En Texas, donde el aborto ya enfrenta las restricciones más duras de Estados Unidos, los legisladores republicanos han puesto en marcha un nuevo arsenal de propuestas de ley destinadas a cerrar las pocas rendijas que aún permiten a las mujeres interrumpir un embarazo.

Texas, EEUU / Desde que el Tribunal Supremo eliminara en 2022 la protección federal al aborto con la sentencia Dobbs, los procedimientos en el estado se han desplomado de 4.400 al mes a un promedio de cinco. Pero para el partido que controla las riendas del poder en Austin, estas cifras no bastan: su objetivo ahora son las píldoras abortivas y quienes las facilitan, dentro y fuera de las fronteras estatales.

El pasado 27 de marzo, la legislatura texana comenzó a debatir una serie de proyectos que buscan asfixiar el acceso a la mifepristona y el misoprostol, los medicamentos más usados para abortar. Entre ellos destaca la SB2880, conocida como “Ley de Protección de la Mujer y el Niño”, impulsada por el senador Bryan Hughes y el representante Jeff Leach. Esta norma no solo permitiría a ciudadanos demandar a quienes envíen estas píldoras por correo, sino que impondría penas de hasta cadena perpetua a quienes financien abortos, incluso si se realizan fuera de Texas. Además, apunta a empresas tecnológicas que operen plataformas de venta online, exigiendo que cesen dichas actividades en el estado.

“Estamos protegiendo la vida desde la concepción”, afirmó Hughes durante la sesión inaugural del debate. Sin embargo, analistas invitados al legislativo advirtieron que la ley podría chocar con derechos constitucionales como la libertad de movimiento y el comercio entre estados, pron circulan críticas que podrían derivar en largos pleitos judiciales. Mientras tanto, el temor a sanciones severas probablemente disuadirá a muchos de desafiar la norma si se aprueba.

El cerco no termina ahí. Otras propuestas exigen que un médico esté físicamente en Texas para recetar píldoras abortivas, clasifican estos fármacos como sustancias controladas –similar a narcóticos ilegales– y prohíben financiar viajes a estados donde el aborto sea legal. Esta última medida responde a iniciativas como las de Austin y San Antonio, que en 2024 destinaron fondos públicos para ayudar a mujeres a salir del estado, enfrentándose a demandas del fiscal general Ken Paxton que aún no se resuelven.

El endurecimiento legislativo llega tras el arresto, el 17 de marzo, de la partera María Margarita Rojas y dos de sus empleados, los primeros casos de este tipo en la era post-Dobbs. Rojas, acusada de asistir abortos, simboliza el nuevo frente de batalla: las redes informales que han surgido para esquivar la prohibición, enviando píldoras o coordinando viajes. A nivel nacional, los abortos han aumentado desde 2022, lo que sugiere que las restricciones no han detenido a todas las mujeres decididas a ejercer esta opción.

Entre las propuestas hay un destello de consenso bipartidista. La SB31, o “Ley de la Vida de la Madre”, busca aclarar las excepciones médicas a la prohibición actual, permitiendo abortos si una mujer enfrenta riesgos graves, como la pérdida de fertilidad, y eliminando la vaga redacción que ha sido culpada por casos de sepsis y muertes maternas evitables. “Es un avance, pero no suficiente”, dijo la representante demócrata Donna Howard. “Las mujeres texanas merecen recuperar sus derechos reproductivos, no solo parches ante una crisis de salud”.

Mientras, normas adicionales facilitarían que médicos y farmacéuticos se nieguen a proveer anticonceptivos o medicamentos abortivos por “objeción de conciencia”, ampliando las grietas de un sistema ya restrictivo. Con el respaldo de líderes como el vicegobernador Dan Patrick, las leyes parecen encaminadas a aprobarse, pero su impacto real podría medirse en tribunales y en las vidas de las mujeres que, ante la falta de opciones, enfrentan decisiones cada vez más desesperadas.