La gestión de la catástrofe en Venezuela queda bajo presión internacional tras reportes de trabas a rescatistas, lentitud en la ayuda y una respuesta estatal señalada como insuficiente.

La tragedia provocada por los dos terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio ha entrado en una nueva fase política. Mientras brigadas nacionales e internacionales continúan buscando sobrevivientes entre los escombros, crecen las denuncias contra el gobierno venezolano por presunta inacción, excesiva militarización de la emergencia y obstáculos a las operaciones de rescate y entrega de ayuda humanitaria.

Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, dejaron más de 2.200 fallecidos y más de 11.000 heridos, según balances citados por agencias internacionales. La zona de La Guaira figura entre las más golpeadas, con edificios colapsados, familias enteras desplazadas y equipos de rescate trabajando bajo condiciones extremas, entre réplicas, lluvias y estructuras inestables.

El caso de Hernán Alberto Gil Flores, un vigilante rescatado con vida después de ocho días atrapado en el sótano de un centro comercial en Catia La Mar, se convirtió en símbolo de esperanza y también en evidencia de la importancia de la cooperación internacional. En esa operación participaron equipos de Chile, Estados Unidos, Portugal, México, Costa Rica, El Salvador y Venezuela, según Associated Press.

Sin embargo, detrás de los rescates exitosos se acumulan señalamientos graves. Medios regionales han reportado denuncias de rescatistas y personas desplegadas en las zonas afectadas que acusan a las autoridades locales de imponer trabas a las labores de búsqueda y asistencia. Emol, citando agencias, informó que los trabajos de rescate se habrían visto entorpecidos por obstáculos atribuidos a autoridades venezolanas.

La crítica no se limita a la oposición política. También han surgido reclamos ciudadanos por la lentitud en la llegada de ayuda, en un contexto de caos operativo, colapso de infraestructura y desconfianza hacia las instituciones. RTVE Verifica señaló que la comunidad internacional se movilizó para enviar equipos y suministros, pero que la indignación social aumentó por la percepción de lentitud en la respuesta.

Reuters reportó que la respuesta al desastre ha sido en buena medida impulsada por civiles y voluntarios, en medio de escasez de maquinaria pesada y limitaciones de acceso impuestas por el aparato estatal. La agencia también recogió críticas por una reacción oficial considerada tardía y militarizada.

El gobierno venezolano, por su parte, ha intentado proyectar una imagen de coordinación y cooperación. La presidenta encargada Delcy Rodríguez celebró públicamente el rescate de Hernán Gil Flores y agradeció el apoyo de brigadas internacionales, mientras el país recibía equipos y ayuda de distintos gobiernos y organismos multilaterales.

La Unión Europea informó el 29 de junio el envío de asistencia de emergencia y la organización de un vuelo humanitario hacia Venezuela. Días antes, la Comisión Europea había activado apoyo mediante su mecanismo de protección civil, con participación de varios Estados miembros.

El problema político central es que la emergencia ocurre en un país marcado por años de deterioro institucional, crisis económica y profunda polarización. En ese contexto, cada retraso, permiso, retén o procedimiento burocrático es interpretado por sectores críticos como una señal de control político sobre la ayuda, más que como una simple medida de coordinación estatal.

La Plataforma Unitaria Democrática y voces opositoras han denunciado incapacidad del Estado para enfrentar la emergencia, atribuyendo la magnitud del desastre no solo al impacto natural de los terremotos, sino al debilitamiento acumulado de los servicios públicos, la infraestructura hospitalaria y la capacidad de protección civil.

Las denuncias aún requieren documentación independiente caso por caso. No obstante, el patrón descrito por rescatistas, ciudadanos y medios internacionales plantea una pregunta inevitable: en una catástrofe de esta magnitud, ¿el gobierno venezolano está facilitando plenamente la ayuda o está subordinando la respuesta humanitaria al control político del territorio?

La respuesta a esa pregunta será clave para medir no solo la gestión inmediata de la tragedia, sino también el costo político de un desastre que expuso, con crudeza, las debilidades estructurales del Estado venezolano.

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