San José Costa Rica | El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, acudirá este viernes 22 de agosto a las 8:00 a.m. a la Asamblea Legislativa, donde deberá exponer su postura frente a las acusaciones que pesan en su contra por el presunto delito de concusión y por el supuesto manejo irregular de fondos públicos.

La cita fue convocada por la comisión legislativa encargada de analizar la solicitud de la Corte Plena, que a finales de julio resolvió trasladar el expediente al Congreso. La decisión judicial abrió la puerta a un proceso político y jurídico sin precedentes recientes: determinar si se levanta la inmunidad presidencial para que Chaves pueda ser juzgado en tribunales ordinarios.

La defensa del presidente

En conferencia de prensa, Chaves aseguró que asistirá personalmente y no delegará la representación en sus abogados: “Yo podría esconderme, podría decirles ‘mando mi abogado’, pero no me les voy a esconder ni arrugar”, declaró. El mandatario ha insistido en que se trata de una acusación con motivaciones políticas y ha señalado que se defenderá con argumentos frente a los legisladores.

Los cargos en discusión

Las denuncias señalan que desde el Poder Ejecutivo se habrían ejercido presiones indebidas para obtener beneficios económicos y que se habrían manejado recursos públicos de manera irregular. En el caso de la concusión, el artículo 346 del Código Penal establece una pena de dos a ocho años de prisión para el funcionario que abuse de su cargo exigiendo o recibiendo ventajas indebidas.

A ello se suma la preocupación de sectores políticos y sociales por la presunta utilización de fondos estatales sin los debidos controles, lo que agrava el panorama para el presidente.

El camino en la Asamblea

Tras la comparecencia, la comisión deberá rendir un informe al plenario legislativo, donde los 57 diputados votarán si procede levantar la inmunidad. Solo entonces la Fiscalía podría avanzar hacia una acusación formal y eventual juicio penal.

De prosperar la solicitud, el país viviría un hecho inédito en su historia democrática: un presidente en funciones sometido a la posibilidad de enfrentar una condena que oscila entre dos y ocho años de prisión, con las consecuencias políticas y legales que ello implica.