La presidenta Keiko Fujimori toma al mandatario salvadoreño como referencia para endurecer la política de seguridad peruana. El Gobierno promete mayor respaldo a la Policía, inteligencia contra las organizaciones criminales y una participación más activa de las Fuerzas Armadas.

La estrategia de seguridad de Nayib Bukele continúa expandiendo su influencia política por América Latina. Esta vez es Perú el país que vuelve la mirada hacia El Salvador.

La presidenta Keiko Fujimori anunció que su Gobierno aplicará una política de mayor firmeza frente a la delincuencia y reconoció al mandatario salvadoreño como una referencia para la estrategia que pretende desarrollar durante su recién iniciado Gobierno.

Fujimori realizó el anuncio durante una transmisión en sus redes sociales, en la que aseguró que su administración buscará recuperar el orden y respaldará a los integrantes de la Policía Nacional que participan en operaciones contra sicarios y organizaciones criminales. También aseguró que ese respaldo deberá producirse dentro del marco de la ley.

El mensaje refuerza una de las principales promesas con las que Fujimori llegó al poder: convertir la seguridad ciudadana en una de las prioridades centrales de su Gobierno.

Inteligencia, Policía y Fuerzas Armadas

La estrategia peruana no se limitará al incremento de los operativos policiales.

Fujimori adelantó que el trabajo de inteligencia tendrá un papel importante en la persecución de organizaciones criminales y que su Gobierno trabaja además en mejorar las condiciones de las comisarías del país.

La política anunciada se suma a decisiones presentadas desde su toma de posesión el pasado 28 de julio, cuando anunció una mayor participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la criminalidad.

El Ejecutivo también pretende impulsar reformas que permitirían ampliar el papel de los militares en el sistema penitenciario, incluso mediante su participación en la dirección y gestión de las cárceles.

La combinación de policías, inteligencia, control penitenciario y participación militar acerca el discurso de seguridad peruano a una tendencia que se ha extendido por varios países latinoamericanos.

Bukele se convierte en referencia regional

El Salvador representa probablemente el ejemplo más conocido.

Desde 2022, el Gobierno de Nayib Bukele mantiene un régimen de excepción y ha desplegado masivamente a policías y militares contra las pandillas. Las autoridades salvadoreñas atribuyen a esa estrategia la reducción drástica de la capacidad territorial de las maras y la transformación de la situación de seguridad del país.

El éxito político del modelo ha provocado que candidatos y gobiernos de distintos países latinoamericanos comiencen a utilizar a Bukele como referencia.

Fujimori ya había colocado la seguridad en el centro de su campaña presidencial, mientras sectores políticos peruanos habían planteado anteriormente la posibilidad de construir cárceles inspiradas en las políticas penitenciarias salvadoreñas.

Ahora la referencia deja de pertenecer exclusivamente a la campaña electoral y comienza a trasladarse al Gobierno.

Perú no enfrenta exactamente el mismo problema que El Salvador

Sin embargo, trasladar el denominado “modelo Bukele” de un país a otro no resulta sencillo.

El Salvador enfrentó durante décadas principalmente estructuras pandilleras con fuerte control territorial. Perú presenta una criminalidad más diversa, en la que confluyen extorsión, sicariato, narcotráfico, minería ilegal y organizaciones transnacionales.

Esto significa que copiar literalmente la estrategia salvadoreña podría resultar insuficiente.

La propia administración de Fujimori parece estar planteando hasta ahora una adaptación antes que una réplica exacta: más inteligencia, fortalecimiento policial, reformas penitenciarias y presencia militar en determinadas zonas.

El debate sobre los derechos humanos

El modelo salvadoreño también tiene una dimensión profundamente controvertida.

Organizaciones nacionales e internacionales han denunciado detenciones arbitrarias, vulneraciones al debido proceso y abusos cometidos durante el prolongado régimen de excepción salvadoreño.

En Perú, la participación militar en tareas de seguridad despierta además especial sensibilidad por los antecedentes del conflicto interno y por episodios más recientes de violencia estatal.

Expertos y organizaciones de derechos humanos sostienen que combatir el crimen organizado requiere no solamente despliegue policial o militar, sino también investigación financiera, fiscales especializados, inteligencia criminal, control penitenciario y fortalecimiento institucional.

Fujimori parece consciente de esa discusión y ha enfatizado que el respaldo gubernamental a las fuerzas de seguridad deberá mantenerse dentro del marco legal.

El primer gran examen del Gobierno Fujimori

La seguridad puede convertirse rápidamente en una de las principales pruebas de la nueva presidenta peruana.

Fujimori recibió un país golpeado por la expansión de las extorsiones, el sicariato y el crimen organizado, y convirtió la recuperación del orden en uno de los ejes principales de su llegada al poder.

Su referencia pública a Bukele tiene por ello un enorme significado político.

No significa todavía que Perú vaya a reproducir exactamente el régimen de excepción salvadoreño, pero sí confirma que el modelo construido por el mandatario centroamericano continúa ejerciendo una fuerte influencia sobre los gobiernos latinoamericanos que enfrentan crisis de seguridad.

Perú será ahora otro laboratorio para responder una pregunta que empieza a recorrer la región:

¿Es posible obtener los resultados de seguridad asociados al modelo Bukele sin reproducir también sus cuestionamientos institucionales y de derechos humanos?