Haití vuelve a quedar atrapado en el centro de una crisis institucional sin salida clara. El país caribeño permanece sin presidente electo desde el asesinato de Jovenel Moïse en julio de 2021, no celebra elecciones nacionales desde 2016 y, desde el 7 de febrero de 2026, también venció el mandato del Consejo Presidencial de Transición, el órgano creado para conducir al país hacia un nuevo proceso electoral.

La situación no es solo política. Es también territorial, humanitaria y de seguridad. La Organización de Estados Americanos advirtió antes del vencimiento de febrero que Haití atravesaba un “momento de profunda incertidumbre” y que la restauración de la seguridad era indispensable para organizar elecciones nacionales libres y creíbles. La misma declaración señaló que amplias zonas del país viven bajo inseguridad, falta de servicios básicos y condiciones extremas.

Un país sin presidente electo y sin calendario confiable

La frase “Haití no tiene presidente desde 2021” necesita una precisión importante: el país no tiene presidente electo constitucionalmente desde el asesinato de Jovenel Moïse. Tras ese crimen, Haití entró en una transición encabezada primero por el primer ministro Ariel Henry y luego, desde abril de 2024, por un Consejo Presidencial de Transición creado para llenar parcialmente el vacío ejecutivo y preparar el retorno al orden democrático.

Ese consejo tenía una fecha límite: 7 de febrero de 2026. La OEA recordó en enero que el mandato del Consejo Presidencial de Transición concluía ese día conforme al acuerdo político del 3 de abril de 2024, y pidió que cualquier nuevo arreglo político fuera temporal, definido con claridad y orientado a restaurar la seguridad y organizar elecciones.

El problema es que febrero llegó sin que Haití hubiera logrado las condiciones mínimas para una elección nacional. CARICOM confirmó después del vencimiento que el Consejo Presidencial de Transición “se retiró” al concluir su mandato y que el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, junto con el Consejo de Ministros, asumió la responsabilidad del gobierno. La organización caribeña presentó esa etapa como un periodo interino corto, centrado en mejorar la seguridad, preparar elecciones y atender la recuperación social y económica.

La transición venció, pero la crisis siguió

La salida del Consejo Presidencial de Transición no resolvió el vacío de legitimidad. Al contrario, dejó a Haití bajo una autoridad ejecutiva interina sin respaldo electoral directo, en un contexto donde la seguridad se ha convertido en la condición previa para cualquier proceso democrático.

Francia, en una comunicación oficial del 9 de febrero, también tomó nota del fin del mandato del Consejo Presidencial de Transición y reconoció la transferencia del poder ejecutivo al gabinete dirigido por el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé. Al mismo tiempo, pidió avanzar hacia el retorno al orden constitucional y democrático mediante elecciones libres e inclusivas.

La dificultad central es evidente: no basta con convocar elecciones si el Estado no puede garantizar centros de votación, movilidad ciudadana, seguridad de candidatos, distribución de material electoral y confianza mínima en los resultados. En octubre de 2025, Reuters reportó que el propio jefe del consejo electoral haitiano reconocía que las elecciones generales no podrían celebrarse antes del fin del mandato interino de febrero de 2026 por la inseguridad generada por las pandillas.

Seguridad: el verdadero candado de las elecciones

La crisis haitiana ya no puede entenderse como una simple disputa entre élites políticas. Naciones Unidas ha descrito una transición frágil desde 2021, un deterioro de la autoridad estatal y una expansión de grupos armados que atacan infraestructura estratégica, hospitales, escuelas y rutas comerciales. El informe de la ONU de febrero de 2026 señaló que Puerto Príncipe estaba en gran medida aislada, con vuelos comerciales suspendidos hacia y desde el principal aeropuerto y con grupos armados controlando rutas clave de entrada y salida de la capital.

Esa realidad convierte la elección en una tarea casi imposible. La OEA fue directa al señalar que la estabilización de la seguridad es esencial para organizar elecciones nacionales, entregar asistencia humanitaria y reconstruir las estructuras económicas y sociales del país.

En junio de 2026, el secretario general de la ONU, António Guterres, visitó Puerto Príncipe en medio de un nuevo esfuerzo internacional de seguridad. Según AP, la visita ocurrió mientras la violencia había dejado más de 2,300 muertos en 2026, alrededor de 1.5 millones de desplazados y más del 70% de la capital bajo influencia de bandas criminales.

Hambre, desplazamiento y colapso social

La crisis institucional tiene un efecto directo sobre la población. La Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases, conocida como IPC, informó que casi 5.7 millones de personas enfrentaban altos niveles de inseguridad alimentaria aguda en Haití, más de la mitad de la población. Para el periodo marzo-junio de 2026, la proyección subía a 5.91 millones de personas, equivalente al 53% del país.

El mismo análisis de IPC indicó que aproximadamente 1.3 millones de personas estaban desplazadas internamente, un aumento del 24% respecto a diciembre de 2024. La combinación de violencia, colapso económico, pérdida de empleos, cierre de negocios y abandono de fuentes de ingreso ha debilitado aún más la capacidad de las familias para sobrevivir sin asistencia.

Este deterioro explica por qué el caso haitiano ya no se limita a una crisis de sucesión presidencial. Haití enfrenta simultáneamente una crisis de legitimidad, una crisis de seguridad, una crisis humanitaria y una crisis de gobernabilidad territorial.

El dilema internacional

La comunidad internacional enfrenta una disyuntiva delicada. Por un lado, presiona para que Haití vuelva a un orden constitucional mediante elecciones. Por otro, reconoce que unas elecciones bajo control territorial fragmentado podrían carecer de legitimidad o incluso agravar la inestabilidad.

CARICOM insiste en que cualquier solución debe ser dirigida y apropiada por los propios haitianos, con diálogo amplio e inclusión de actores sociales. Esa posición busca evitar que la transición sea percibida como una imposición externa, un punto especialmente sensible en un país marcado por largas décadas de intervenciones fallidas y dependencia institucional.

La OEA, por su parte, ha planteado una hoja de ruta con pilares de seguridad, gobernanza, legitimidad electoral y respuesta humanitaria. Entre sus objetivos está apoyar al Consejo Electoral Provisional y a la Oficina Nacional de Identificación para garantizar elecciones libres, justas y transparentes.

Haití está ante una transición sin transición

Haití debía llegar a febrero de 2026 con una ruta electoral más clara. En cambio, llegó con un Consejo Presidencial de Transición vencido, un primer ministro interino al frente del gobierno, una capital parcialmente dominada por grupos armados y millones de ciudadanos atrapados entre hambre, desplazamiento e inseguridad.

El país no solo carece de presidente electo desde 2021. Carece también de las condiciones básicas para que el voto pueda reconstruir la legitimidad del Estado. La pregunta ya no es únicamente cuándo habrá elecciones, sino si Haití podrá recuperar primero el mínimo de seguridad, autoridad territorial y confianza institucional necesario para que esas elecciones signifiquen algo real.

Mientras eso no ocurra, el proceso político haitiano seguirá detenido en una paradoja peligrosa: necesita elecciones para salir de la transición, pero necesita seguridad para poder hacer elecciones.