La crisis política y social en Bolivia entró en una nueva fase este fin de semana luego de que el Senado aprobara avanzar con la abrogación de la Ley 1341, normativa que actualmente regula y limita la aplicación de los estados de excepción en el país. La medida abre la puerta para que el Ejecutivo tenga mayores facultades frente a las protestas, bloqueos y disturbios que afectan distintas regiones bolivianas.

La decisión legislativa ocurre en un contexto de creciente conflictividad social, marcado por movilizaciones de sectores sindicales, campesinos e indígenas que mantienen bloqueos de carreteras y protestas en ciudades clave como La Paz y Cochabamba. El Gobierno del presidente Rodrigo Paz sostiene que parte de las movilizaciones responde a una estrategia de desestabilización impulsada por el expresidente Evo Morales, quien continúa enfrentado políticamente con la actual administración.

Senado elimina restricciones para estados de excepción

La Cámara de Senadores aprobó el proyecto que elimina la Ley 1341, promulgada en 2020, la cual establecía controles legislativos y límites temporales para la declaración de estados de excepción. Los impulsores de la iniciativa argumentan que la normativa dificultaba una respuesta rápida ante escenarios de crisis nacional.

El presidente del Senado, Diego Ávila Navaja, defendió la medida señalando que el país necesita herramientas legales más ágiles para restablecer el orden público. El proyecto ahora deberá pasar a la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo.

Analistas consideran que, de aprobarse de forma definitiva, el Ejecutivo podría ampliar el despliegue de fuerzas de seguridad y aplicar medidas extraordinarias con menos restricciones institucionales.

Evo Morales y la fractura política en Bolivia

La figura de Evo Morales vuelve a ocupar el centro de la crisis boliviana. El Gobierno acusa al exmandatario y a sectores afines de promover bloqueos y rechazar cualquier salida negociada mientras persistan órdenes judiciales contra dirigentes sindicales cercanos al “evismo”.

La Central Obrera Boliviana (COB), alineada parcialmente con sectores críticos al Gobierno, condicionó cualquier diálogo a la anulación de órdenes de captura contra sus líderes sindicales. Esto ha complicado los intentos de mediación y mantiene paralizado el acercamiento entre el Ejecutivo y los movimientos sociales.

Mientras tanto, los bloqueos han comenzado a provocar problemas de abastecimiento de combustible, alimentos y medicinas en varias ciudades del país, aumentando la presión sobre el Gobierno y generando preocupación internacional.

Crece la tensión social y política

Las protestas se producen en medio de una compleja situación económica, con señales de desaceleración y fuerte polarización política tras las elecciones presidenciales. La Organización de Estados Americanos (OEA) y diversos actores internacionales han pedido diálogo y respeto al orden democrático.

En las calles, sin embargo, el escenario sigue siendo incierto. Sectores opositores consideran que la flexibilización de las normas sobre estados de excepción podría derivar en un endurecimiento de la respuesta estatal, mientras el oficialismo sostiene que la prioridad es garantizar la estabilidad institucional y evitar el colapso del país frente a los bloqueos.

La aprobación definitiva de la norma podría marcar uno de los momentos más delicados de la política boliviana en los últimos años, en un contexto donde las divisiones internas del movimiento político ligado a Evo Morales continúan redefiniendo el equilibrio de poder en Bolivia.