario de la Revolución Sandinista, el gobernante anunció que en el país no volverán a celebrarse elecciones que permitan a los partidos opositores competir por el Gobierno.

“Aquí no volverá a haber elecciones”, sentenció Ortega durante el discurso pronunciado el 19 de julio. También aseguró que trabajará con la Asamblea Nacional y las instituciones controladas por el oficialismo para levantar un “muro” legal contra las organizaciones políticas que pretendan alcanzar el poder mediante el voto.

Ortega no explicó cómo será eliminada formalmente la celebración de los comicios ni presentó todavía una reforma constitucional o una legislación específica. Sin embargo, la declaración constituye el reconocimiento público de que el régimen ya no pretende conservar siquiera la apariencia de una democracia electoral.

Del autoritarismo electoral a la permanencia indefinida

Durante años, Nicaragua mantuvo elecciones periódicas, pero sin condiciones suficientes para una competencia política abierta. El Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional, el Poder Judicial, la Policía y las Fuerzas Armadas quedaron progresivamente subordinados al Ejecutivo y al Frente Sandinista de Liberación Nacional.

En las elecciones de 2021, Ortega obtuvo un nuevo mandato después de que las autoridades encarcelaran a varios aspirantes presidenciales, dirigentes opositores y representantes empresariales. Numerosos adversarios políticos fueron posteriormente expulsados del país, privados de su nacionalidad o inhabilitados para ejercer cargos públicos.

La diferencia es que Ortega ahora plantea eliminar completamente el proceso electoral como mecanismo para la renovación del poder. El régimen pasaría así de organizar comicios sin competencia efectiva a establecer abiertamente que ninguna alternativa política podrá llegar al Gobierno mediante las urnas.

La decisión convierte la permanencia de Ortega, de Rosario Murillo y de su estructura familiar y partidaria en el principio central del sistema político. Aunque el gobernante no utilizó el término “mandato vitalicio”, la desaparición de las elecciones elimina cualquier límite democrático a la duración de su poder.

Una dictadura familiar protegida por la Constitución

El anuncio no aparece como una medida aislada. En febrero de 2025 entró en vigor una reforma constitucional que convirtió a Rosario Murillo, esposa de Ortega, en copresidenta de Nicaragua, extendió el periodo presidencial a seis años y reforzó el control del Ejecutivo sobre las instituciones legislativas, judiciales, electorales y administrativas.

La nueva estructura también permitió que la pareja gobernante pudiera nombrar vicepresidentes, una disposición interpretada como parte de un sistema destinado a organizar una eventual sucesión dentro del entorno familiar.

Expertos de Naciones Unidas han señalado que Ortega y Murillo construyeron un régimen centralizado y represivo que absorbió los distintos poderes públicos y eliminó las fronteras entre el Estado y el partido gobernante.

La copresidencia Ortega-Murillo ya había convertido constitucionalmente una concentración de poder existente en la práctica en una estructura formal de Gobierno. La supresión de las elecciones representa el paso siguiente: impedir que ese poder pueda ser cuestionado mediante una votación nacional.

El discurso de la revolución convertido en justificación

Ortega presentó la eliminación de las elecciones como una defensa de la Revolución Sandinista frente a partidos que describió como instrumentos de Estados Unidos y herederos políticos del somocismo.

El argumento transforma la pertenencia al proyecto sandinista en una condición para ejercer el poder. Toda fuerza política independiente queda presentada no como una alternativa legítima, sino como una amenaza extranjera que debe ser bloqueada mediante leyes.

La contradicción histórica resulta especialmente profunda. La Revolución Sandinista de 1979 derrocó a la dictadura familiar de Anastasio Somoza, pero el régimen surgido de aquel movimiento termina ahora construyendo otra estructura familiar, concentrada alrededor de Ortega, Murillo y su círculo más cercano.

El propio Ortega perdió las elecciones presidenciales de 1990 ante Violeta Barrios de Chamorro y entregó el Gobierno. Más de tres décadas después, pretende impedir que una derrota semejante pueda volver a producirse.

Nicaragua entra en una nueva etapa política

La declaración afecta directamente los comicios que estaban previstos para 2027, cuando debía concluir el actual periodo presidencial. Sin elecciones, no existiría un procedimiento institucional mediante el cual la ciudadanía pudiera sustituir al Gobierno.

La nueva etapa también modifica cualquier posible negociación internacional. Hasta ahora, una salida a la crisis nicaragüense podía plantearse alrededor de la liberación de presos políticos, el restablecimiento de libertades y la realización de elecciones competitivas. Ortega busca imponer como punto de partida un país donde las elecciones simplemente han dejado de existir.

La comunidad internacional enfrenta ahora un régimen que ya no se limita a manipular las instituciones democráticas, sino que anuncia públicamente su intención de abolirlas.

Las protestas de 2018, respondidas con una represión que dejó más de 300 muertos, iniciaron una acelerada concentración del poder. Desde entonces, el Gobierno ha encarcelado o expulsado opositores, cerrado organizaciones civiles, universidades y medios de comunicación, y retirado la nacionalidad a centenares de críticos.

Con el anuncio de que no habrá nuevas elecciones, Ortega deja de presentar su continuidad como el resultado de una votación. La permanencia del régimen pasa a depender exclusivamente del control institucional, la represión y la sucesión interna.

Nicaragua no ha recibido todavía una ley que declare oficialmente un mandato vitalicio. Pero al eliminar el voto como mecanismo de sustitución del Gobierno, Ortega ha establecido las bases políticas de una dictadura indefinida y potencialmente dinástica, diseñada para sobrevivir incluso después de su salida personal del poder.