Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda prometen rumbos económicos muy distintos para Colombia, pero el próximo presidente encontrará un margen limitado por la deuda pública, el déficit, un Congreso fragmentado y la necesidad urgente de recuperar la confianza inversionista.

Colombia entra en la recta final de su segunda vuelta presidencial con una discusión que va más allá del choque ideológico entre derecha e izquierda. Aunque Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda representan proyectos políticos y económicos profundamente distintos, ambos enfrentarán una realidad difícil de esquivar: el próximo gobierno recibirá un país con presión fiscal, deuda elevada y poco espacio para prometer sin ajustar.

La segunda vuelta se celebrará el 21 de junio, cuando los colombianos deberán escoger la fórmula presidencial para el periodo constitucional 2026-2030, según la Registraduría Nacional. El organismo electoral recordó además que los votantes deberán marcar una sola opción en la tarjeta, pues más de una marca anularía el voto.

La disputa llega marcada por dos visiones opuestas. De La Espriella, abogado de derecha y figura ajena a la política tradicional electoral, propone reducir el tamaño del Estado, bajar impuestos corporativos, ampliar la base tributaria, recuperar la exploración petrolera y permitir el fracking para elevar la producción de crudo. Cepeda, senador de izquierda y aliado del proyecto político de Gustavo Petro, plantea profundizar las reformas sociales, aumentar impuestos a los sectores de mayores ingresos y mantener restricciones a nuevas exploraciones de petróleo y carbón, aunque se ha mostrado abierto a proyectos de gas y minería.

Pero el centro del problema está en las cuentas públicas. Analistas, inversionistas y calificadoras advierten que quien gane tendrá poco margen para aplicar su programa sin enfrentar el tamaño del déficit, la debilidad de los ingresos fiscales y una deuda pública cercana al 60% del PIB. Reuters cita al Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que estima que Colombia necesitaría recortar 5.600 millones de dólares en 2027 y alrededor de 20.000 millones de dólares durante el próximo periodo presidencial para evitar que la deuda entre en una trayectoria más riesgosa.

Ese escenario convierte la campaña en una competencia entre promesas y restricciones. Para De La Espriella, el reto sería demostrar que puede bajar impuestos y reducir el Estado sin agravar el hueco fiscal. Para Cepeda, el desafío sería financiar una expansión social sin elevar demasiado la carga sobre la inversión privada ni repetir los bloqueos legislativos que enfrentó el gobierno de Petro.

Los mercados han dado señales claras de preferencia. Tras la primera vuelta, los activos colombianos reaccionaron positivamente al buen desempeño de De La Espriella: el peso se fortaleció, la bolsa subió y las acciones de Ecopetrol repuntaron en Nueva York. Sin embargo, los propios analistas advierten que una eventual victoria del candidato de derecha no resolvería automáticamente el problema fiscal, especialmente porque su movimiento tendría poca representación directa en un Congreso fragmentado.

Esa fragmentación será clave. Colombia no solo elegirá presidente; también medirá la gobernabilidad del próximo mandato. Si el ganador no logra construir mayorías, cualquier reforma tributaria, recorte de gasto o cambio en la política petrolera podría quedar atrapado en negociaciones largas, desgaste político y resistencia social.

La discusión económica se cruza además con la seguridad, otro eje central de la campaña. De La Espriella ha prometido una política de mano dura, con megacárceles, ofensiva contra grupos armados y cierre de la puerta a nuevas negociaciones. Cepeda, en cambio, defiende una visión de seguridad humana, implementación integral del acuerdo de paz y políticas preventivas en territorios vulnerables.

Esa diferencia también tiene impacto económico. La inversión privada depende de reglas claras, estabilidad fiscal y seguridad territorial. Colombia enfrenta zonas golpeadas por economías ilegales, extorsión y presencia de grupos armados, factores que limitan el crecimiento productivo y dificultan llevar capital a regiones fuera de los grandes centros urbanos.

La segunda vuelta, por tanto, no solo decidirá entre continuidad o ruptura frente al legado de Petro. También pondrá a prueba si Colombia puede recuperar confianza sin sacrificar estabilidad social, ordenar sus finanzas sin paralizar la economía y atraer inversión sin abandonar las demandas de una población que sigue exigiendo empleo, seguridad y servicios públicos.

Gane quien gane, el próximo presidente tendrá una tarea menos vistosa que los discursos de campaña, pero mucho más urgente: cuadrar las cuentas de un Estado presionado, en un país políticamente dividido y con una economía que necesita volver a crecer con bases más sólidas.