Costa Rica, que durante décadas presentada como una de las democracias más estables de América Latina, enfrenta un nuevo foco de tensión institucional. La presidenta Laura Fernández generó un fuerte choque contra el Poder Judicial costarricense al acusar a este de estar filtrado por el crimen organizado y al narcotráfico, una afirmación que provocó una respuesta directa de la Corte Plena, que le pidió a la mandataria presentar pruebas y denuncias y reabrió el debate sobre seguridad, independencia judicial y equilibrio de poderes en el país centroamericano.

El choque se produjo después de que Fernández afirmara, en una conferencia de prensa de Presidencia, que el crimen organizado y el narcotráfico “se están filtrando” en el Poder Judicial y que el fenómeno se estaría metiendo “hasta en los tuétanos” de la institución. La mandataria vinculó sus señalamientos, evitando mencionar nombres del poder judicial, con casos recientes que han golpeado la credibilidad del sistema judicial costarricense, incluido el del exmagistrado Celso Gamboa.

La Corte Plena respondió rechazando las declaraciones de la presidenta y la llamó a presentar denuncias formales si cuenta con información concreta sobre una presunta infiltración criminal. El mensaje de los magistrados fue claro: las acusaciones generales contra el Poder Judicial, sin pruebas judicializadas, pueden erosionar la confianza pública en la administración de justicia y afectar la institucionalidad democrática.

El Poder Judicial también defendió sus mecanismos internos de control y reiteró su política de cero tolerancia frente a la corrupción. La Corte sostuvo que, cuando se han detectado irregularidades dentro de la institución, estas han sido investigadas y sancionadas por los órganos correspondientes.

El episodio trasciende la política interna costarricense. En Centroamérica, la lucha contra el crimen organizado se ha convertido en un eje de legitimidad para gobiernos que buscan ampliar herramientas policiales, endurecer penas o reformar instituciones. El caso de Costa Rica resulta especialmente sensible porque el país ha construido buena parte de su prestigio internacional sobre la estabilidad democrática, la separación de poderes y la confianza en sus instituciones.

Fernández asumió la Presidencia el 8 de mayo de 2026, en medio de una ola de homicidios sin precedentes en el país Centroamérica, heredada por su ahora ministro de hacienda y expresidente Rodrigo Chaves, con una agenda de mano dura contra el crimen y con la promesa de impulsar reformas en seguridad y justicia. Su llegada al poder también consolidó la continuidad del proyecto político de Rodrigo Chaves, quien permanece como una figura central del nuevo gobierno.

La presión no surge en el vacío. Costa Rica atraviesa una crisis de seguridad vinculada al narcotráfico, con una violencia que ha deteriorado la percepción de seguridad en un país tradicionalmente ajeno a los niveles de criminalidad de otros vecinos de la región. Reportes internacionales han señalado que el país debate entre preservar su modelo institucional histórico o avanzar hacia esquemas de seguridad más duros, inspirados en experiencias como la salvadoreña.

En ese contexto, las palabras de Fernández tienen doble lectura. Para sus defensores, representan una advertencia política frente a la capacidad del narcotráfico de penetrar instituciones estatales. Para sus críticos, abren un frente peligroso contra el Poder Judicial si el Ejecutivo no acompaña sus señalamientos con pruebas, denuncias y procesos formales, mientras se señalan al gobierno de Fernández actos cuestionables en materia de seguridad del anterior gobierno del que ella se presenta como «continuidad».

El punto de fondo no es solo si existen o no redes criminales intentando capturar espacios del sistema judicial. Esa amenaza es real en buena parte de América Latina. El problema político es cómo responde una democracia ante esa presión: fortaleciendo controles institucionales y procesos judiciales, o usando la crisis de seguridad como argumento para debilitar contrapesos.

La Corte, al exigir denuncias concretas, busca trasladar el debate del terreno discursivo al terreno institucional. Fernández, en cambio, parece apostar por mantener la presión pública sobre una estructura judicial que su gobierno considera insuficiente frente al avance del crimen organizado.

Costa Rica entra así en una zona de tensión conocida en la región: cuando la seguridad se convierte en la principal demanda ciudadana, los gobiernos tienden a ganar margen político para confrontar instituciones, acelerar reformas y presentar a los contrapesos como obstáculos. Para una democracia que ha sido referencia regional, el desenlace de este pulso será observado más allá de sus fronteras.